Galán niega al juez haber conocido la contratación del excomisario Villarejo y que se espiara a competidores

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha negado este martes en la Audiencia Nacional haber tenido conocimiento alguno de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte del exdirector de seguridad de la energética y ha rechazado cualquier relación con un supuesto espionaje a empresarios competidores. "No lo hubiera permitido", ha dicho.

Galán ha comparecido durante más de dos horas ante el juez que investiga el caso Tándem, Manuel García-Castellón, que el pasado 23 de junio le dio la condición de investigado por presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental. 

El exjefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, contrató a Villarejo -entonces comisario en activo- para cuatro proyectos y le pagó un total de 1,1 millones de euros. En dos de ellos, denominados por el expolicía proyecto Arrow (2004) y Black Board (2004-2005), Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado de la energética. En los dos últimos, llamados Gipsy-Posy (2009) y Wind (2011 y 2017), ya era presidente ejecutivo de la compañía.

La Fiscalía sostiene que Villarejo empleó métodos ilegales para realizar esas investigaciones, como el acceso sin autorización judicial al tráfico de llamadas o la obtención de datos personales. El proyecto Arrow se centró en investigar la resistencia existente en Arcos de la Frontera (Cádiz) a la construcción de una central de ciclo combinado. Los otros encargos habrían tenido por objeto obtener información que se pudiera utilizar contra el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y el presidente de ACS, Florentino Pérez. 

Tras serle denegada su petición de declarar por videoconferencia a la vista de la pandemia del Covid-19, Galán ha acudido a la Audiencia Nacional junto a su abogado, Carlos Domínguez, y ha contestado a las preguntas de todas las partes.

Espionajes

El máximo directivo de Iberdrola, la segunda energética privada más grande del mundo, ha explicado al juez que la compañía, valorada en 64.000 millones de euros, tiene 18.000 proveedores y es "materialmente imposible", ha dicho, que el presidente se ocupe de la contratación. Ha desmentido, a este respecto, que un supuesto comité ejecutivo -órgano inexistente- presidido por él autorizara el pago de ocho facturas al excomisario Villarejo, como se ha publicado.

También ha asegurado que Asenjo no le informó de la contratación de Villarejo, tal como ha declarado al juez el propio exresponsable de seguridad, y ha rechazado de forma contundente haber tenido conocimiento de que Villarejo espiara a Manuel Pizarro o a Florentino Pérez.

Según la instrucción, el proyecto Black Board se habría centrado en conseguir información personal sobre Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, mientras que los proyectos Gipsy-Posy habrían tenido por finalidad obtener datos del presidente de ACS, Florentino Pérez, que en aquella época (principios de 2009) había reclamado un puesto en el consejo de administración de Iberdrola.

Galán ha negado haber ordenado, conocido o autorizado esos presuntos espionajes. Ha manifestado que le tiene "el mayor reconocimiento personal y profesional" a Pizarro y ha asegurado que "yo no estoy obsesionado con Florentino, al contrario de lo que, al parecer, sucede con él". Se refería a anotaciones encontradas en la agenda de Villarejo según las cuales el presidente de ACS estaba "obsesionado" con Galán.

El presidente de Iberdrola ha enfatizado que "no hubiera consentido" ningún espionaje porque "yo también lo he sufrido". En los diarios de Villarejo aparece una anotación sobre "espionajes a Galán" y otra que da cuenta del contenido de un almuerzo que el directivo de Iberdrola celebró con un exalto cargo del Gobierno del PP en un pueblo de Zamora.  

El pasado julio, la defensa de Galán pidió al juez que investigara esa anotación pero la solicitud no ha sido resuelta.

"Damnificada"

El presidente de Iberdrola ha sido preguntado por las acciones judiciales que la compañía ha emprendido contra un antiguo controller, José Antonio del Olmo, que se ha convertido en el principal testigo de cargo del proceso.

Olmo asegura haber confeccionado en diciembre de 2004 un documento -en el que no aparece otra firma que la suya y las casillas correspondientes al visado de sus superiores están vacías- en el que manifiesta que el exjefe de seguridad, Antonio Asenjo, le dijo que Galán conoció la contratación de Cenyt para neutralizar la oposición existente en Arcos de la Frontera a la construcción de la central de Iberdrola. 

Se trata de un testimonio de referencia contradicho por Asenjo, que ha negado que diera a Olmo dato alguno sobre el presidente de la compañía, pero que ha servido de base para que García-Castellón diera la condición de imputado a Galán.

El pasado 30 de septiembre Olmo fue condenado por un juez mercantil de Bilbao por robar documentos de la empresa y la Audiencia Nacional ha revocado la decisión de García-Castellón de dejarle como testigo en el proceso y no como investigado, condición ésta que se dio porque, pese a afirmar que los pagos a la empresa de Villarejo eran irregulares, el propio Olmo los autorizó.

El presidente de Iberdrola ha asegurado que la compañía es una "damnificada" del asunto Villarejo porque si Olmo no hubiera autorizado con su firma el pago de las facturas al excomisario no se habrían abonado.

También ha aportado documentación que pone de manifiesto que desde 2002 existía un procedimiento para la denuncia de cualquier irregularidad que los empleados detectasen. Olmo no utilizó esas vías, sino que se apropió de las facturas y las ha conservado hasta ahora.