Luis Suárez de Lezo, director general de Repsol hasta diciembre de 2019 y actual secretario del consejo de administración y consejero externo, ha asegurado este jueves al juez Manuel García-Castellón que ni él ni el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, dieron instrucciones para la contratación del excomisario Villarejo en 2011 con el fin de que obtuviera información sobre el pacto alcanzado entre Sacyr y Pemex para tomar el control de la compañía. La elección y contratación de Villarejo fue una decisión del exresponsable de seguridad, Rafael Araujo, ha dicho.
Suárez de Lezo ha sido, tras Joaquín Uris, el segundo exdirectivo de Repsol interrogado en calidad de investigado por el juez del caso Tándem sobre el llamado proyecto Wine, nombre que Villarejo dio al encargo que le hicieron Repsol y la Caixa para que investigara los movimientos de Sacyr y Pemex.
El juez de la Audiencia Nacional, que este viernes tomará declaración a Brufau y al expresidente de CaixaBank Isidro Fainé, trata de determinar si la contratación de Villarejo se llevó a cabo a sabiendas de que en aquel momento estaba en activo en la Policía y, por ello, podía acceder a datos privilegiados. En el domicilio de Villarejo se intervino documentación de la que se desprende que la investigación alcanzó a aspectos personales e íntimos de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, y de personas de su entorno.
Suárez de Lezo ha manifestado con rotundidad que el encargo hecho a la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, "no era sobre la vida privada de Luis del Rivero".
El exalto ejecutivo de Repsol ha explicado que, al conocerse el pacto de sindicación Sacyr-Pemex, el comité de dirección de la petrolera activó todas las áreas que debían dar una respuesta a lo que calificó como un "auténtico concierto hostil".
Preocupación en Argentina
El peligro de que un monopolio dependiente del Gobierno mexicano tomara el control de Repsol generaba una "enorme preocupación", ha añadido. Se temía que la petrolera española fuera "troceada" y que Pemex se hiciera con su tecnología.
El movimiento de Sacyr y Pemex alteró también al Gobierno argentino, preocupado por que el intento de toma de control de Repsol permitiera a la empresa mexicana hacerse con los yacimientos de su territorio.
Repsol era en aquel momento propietaria de la mayoría de YPF, la primera empresa de Argentina. Suárez de Lezo aseguró que el Gobierno de Buenos Aires les llamó a principios de septiembre de 2011 para que dieran una explicación de lo que estaba ocurriendo.
En este contexto se produjo la contratación de Cenyt, de la que le informó Araújo, dijo, sin darle datos de la empresa ni de sus propietarios.
Una vez en marcha el encargo, el exdirector de seguridad le informaba "cuando creía conveniente" y de una forma "general". Luis Suárez de Lezo ha manifestado no recordar si Araujo le llevaba los informes de Villarejo (como el exdirector de seguridad ha asegurado) u otro tipo de documentación pero sí ha precisado que "ya de entrada venía diciéndome 'vas a ver que no hay nada de utilidad'". El fiscal anticorrupción le ha preguntado entonces por qué pagaron las facturas de Cenyt. "No lo sé", ha contestado, porque el pago dependía de la dirección de seguridad.
Ha añadido que él no tuvo ningún contacto con la Caixa sobre el encargo a Cenyt, pero ha considerado posible que Brufau hablara con su homólogo Fainé. "Puede que en alguno de los cuarenta despachos diarios que yo tenía con el presidente le hiciera el comentario de que las contrataciones, además de a abogados y catedráticos, se iban a ampliar con una empresa externa de información porque nuestros medios eran insuficientes. Y es posible también que el presidente hablara con el presidente de Caixa", ha indicado.
También ha declarado este jueves Juan de Amunátegui, que fue director corporativo de servicios patrimoniales de Repsol y superior directo de Araujo. Fue éste el que le comentó que la compañía y CaixaBank estaban investigando el acuerdo Sacyr-Pemex y que "la idea era tener la mayor información posible sobre los movimientos" de ambos accionistas. Pero él no intervino en la contratación de Villarejo ni vio los informes que elaboró, ha asegurado.
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