La llegada de agosto y de la temporada estival no ha ayudado a destensar el enfrentamiento institucional que se escenificó durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca. Todo lo contrario. Durante la conferencia sectorial del Ministerio de Hacienda sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia socialistas y populares escenificaron el segundo asalto del combate que arrancó el pasado viernes. 

El desacuerdo es de tal calado que ambas partes hablan de realidades que parecen provenir de diferentes galaxias. Mientras desde el Ministerio de Hacienda María Jesús Montero detallaba que el papel de las autonomías se está debatiendo en cada conferencia sectorial de los ministerios con las Comunidades Autónomas y anunciaba que 7.250 millones de los 10.500 correspondientes a 2021 ya se habían asignado a las Comunidades Autónomas, representantes del Partido Popular en Galicia le reclamaban la "gestión directa del 50% de las ayudas".

Unos argumentos alarmantemente separados conceptualmente si se tiene en cuenta el calendario que viene por delante. En sólo cuatro meses, España deberá rendir cuentas sobre la ejecución de los primeros 9.000 millones de euros asignados para tener acceso a una nueva partida valorada en 10.000 millones de euros adicionales. 

Universos paralelos

Tras la conferencia sectorial del Ministerio de Hacienda, representantes populares calificaban el encuentro como "una broma".  En este caso, desde fuentes andaluzas del Partido Popular se señalaba que siguen sin saber "quién ni cómo va a decidir la asignación de fondos a proyectos concretos. Nos reúnen solo para poder contar que cogobiernan".

Una visión compartida por otra representante de una Comunidad Autónoma gobernada por los populares. "Nos dicen que hasta septiembre no tendremos un instrumento digital en el que volcaremos la información y podamos conocer la situación de todo el plan. Estamos muy preocupados por el retraso que esto va a suponer en la ejecución de los fondos y la falta de cogobernanza".

Frente a estas afirmaciones, Montero relató durante la rueda de prensa el detalle de cómo el Gobierno ya ha asignado 7.250 millones de euros de los 10.500 millones que corresponden a las Comunidades Autónomas para 2021 en las diferentes conferencias ministeriales. Según detalló, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se asignaron 2.147 millones de euros para poner en marcha la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos y mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En esta misma conferencia se asignaron 400 millones del Plan Moves III y 660 millones para ayudas al autoconsumo.

Otros 1.631 millones se han repartido en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Una cantidad a la que hay que añadir 1.410 millones distribuidos en la Conferencia Sectorial de Educación destinados a reducir la brecha digital.

Asimismo, se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Derechos Sociales 731 millones entre las comunidades para reforzar la ‘economía de los cuidados’, las políticas de igualdad e inclusión social y 399 millones adicionales repartidos en la Conferencia Sectorial de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología sanitaria.

Unas cantidades a las que hay que sumar los 90 millones asignados por las conferencias de igualdad, cultura y justicia. Del mismo modo, Montero ha explicado que el Consejo de Ministros ha autorizado repartos de otros 1.230 millones a través de Reales Decretos.

7.250 millones ya asignados

Frente a la visión popular, desde otras Comunidades Autónomas los mensajes lanzados han tenido un tono muy distinto. En el caso del País Vasco el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, explicó tras la reunión de la conferencia sectorial de Hacienda cómo los repartos realizados en las distintas conferencias sectoriales de varios Ministerios suponían una asignación directa para Euskadi cercana a los 500 millones de euros para los próximos tres años.

Por su parte, desde la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha propuesto singularizar parte de las ayudas a las industrias de cada territorio. "El textil, el calzado o la cerámica, entre otros, tienen un peso muy importante en nuestra economía y esto no ocurre de forma generalizada en el conjunto de España. Queremos que los fondos lleguen a estos sectores, que tanto lo necesitan, y para ello proponemos poder poner en marcha actuaciones como los PERTE pero a nivel autonómico", ha explicado.

Ante este contexto, y con el objetivo de mejorar la coordinación entre Gobierno y Comunidades Autónomas, la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, trabaja en la puesta en marcha del sistema de gestión del Plan de Recuperación, que integra las reglas de seguimiento, así como de suministro de información para hacer efectiva dicha evaluación.

Montero ha anunciado que en breve firmará dos órdenes ministeriales para poner en marcha este sistema de gestión y seguimiento. En dichas normas se recogerá todo lo relacionado con los datos de gestión e información de los fondos que permitirá conocer, entre otras cosas, el grado de ejecución de las medidas y el cumplimiento de los objetivos, que se incluirán en los informes de gestión que realizará de forma individualizada cada administración.

El reloj, en contra

Las Comunidades Autónomas tienen que mandar sus propuestas de modificación a estas normas antes del próximo 7 de agosto. Tras el verano, y con el objetivo de afinar todos los detalles del mecanismo de control, en septiembre se celebrará una reunión de responsables del Plan de Recuperación a nivel de Secretarios Generales y de Directores Generales para concretar con ellos todos los detalles técnicos de la puesta en marcha del sistema de gestión y seguimiento. 

Un encuentro que llegará a pocos meses del primer examen que Bruselas realizará a la ejecución del Plan de Recuperación del Gobierno español. En diciembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe presentar a la Comisión Europea una serie de reformas pactadas. En paralelo, desde la comisión evaluarán el grado de cumplimiento de los proyectos que ya están recibiendo fondos.

Un elemento que será clave para la asignación de nuevos fondos. España debe detallar dónde ha ido a parar cada euro y en qué grado de cumplimiento están los proyectos a los que se ha adjudicado esas cuantías para seguir recibiendo los nuevos tramos del plan. Para alcanzar esta meta la coordinación entre Comunidades Autónomas y Gobierno deberá ser total a la hora que todo cuadre cuando llegue el examen de Bruselas.

Así las cosas, Gobierno y Partido Popular tienen pocas semanas para acercar posturas. El papel de territorios como Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia o Andalucía van a despeñar un papel fundamental en el desarrollo del Plan de Recuperación. Tanto sus representantes como los miembros del equipo de Sánchez deben acercar posturas y criterios lo antes posible. Y es que en juego quedan 61.000 millones de euros de ayudas. Una cantidad que las discrepancias entre Comunidades Autónomas y Gobierno central pueden poner en riesgo si no cambian mucho las cosas durante el verano.