A lo largo de las próximas semanas se van a tramitar, precisamente, los otros impuestos que el Gobierno anunció en verano: el esperado a las energéticas y otra figura que también ha sorprendido a propios y extraños, el de la banca. 

Se supone que tanto estas dos figuras como el impuesto a las grandes fortunas tendrán un carácter temporal, con una duración de alrededor de dos años, y con el objetivo de que determinadas grandes empresas y los que más tienen más aporten a las arcas públicas. 

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Pero todo apunta que no serían las únicas medidas destinadas a aumentar los ingresos públicos. El Ministerio de Hacienda baraja llevar un nuevo incremento del IRPF para gravar los ingresos más altos a través de los tipos de ahorro en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Entre finales de este mes y octubre, el Ejecutivo tiene que presentar los nuevos Presupuestos, que se tramitarán de forma paralela a los nuevos impuestos. Se da por hecho que esconderán varias 'bombas' fiscales, además de los castigos a los ricos a los que el Ejecutivo parece haberles declarado la guerra, junto a la banca y a las energéticas, en la antesala de las elecciones autonómicas y generales que se celebran en 2023. 

Muchos anuncios, pocos avances

En las Cuentas, se espera que haya una rebaja del IVA de los productos de higiene femenina e, incluso, una nueva revisión de los beneficios fiscales. Además, se espera que se eleve el acceso a determinadas ayudas públicas, a través del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y se suban las pensiones no contributivas y, por tanto, el ingreso mínimo vital (IMV). 

Además, cabe recordar que los Presupuestos incluirán una previsión del gasto en pensiones, que en 2023 se disparará dado que, por ley, tienen que subir con la media de inflación de 2022. Y el Gobierno ha avisado en varias ocasiones de que no va a rebajar ni una centésima de esta subida. 

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Con todo, y pese a estas filtraciones del potencial contenido de los Presupuestos, los avances en su negociación en el seno del Gobierno de coalición (que protagonizan María Jesús Montero, por el PSOE, y Nacho Álvarez y Josep Vendrel, de Unidas Podemos) son escasos, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia. Ninguna de las partes mueven ficha. 

Según avance el calendario, habrá más anuncios, programados en este caso. En noviembre, el Gobierno, tras consultarlo con patronal y sindicatos, anunciará el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). Habrá una subida sustancial, dado que la idea es que llegue al 60% del salario medio en 2023.

Yolanda Díaz ha dejado caer su intención de subirlo en la misma medida que la inflación media de este año. Ya se da por hecho que el aumento dejará el SMI por encima de los 1.078 euros, y los sindicatos ya han pedido que llegue hasta los 1.100 euros. 

A continuación, entre noviembre y diciembre se producirá otra de las decisiones clave de cara a 2023, sobre todo por el rédito electoral que el Gobierno podría sacar de ella. El Ejecutivo decidirá si prorroga las medidas puestas en marcha para atenuar el impacto de la guerra en Ucrania y los precios de la energía en la economía española.

Hablamos de importantes rebajas fiscales en la factura de la luz y del gas, así como de las bonificaciones de los combustibles. En este 'paquete' se encuentran también la gratuidad de los trenes de cercanías de Renfe, las rebajas en determinados trenes de alta velocidad y las bonificaciones al transporte público en áreas urbanas. 

Todo ello sin saber qué otras sorpresas pueden esperar por el camino. Por lo pronto, medidas como el impuesto a los ricos parecen reacciones a determinadas iniciativas, como la suspensión del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía. Queda conocer si hay otras medidas en las que el Ejecutivo lleva trabajando "semanas" (presuntamente) y todavía no ha anunciado.