2021 ha sido un año en el que todo lo relacionado con los fondos europeos se ha teñido de cierta bipolaridad. Por un lado España se ha destacado como el país más cumplidor de los compromisos adquiridos con Bruselas, lo que le ha permitido cerrar el año siendo el único estado que ha recibido tanto el pago de la prefinanciación como el primer desembolso de los Next Generation.

Por el contrario, las expectativas generadas sobre el impacto que ya en 2021 tendrían que tener estas ayudas en la economía española no se han cumplido. La lentitud administrativa comunitaria, estatal y autonómica han provocado que el año termine sin un efecto claro de los fondos europeos en la economía española. 

En lo que respecta a la relación con Bruselas y la comparación de España frente al resto de socios comunitarios, el expediente español ha quedado inmaculado durante 2021. Cuando arrancó la crisis del coronavirus los presagios no podían ser más negativos. No tardaron en aparecer las voces que señalaban que España tendría el rol que desempeñó Grecia durante la crisis financiera de 2008.

El paso de los meses fue dejando claro que estábamos ante un colapso económico diferente, tanto por las consecuencias que tendría el impacto de pandemia como por las soluciones y la actitud que Bruselas iba a tener para afrontar esta crisis. Frente a los ajustes y los estrictos y traumáticos controles de la crisis de la pasada década, la respuesta al coronavirus fue radicalmente contraria.

De la mano de la solidaridad de los socios comunitarios, la Unión Europea puso en marcha la mayor movilización de fondos de su historia para hacer frente a una crisis. Uno de sus máximos exponentes fueron los Next Generation. Unos fondos pensados para acelerar las dos palancas que marcarán el futuro modelo económico comunitario: la sostenibilidad y la digitalización.

España pasa los exámenes con nota

Este instrumento asignó 140.000 millones de euros a España. La mitad en ayudas directas y la otra mitad en préstamos. Sobre esta base, el Gobierno puso en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para movilizar la primera partida de 70.000 de fondos que no necesitaban ser rembolsados.

Tras meses de negociaciones, la Comisión Europea dio un visto bueno que quedó escenificado en la visita que el 16 de junio realizó a España la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De esta forma, el Gobierno conseguía destacarse entre los primeros países en contar con el plácet comunitario para desplegar el mayor paquete de ayudas de la historia del país. Este hito permitió la llegada de los primeros 9.000 millones de euros.

Frente a los malos augurios iniciales, la evaluación positiva de Bruselas supuso un gran espaldarazo a nivel internacional para el Gobierno y, especialmente, para la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En este sentido, fuentes comunitarias destacan que "muchas veces se olvida que España nunca ha tenido dentro de su Gobierno un ministro que cuente con el nivel de relaciones y de reconocimiento en materia económica como el que Calviño tiene entre sus colegas de Bruselas". Pocas experiencias otorgan un pedigrí de mayor nivel que el pasar una década dentro de la sala de máquinas de la Comisión Europea.

Pero sólo la buena consideración de tus antiguos 'colegas' no es suficiente cuando estamos hablando de desbloquear miles de millones de euros. España debía afrontar una ambiciosa agenda de reformas y compromisos para tener acceso al primero de los pagos tras conseguir la prefinanciación. Otra vez aparecieron las visiones que señalaban que no se cumplirían los requisitos en tiempo y forma para acceder a los siguientes 10.000 millones y que, incluso, España podría perder parte de los fondos asignados.

Primer examen, aprobado

Nada más lejos de la realidad. El Gobierno se presentó a la evaluación para tener acceso al primer pago de 10.000 millones el 12 de noviembre. Tres semanas después, la Comisión Europea anunciaba que España había cumplido y que los fondos llegarían antes de final de año. Algo que finalmente sucedió el pasado 27 de diciembre.

De esta forma, España se convirtió en el primer país, y hasta el momento único, en recibir el primer pago de los Next Generation cuando alguno de sus socios estaban aún negociando con Bruselas los detalles de su plan. Pero el proceso no para aquí. Para tener acceso a los siguientes 12.000 millones de euros el Gobierno debía hacer frente a dos reformas de calado: la de las pensiones y la laboral.

Así como la reforma de las pensiones marchaba con una inercia positiva, oscuros nubarrones se cernían sobre la reforma laboral. Y con toda la razón. El pacto de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos había contado entre sus pilares fundamentales con la "derogación de la reforma laboral del PP". Un relato que dificultaba cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas en el Plan de Recuperación: que la reforma se consensuara con sindicatos y patronal.

