Oxfam Intermón a propósito de desigualdades e incremento de la pobreza recordaba también a principios de este 2021 que la pérdida de empleo derivada de la pandemia se concentró sobre todo en los trabajadores temporales, que no han podido acceder por tanto a la medida de protección de rentas de esta crisis: los ERTE. Oxfam estima en su informe un aumento de la pobreza en España el pasado año hasta máximos en la última década, el 22,95%.

Supone que 10,9 millones de personas estarían en riesgo de pobreza relativa, aunque el cálculo no tiene en cuenta el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Datos referidos en concreto a la situación de familias en Madrid sirven como termómetro para apreciar los cambios ante el tipo de consumidor y cómo su fragilidad y vulnerabilidad se ha expandido de una manera drástica. El 37% de los hogares madrileños han visto reducidos sus ingresos, una cifra que aumenta hasta el 42% en el caso de los hogares con hijos y hasta el 47% en los hogares monoparentales.

Si pensamos en cómo se transformará el mercado laboral y observamos estimaciones recientes de la OCDE, éstas apuntan a más de mil millones de empleos que sufrirán algún tipo de transformación debido al impacto de la tecnología. Esto es casi un tercio de todos los empleos en todo el mundo en la próxima década. Por su parte el Foro Económico mundial valora en 133 millones de nuevos empleos en las principales economías para satisfacer las demandas de la cuarta revolución industrial.

Reducir las desigualdades dentro de las organizaciones debe ser un reto que esté integrado en las conversaciones que tenemos con nuestros grupos de interés. Naturalmente, en plena 4ª revolución industrial no podemos dejar a nadie atrás y marcos como el que nos ofrece la Agenda 2030 y en concreto el ODS 10, reducción de las desigualdades, con independencia del perfil de la empresa, es una oportunidad única, para acceder a nuevos mercados, de tal forma que las compañías pueden asegurar la sostenibilidad de su cadena de valor y crear lazos más fuertes en las comunidades donde operan.

La Covid-19 ha evidenciado brechas y colectivos más vulnerables en materia de empleo y acceso a la tecnología (entre otros). El tipo de trabajo, el nivel educativo, género, edad y el lugar donde vivimos son factores determinantes a la hora de plantear qué medidas de seguridad hemos podido afrontar durante los sucesivos confinamientos a los que nos hemos visto abocados durante la pandemia y cómo ha repercutido en nuestra salud.

Por eso los colectivos más vulnerables son uno de los focos principales de trabajo en el día a día de las empresas, si queremos abordar una reconstrucción sin dejar a nadie atrás. La crisis provocada por la Covid-19 con altas pérdidas de PIB y empleos, si se prolonga demasiado podría obstaculizar el crecimiento económico en los próximos 5 años, lo que llevaría a pérdidas de puestos de trabajo que afecten principalmente a los más vulnerables, pero que también inciden en otros colectivos. Colectivos estos últimos que, sin formar parte de los colectivos en riesgo de exclusión, pueden acabar siendo parte de ellos, al no conseguir un puesto de trabajo ni los ingresos familiares
suficientes para una vida digna.

Movernos en el entorno de lo social y es precisamente una de las dimensiones más exigentes de la empresa, porque cuenta con una barrera importante: hacer tangible su retorno. En el informe sobre bienestar social, que ha elaborado la Fundación SERES se aborda cómo las empresas son un agente esencial y muy determinante en las medidas que puedan acometerse en el futuro.

Este documento perseguía obtener conclusiones de valor para las empresas, que permitieran orientar, diseñar, medir y evaluar sus actuaciones en función de su contribución a los objetivos prioritarios de las políticas en España; siempre bajo la perspectiva de su posición respecto a los países de su entorno, la Unión Europea y la OCDE. La realización de estos estudios puede orientar de manera estratégica la implicación social de las empresas hacia una mejor y mayor contribución a los grandes retos de la Política Pública, y por tanto, puede ser de gran ayuda al diseño de proyectos en colaboración.

Los colectivos en riesgo de exclusión ya eran una preocupación para las empresas y la Administración Pública antes de la irrupción de la COVID-19. Sin embargo y debido a las brechas de desigualdad y límites de movilidad que han exacerbado los efectos de la pandemia en diferentes colectivos (mujeres, tercera edad, desempleados…) las administraciones están tomando un papel muy activo. La Comisión Europea ha presentado ya varias acciones basadas en cada uno de los principios del pilar social, y se prevén otras nuevas para seguir reforzando los derechos sociales en la UE.

Mediante el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión ha establecido iniciativas concretas para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales. Para ello es preciso el esfuerzo conjunto de las instituciones de la UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil.

Un sector privado responsable es indispensable para el crecimiento, la productividad, la innovación y la creación de empleo, todos ellos generadores de desarrollo y oportunidades. La crisis de la Covid-19 ha puesto en evidencia -aún más- esta realidad a la que nadie da la espalda. Es importante resolver un problema social al mismo tiempo que tenga un impacto positivo en la cuenta de resultados. Esto, además de hacer sostenible el compromiso social de las empresas, tiene una consecuencia directa en la generación de alianzas, de cadenas de valor hibrido y, en definitiva, de otro concepto que es muy relevante para la competitividad de la empresa: la colaboración.

Estoy convencida y la experiencia nos dice que las organizaciones pueden contribuir significativamente al desarrollo económico, social o medioambiental, ya sea a través de sus operaciones o de la creación de cadenas de valor. La empresa tiene capacidades para llevar a cabo un reto ambicioso: generar soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles. Los ejemplos de empresas que ofrecen resultados económicos como sociales han puesto de manifiesto que generar valor social es posible y se vislumbra como una oportunidad para generar resultados económicos, así como un impacto social positivo.

El marco legal también tiende la mano hacia los consumidores vulnerables. La norma regula la figura del consumidor vulnerable y “refuerza” la protección de colectivos en situación de “mayor indefensión” en sus relaciones de consumo con las empresas. Así, se definía a las personas consumidoras vulnerables como aquellas “personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

Se constata que las personas mayores o con discapacidad pueden tener la consideración de personas consumidoras vulnerables en determinadas relaciones concretas de consumo, y asegura que por ello presta “especial atención a todas las circunstancias exógenas", como puede ser el acceso a efectivo, que puede hacer más acuciante su situación de vulnerabilidad.

En el actual contexto de pandemia, se trata de una herramienta llamada a ser “muy importante” en el futuro, pero que, en la opinión del Ministerio de Consumo, “tiene una importancia crucial desde el presente” y permitirá a las administraciones “corregir” situaciones de “indefensión”, que se han visto “agravadas” en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19.

A través de la modificación de la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), el real decreto-ley desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, en sus relaciones de consumo, se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.

El futuro pasa por afrontar los desafíos relacionados (entre otros) con las personas y todos nuestros grupos de interés, con la tecnología que ha permitido nuevos modelos ágiles de trabajo pero que ha evidenciado también brechas de pobreza, el papel de la empresa en esta reconstrucción capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, los líderes responsables, más necesarios que nunca, capaces de evitar inercias y marcar el paso con valentía hacia una empresa con propósito. Sólo así será posible responder al desafío de sentar en la misma mesa sociedad y empresa para crear y compartir valor, pensando siempre en las personas.

Ana Sainz Martín, directora general de la Fundación SERES.