El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo ha levantado la condición de investigados para tres directivos y exdirectivos de Iberdrola -Francisco Martínez Córcoles, Fernando Bécker y Rafael Orbegozo- pero ha mantenido en el proceso al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.
El magistrado García Castellón rechaza la prescripción de los delitos de cohecho, relevación de secretos y falsedad documental, relacionados con la contratación de José Manuel Villarejo -entonces, en activo en la Policía- para realizar trabajos privados de investigación en los que el comisario pudo emplear métodos ilegales, como el acceso al tráfico de llamadas de los investigados.
Los trabajos fueron encargados por el jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, que ha asegurado al juez que la contratación de Villarejo fue una decisión suya. Fueron cuatro proyectos por los que el comisario recibió un total de 1,1 millones de euros.
El primero de ellos (proyecto Arrow) tuvo como objeto investigar quiénes se oponían a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), mientras que los proyectos BB, Posy-Gipsy y Wind habrían tenido por objeto obtener información personal e investigar actividades de Manuel Pizarro, Florentino Pérez y el empresario rumano Christopher Kaap, deudor de Iberdrola.
El juez afirma que, aunque no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que Villarejo fue contratado por orden de Galán o que evidencie de forma inequívoca que supiera que tenía la condición de comisario en activo al ser contratado, “hay indicios de los que puede desprenderse –lo afirmamos con el carácter provisional que corresponde a esta fase procesal– que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de José Ignacio Sánchez Galány que este fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt [empresa de Villarejo], alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos”.
Según el juez, Galán no logró desvirtuar esos indicios en la declaración que prestó el pasado 18 de enero, en la que negó haber conocido la contratación de Villarejo y rechazó de forma contundente haber ordenado espiar a sus competidores.
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Por el contrario, el instructor ha levantado la condición de investigados a Francisco Martínez Córcoles, actual consejero externo de Iberdrola, y a los exdirectivos Fernando Bécker y Rafael Orbegozo.
Lo ha hecho en contra de la petición de Florentino Pérez, que instó la permanencia de todos ellos como investigados.
Por su parte, el fiscal opinó que "estando pendiente la práctica de diligencias de investigación no procede realizar, en este momento, ningún pronunciamiento sobre las solicitudes de sobreseimiento", peticiones que, a su parecer, deberían ser resueltas una vez finalizada la instrucción.
Sin embargo, el juez ha valorado que los indicios aportados hasta el momento no permiten sustentar que estos tres investigados instaran o participaran de forma alguna en la contración de Villarejo por Iberdrola.
En el caso de Córcoles, se añade la circunstancia de que en la condición de director de generación que ostentaba cuando se encargó el proyecto Arrow "no era superior jerárquico del director de seguridad, Antonio Asenjo, ni tenía entre sus competencias la posibilidad de dirigir órdenes ni la capacidad de impedir o evitar los negocios que aquel aparentemente pudo mantener con la mercantil Cenyt”.
Tampoco Asenjo necesitaba "ni del visto, ni del permiso o la autorización de Martínez Córcoles para desempeñar sus funciones".
En el caso de Bécker, que sí fue superior de Asenjo, el juez considera que "no hay ningún elemento indiciario del que se desprenda que era receptor de la información
obtenida mediante las ilícitas prácticas del Grupo Cenyt ni que llevase a cabo ningún acto de coordinación, supervisión o control de las actuaciones que se llevaban a cabo en los encargos".
Bécker, al igual que Orbegozo, visó algunas de las facturas pagadas a la empresa de Villarejo. A este respecto, el juez destaca que esas facturas venían ya firmadas por los directivos competentes, Asenjo y el controller José Antonio del Olmo.
Los elementos incriminatorios aportados por este último quedan relativizados con la exoneración de Córcoles y Becker. Según un informe que Olmo elaboró en diciembre de 2004 y aportado al juez, ambos habrían estado al corriente del proyecto Arrow.
El juez afirma a este respecto que las manifestaciones de Olmo en ese documento "no resultan claras y no se corroboran en indicio objetivo alguno".