Pese a que el compromiso con la Comisión no obligaba a que la reforma contara con el visto bueno de los agentes sociales, conseguir el 'ok' de los representantes de los trabajadores y de los empresarios se convirtió casi en una obsesión para el Ejecutivo. La cuestión llegó hasta el punto de generar importantes tensiones en el interior del equipo de Gobierno, que se dibujó en un enfrentamiento directo entre las vicepresidentas Díaz y Calviño.

El final de la historia es bien conocido. Díaz puso sobre la mesa una reforma laboral de mínimos que ponía el acento en el combate a la temporalidad y la precariedad laboral. Objetivos bien vistos por Bruselas, sindicatos y CEOE. Lo que permitió el acuerdo entre todas las partes y que España tenga totalmente despejado el camino para conseguir otros 12.000 millones de euros el próximo mes de junio.

Demasiadas expectativas

Si los éxitos conseguidos de cara a Bruselas por el equipo de Sánchez configuran la cara de la moneda de los Next Generation, la activación de los fondos en España su cruz. ¿El problema? Haber generado unas expectativas demasiado ambiciosas a corto plazo. Por muy complejos que fueran los compromisos pactados con Bruselas, forman parte del universo político. De la negociación, de los reales decretos, del parlamentarismo.

Capacidades y actitudes que tienen poca valía cuando hablamos de desplegar miles de millones de euros en cuestión de meses teniendo que cumplir unos procedimientos extremadamente garantistas que permitan identificar que cada euro va donde se ha dicho que va a ir. Es por ello que, desde el punto de vista empresarial, nunca se entendieron algunos discursos excesivamente optimistas desplegados por parte del Gobierno. En concreto, las cuentas nunca salieron para que el efecto de los fondos llegara a la economía real en 2021.

Un punto en el que también se señala a Bruselas. Y es que, los primeros 9.000 fondos no llegaron hasta el 17 de agosto. Ningún especialista con conocimiento de los 'tempos' administrativos comunitarios, estatales, autonómicos o municipales podía apostar por un efecto importante de fondos antes de final de año. 

Un relato que ha tenido al presidente Pedro Sánchez como principal impulsor pero en el que también han participado otros miembros de su equipo, incluida la vicepresidenta Calviño. En este sentido, desde el mundo empresarial sorprendió mucho la apuesta realizada en uno de los últimos Consejos de Ministros cuando recalcó que los fondos europeos ya tendrían impacto en el crecimiento de 2021. Un argumento que no ha encontrado apoyo fuera de las fronteras del ejecutivo dada la ínfima cuantía de las ayudas que han podido ponerse en manos de las empresas antes de que terminara el año.  

2022 y el largo plazo

Y es por esto por lo que otros discursos ya se van imponiendo dentro del Ejecutivo. 2021 se asume ya como el año en que se han levantado las bases y el armazón legislativo que va a permitir desplegar los fondos durante los próximos años. Un reto que, por sí mismo, ya es meritorio dado que estamos ante la mayor movilización de fondos públicos de la historia del país. Ahora, todos los focos apuntan a 2022 como el año en el que veremos los mayores despliegues de las ayudas comunitarias.

Se espera que proyectos como la rehabilitación de viviendas, el despliegue de nuevas alternativas energéticas o la puesta en marcha del PERTE del coche eléctrico y conectado arranquen con fuerza durante el primer semestre del año. Esta vez sí, centenares de convocatorias a nivel estatal y autonómico pondrán en marcha miles de millones de euros. 

Salvo sorpresa mayúscula, España contará a mitad de año con 31.000 millones de euros de los Next Generation transferidos. Gran parte de los cuales se movilizarán efectivamente durante los próximos 12 meses. Unas cantidades que, esta vez sí, deberían tener un efecto en el empleo o las inversiones desde el sector privado que les acompañaran. 

Así las cosas, 2021 ha terminado como un año con luces y sombras en uno de los pilares de la estrategia económica del Gobierno. Si bien de cara al exterior España se ha convertido en el alumno más aventajado de los Next Generation, el análisis interno señala muchos puntos a mejorar. 2022 desempeñará un papel clave para confirmar si, una vez puesta en marcha toda la maquinaria, el mayor paquete de ayudas jamás recibido por nuestro país alcanza velocidad de crucero.