La Unión Europea exige a los países que van a recibir estos fondos una completa trazabilidad de cada euro asignado. Una circunstancia en la que ya no sólo se va a tener en cuenta el resultado final de cada proyecto. También debe registrarse su estado de cumplimiento durante el proceso ya que, cada seis meses, los gestores de los fondos deben pasar un exhaustivo control sobre cómo van avanzando las acciones comprometidas.

Para cumplir con todo esto, el Gobierno lleva meses anunciando la puesta en marcha de un sistema de control y gestión de los fondos. Una herramienta con la que se pretende unificar la información crítica de cada proyecto y que deberán utilizar ministerios, comunidades autónomas, municipios y empresas involucradas en los distintos proyectos.

Desde todos estos sectores se viene reclamando la puesta en marcha de este sistema cuanto antes. Una fecha que parece estar cerca. Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, la previsión es que el susodicho mecanismo de seguimiento esté en marcha “lo antes posible”. Eso sí, nunca antes del 13 de julio. “Hay que esperar a la aprobación forma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aseguran.

Control y justificación de los fondos

El susodicho mecanismo servirá para que Hacienda y el Gobierno puedan manejar, de forma automatizada, el desarrollo de los proyectos de forma pormenorizada y dónde está cada euro relacionado con los Next Generation.

Pero ¿y qué ocurre con las partidas que el Gobierno ya ha ido entregando como parte de los fondos europeos a las comunidades autónomas, por ejemplo? Según indican en Hacienda, estos millones de euros están vigilados. “La IGAE audita cada euro desde el principio hasta el final”, aseguran, y añaden que estos proyectos ‘adelantados’ se añadirán a la herramienta cuando se ponga en marcha.

En este sentido, en cada una de las conferencias sectoriales en las que ya se han adelantado estos fondos, como las de Trabajo para Políticas Activas de Empleo o de Servicios Sociales para Dependencia, también se ha transmitido doctrina sobre los fondos europeos a las comunidades autónomas. Es decir, sobre cómo tienen que gestionar, preparar y manejar estas partidas para tramitarlas correctamente. Algo fundamental de cara a Bruselas.

Nerviosismo en CCAA y empresas

Sin embargo, fuentes de las comunidades autónomas consultadas por Invertia desmienten este extremo. Niegan de manera tajante que se les hayan transmitido instrucciones concretas sobre el manejo de los fondos, ya sea de forma presente o futura.

De hecho, en las regiones y en las corporaciones locales hay extrema preocupación en este sentido. Aunque no tengan capacidad de decisión en el destino de los fondos, sí que serán las entidades que en muchos casos tendrán que desarrollar las correspondientes partidas. Sin instrucciones para ello, el temor a incumplir los estrictos plazos exigidos por Bruselas está muy presente.

Una sensación que también comparte el mundo de la empresa. La estrechez del calendario hace que dentro de las corporaciones que pretenden optar a estos fondos exista cierto nerviosismo. La razón que esgrimen es la necesidad de formar a sus plantillas encargadas de realizar las solicitudes de estos fondos para poder acudir a las convocatorias con la certidumbre de no cometer errores formales que les resten posibilidades de conseguir las ayudas.

En este punto, además, el calendario no está ayudando. La cercanía del mes de agosto preocupa. Esgrimen que, pese a que aún no se hubiera puesto en marcha el mecanismo, habría sido mucho más útil haber contado con la información necesaria con tiempo suficiente para formar a los responsables. Ahora, esperan que la puesta en marcha de este sistema coincida en tiempo con las primeras convocatorias lo que, en su opinión, generará un estrés adicional a los procesos que se podría haber evitado.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda ultima los flecos para tener lista una de las herramientas que van a desempeñar un papel más definitorio en la gestión y el control de los fondos. Un sistema de cuyo éxito dependerá gran parte de la agilidad y la rigurosidad que las ayudas necesitan tanto para ser efectivas como para cumplir los controles impuestos.

Ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas cuentan los minutos para poder comenzar a adaptar sus procesos a los requerimientos de control de los fondos europeos.