La política valenciana de vivienda está en manos de Podemos, socio de Puig en el Consell, y el nuevo impuesto se suma otra serie de medidas de presión que ya están en marcha para que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler y así facilitar el acceso a los inmuebles.

El Gobierno valenciano estima que hay unas 15.000 casas deshabitadas en Alicante, Castellón y Valencia. El impuesto sobre viviendas vacías será un tributo propio de la Generalitat y prevé una recaudación de 250.000 euros en el ejercicio 2023. Hay unas 350 viviendas registradas que cumplirían con los requisitos y a las que la Administración valenciana aplicará el nuevo pago.

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Además, también se establecen recargos en el IBI si las viviendas son declaradas vacías y se incluyen en el listado autonómico. Es decir, serán tributos distintos, pero que tendrán incidencia sobre una misma vivienda, según confirmaron a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de la Consejería de Vivienda. 

Si las propiedades no se ponen en circulación en seis meses, la Consejería de Vivienda actuará para imponer los recargos a partir del mes de junio. El nuevo impuesto prevé cobrar hasta 7,5 euros por metro cuadrado a propietarios cuyas viviendas desocupadas sumen hasta 5.000 m2.

Mientras, desde 5.000 hasta 20.000 m2, 11,25 euros/m2 (37.500 de cuota íntegra); entre 20.000 y 40.000 m2, 15 euros/m2 (225.000 euros de cuota íntegra) y a partir de 40.000 m2, 22,5 euros/m2 (600.000 euros de cuota íntegra). El tributo tiene carácter finalista y el dinero se destinará a planes de vivienda.

De este modo, Valencia se suma a las comunidades autónomas que ya aplican este tributo. En junio, el Tribunal Supremo (TS) avaló el impuesto sobre viviendas vacías de Cataluña y concluyó que no contraviene la Constitución. 

Las sanciones

La Comunidad Valenciana es la autonomía que más vivienda vacía tiene en España en comparación con el total de su número de hogares, según un estudio publicado por Fotocasa Research.

El nuevo impuesto viene recogido en la ley que acompaña a los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio, en la actualidad en trámite parlamentario, y se tramita al margen de la reforma fiscal para deflactar el tramo autonómico del IRPF impulsada por Puig.

En total, se han declarado por primera vez en situación de desuso 468 viviendas de Alicante, Castellón y Valencia, de las que 168 irán destinadas a alquiler social tras llegar sus propietarios a un acuerdo con la Generalitat. Las empresas que han cedido estas casas vacías no serán sancionadas ni se les aplicará el tributo.

El resto, al negarse a sacar al mercado los inmuebles, se enfrentan a unas multas mensuales que oscilan entre los 300 y 600 euros, además de un recargo en el IBI y el nuevo tributo que se aplicará a partir de 2023. La cantidad final a pagar dependerá del precio de mercado de las zonas en las que se ubiquen las viviendas.

La Consejería de Vivienda creó a finales de 2021 un registro pionero en España para que los grandes tenedores de viviendas informen a la Administración cada seis meses de los inmuebles que tienen vacíos.

A efectos de la normativa, son considerados grandes propietarios quienes poseen más de 10 viviendas en régimen de propiedad, alquiler o usufructo y no las destinan al mercado de venta o alquiler. 

Desde la Generalitat Valenciana defienden que la finalidad de esta medida no es recaudatoria. Aseguran que lo que se pretende es dar una mayor capacidad para movilizar viviendas en manos de grandes propietarios que en la actualidad no tienen ningún uso.

Si en seis meses siguen sin movilizar los inmuebles, volverán a incumplir el reglamento autonómico y se impondrán más multas. Ahora, se han enviado todos estos datos a la Consejería de Hacienda para empezar a notificar el pago del nuevo impuesto y que su recaudación se establezca en los próximos presupuestos.

Además de los recargos y sanciones, Podemos también impulsa un nuevo marco legislativo más ambicioso para que la Comunidad Valenciana sea la segunda autonomía de España, después de Baleares, que plantee por ley la expropiación temporal de viviendas vacías.

El objetivo del proyecto normativo es "delimitar los deberes de los grandes tenedores en materia de derecho a la vivienda, las obligaciones para hacer cumplir la función social de la vivienda y las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esta función social". Se aplicará cuando haya razones de "interés general".

Estas tipo de medidas desplegadas en Valencia se han encontrado con el rechazo de muchos promotores que las consideran un ataque a la propiedad privada. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido recientemente de que España está entre los países de la OCDE donde menos se respeta la propiedad privada. Así, el país ocupa la posición 26 de entre los 37 países analizados, por debajo de la media de la organización.