El Parlamento Europeo vota este miércoles uno de los paquetes más importantes de la legislatura. El informe Fit for 55 (Objetivo 55) reúne una inmensa cantidad de medidas sociales, económicas, industriales y de revolución energética para acelerar la transición ecológica.

Guarda cierta ironía que este debate se haya celebrado en el plenario de Estrasburgo, que reúne a los más de 750 eurodiputados, recién llegados desde su sede en Bruselas. Cada mes, la Eurocámara comete la barbaridad climática de desplazar a más de 3.000 personas (representantes, asesores, jefes de prensa, servicios oficiales y logísticos, etc) de la capital belga a la ciudad alsaciana francesa y corazón histórico de Europa.

El gasto anual en estos desplazamientos se calcula en más de 120 millones de euros, según el propio Tribunal de Cuentas Europeo. La llamada "huella de carbono", concepto madre del Pacto Verde Europeo, es incalculable.

La Comisión quiere acelerar la transición climática por dos principales razones. Una, para "cumplir los objetivos de París y mantener el liderazgo de la Unión" a nivel global, según las palabras del comisario Frans Timmermans en el plenario. Y dos, por la necesidad de los Estados miembros de la UE para deshacerse de la dependencia de los combustibles fósiles rusos, impulsada políticamente tras el inicio de la invasión de Ucrania.

Pero la propuesta de la Comisión es tomada como excesivamente ambiciosa, según la mayoría de la Eurocámara. Tanto que arriesga que, "más que la descarbonización vayamos a provocar la desindustrialización", en palabras de Susana Solís, eurodiputada de los liberales de Renew en las listas de Ciudadanos (Cs).

Y es que Bruselas quiere lograr la "neutralidad en emisiones de carbono" para 2030, lo que supone reducir en un 55% el CO2 emitido a la atmósfera en esa fecha.

Las medidas

Para eso, la Comisión no sólo quiere prohibir la venta de automóviles y furgonetas de combustión en el año 2035, "porque la vida media de estos medios de transporte y carga es de 15 años" y Timmermans aspira a que no haya circulando por las carreteras europeas un solo coche o vehículo a gasolina o diesel para el año 2050.

También ha decidido incluir a las líneas aéreas y a los barcos en el sistema ETS (Emissions Trading Sistem), es decir, en el pago por derechos de emisión de CO2. Hasta ahora, ambos sectores estaban exentos. La idea tiene todo el sentido, ya que el tráfico aéreo es uno de los mayores contribuyentes al efecto invernadero, y un buque petrolero navegando contamina, de media, lo mismo que 100.000 coches en un año, según la propia Comisión.

Además, eliminar más rápido el porcentaje de derechos de emisión gratuitos. También, imponer un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) para que los productos procedentes de países sin un sistema similar a los ETS paguen una especie de arancel si quieren vender sus productos en Europa. "En una palabra, para comerciar con nosotros", apuntaba Luis Garicano, "habrá que luchar contra el cambio climático".

Pero "la paradoja es que la liberal UE está imponiendo más trabas al comercio mundial que cualquier otro mercado global", advierte Karl-Ulrich Köhler, director ejecutivo del holding alemán del acero SHS.

Tal como advirtió en el debate la eurodiputada del PP Pilar del Castillo, "el efecto directo será una subida en las tarifas aéreas". Y en palabras del parlamentario europeo José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, "la deslocalización en el transporte marítimo de mercancías por en riesgo de muerte un puerto tan importante como el de Algeciras, en el sur de España".

¿Y todo a cambio de qué? "Europa se empeña en salvar el mundo, con medidas que no siguen ni los estadounidenses ni los chinos, que son nuestros competidores; y que en ningún caso pueden cumplir países emergentes que nos arrebatarán el negocio", apuntaban al unísono otros parlamentarios, incluso socialistas.

"Y eso puede provocar que nuestras medidas no sirvan de nada para la lucha contra el cambio climático y, encima, nos arruinen", apuntaba Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo.

Exportaciones caras

Este martes, la Eurocámara ya sometió a voto un parte del informe. Y en ella, los eurodiputados españoles han logrado el establecimiento de compensaciones justas para las empresas situadas en las islas europeas por el mayor coste que supone la insularidad. El trabajo se conseguía aprovechando una enmienda a favor de regiones ultraperfiéricas, inicialmente impulsada por la delegación francesa.

"No pedíamos nada para ser más que nadie; pedíamos lo que pedíamos para ser iguales", apuntaba la representante balear del PP Rosa Estaràs.

Pero la industria española se juega este miércoles una parte muy importante de su futuro. "No sirve de nada que nuestra industria deje de emitir gases contaminantes a la atmósfera si otros países van a seguir vertiendo CO2 y nosotros comprándoles sus productos", advierte la eurodiputada Solís. Entre otras cosas, porque producir en Europa es cada vez más caro "y nuestros productos pierden competitividad al pagar derechos de emisión cada vez más altos".

"El CBAM está ideado para aportar equilibrio en un mercado globalizado", continúa, "y para impulsar los esfuerzos de descarbonización en otros países, que verán en las inversiones verdes una oportunidad a medio plazo".

La idea de este sistema es que si los productores europeos han de pagar por sus emisiones de carbono, cualquier exportador de un tercer país que quiera acceder al mercado único de la UE deba pagar en frontera el equivalente a lo que habría debido abonar en derechos de CO2 si lo hubiera fabricado en la UE.

Aunque el riesgo está en que el ritmo que quiere imponer la Comisión, "y la falta de suficientes fuentes de energías renovables", tal como advertía un lobbista italiano a este diario, logre el efecto contrario. Es decir, la salida de las factorías de Europa, el desabastecimiento y la destrucción de empleos en cadena. "La transición ecológica es como conducir un coche", añadió el croata Ladislav Ilcic al debate, "si vas muy rápido, puedes perder el control y estamparte".

El debate no acabó hasta bien entrada la noche, cuando los servicios del Parlamento ya habían cerrado. Y aun así, las negociaciones continuaron, contando votos, uno por uno, en el complicado sistema de equilibrios de la Eurocámara: norte-sur, derecha-liberales-izquierda, comisiones regionales-económicas-ambientales, países grandes-países pequeños...

"Tenemos que asegurarnos que el texto final que se apruebe es racional con las necesidades de la industria a la hora de realizar sus inversiones y mantiene su competitividad", añadía la liberal Solís. "Por eso apoyaremos en el pleno una retirada gradual de las asignaciones gratuitas y una solución efectiva para compensar el aumento del coste de las exportaciones".

Estos dos elementos son fundamentales para que el CBAM sea realmente eficaz en la lucha contra la deslocalización de emisiones y fortalecer la industria europea. Porque, como sentenció el popular austriaco Othmar Karas: "El año pasado, uno de cada cuatro europeos ya no pudo calentar su casa... y este sistema que pretende salvar nuestro ecosistema arriesga hacerlo aún más hostil para los más vulnerables por hacerlo demasiado caro".