Es decir, ni a favor ni en contra de que la UE elija "abrir la mano" en las ayudas de Estado a sus empresas: ni con Alemania y Francia -los Estados miembros más entusiastas con la propuesta de la Comisión-, ni con Países Bajos y los nórdicos, contrarios a lo que ven como una amenaza directa de quiebra en el mercado único.

Así lo confirman fuentes de Moncloa a este diario, en la víspera de un Consejo extraordinario en el que los líderes de los Veintisiete deberán decidir cómo responde la Unión ante la Inflation Reduction Act (IRA) de Estados Unidos.

La llamada ley Biden que ofrece movilizar 369.000 millones de dólares en 10 años en ayudas y exenciones fiscales a sociedades y particulares con el objetivo de -hoy- bajar los precios y -mañana-acelerar la transición energética con incentivos a las inversiones... a la vez que se baja su déficit público.

El propio Sánchez abogó, hace apenas tres semanas en Davos, por "aprender" del texto legislativo aprobado en el Congreso de EEUU por iniciativa de la Casa Blanca.

Daño a los más pobres

Pero si bien España necesita que Bruselas abra la mano para que los Estados miembros puedan impulsar inversiones que son "necesarias" para la recuperación y la reconversión de nuestra economía, el Ejecutivo de coalición también teme que las nuevas ayudas de Estado que se discutirán en esta cumbre de febrero rompan el mercado de la UE y dañen a las regiones más pobres.

Por eso, el presidente llegará con un sí a medias en su carpeta. España defenderá que la UE abra el grifo de las ayudas bajo dos condiciones principales: que estén acotadas en el tiempo y que se dirijan única y exclusivamente a los sectores directamente implicados en la transición verde y digital.

Según Moncloa, otra vía más amplia para hacer frente al aliado (pero competidor) americano pondría en riesgo uno de los pilares principales de la UE: el mercado único interno y, a la vez, abierto a la competencia exterior. 

Así, el plan que defenderá Sánchez ante los jefes de Estado y de Gobierno estará muy detallado en estos puntos. 

No al café para todos

Según las fuentes citadas, cualquier movimiento en las reglas comerciales y económicas internas es muy difícil de revertir en el momento en el que uno o varios Estados fuertes -el caso de Alemania o Francia- toman una posición de ventaja. Y esto es lo que ocurriría si la UE acepta ayudas indiscriminadas.

Por ejemplo, el plan anunciado en octubre pasado por Olaf Scholz preveía inyecciones estatales directas de hasta 200.000 millones. El saneamiento de las cuentas públicas del principal motor económico europeo se lo permite, pero ese planteamiento desequilibraría el mercado interno y las compañías germanas operarían dopadas y acabarían copando el mercado interno. 

Además, España no quiere "café para todos" por otra razón más específica. Una apertura total de Bruselas a las ayudas estatales revertiría todo el complejo sistema de las políticas de cohesión territorial en el seno de la UE.

Según el equipo económico de Moncloa, tal iniciativa diluiría los incentivos para invertir en regiones menos desarrolladas. Y en nuestro país, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Canarias están por debajo del 90% del nivel medio de PIB per capita europeo.

Así, España propondrá, según las citadas fuentes oficiales, que las ayudas se centren en los proyectos ya en marcha, dentro de los planes de recuperación, o que se puedan adherir, según sus parámetros. Y que las posibles inversiones públicas estén ligadas al Mecanismo Europeo de los fondos NextGeneration. Para nuestro país, de hecho, sería interesante lograr que la Unión rebajara la burocracia y los trámites para que haya una especie de fast track para este tipo de proyectos. 

Creador de puentes

Los consejos europeos a los que ha asistido desde su llegada a Moncloa, hace ahora más de cuatro años y medio, han sido los más intensos desde hace décadas por mor de las crisis que ha afrontado la Unión Europea: empezando por el Brexit hasta, actualmente, afrontar la toma de decisiones para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania y, en medio, las de la pandemia de la Covid-19.

En estos años, según fuentes de la Comisión, Sánchez se ha ganado una fama interna en la UE de "facilitador de acuerdos y generador de puentes" entre posiciones inicialmente enfrentadas.

Lo ha hecho impulsando los eurobonos, que dieron luz al Plan de Recuperación, o el Mecanismo Ibérico, que ahora rediseña la Comisión para el resto de Estados miembros.

El presidente está a las puertas de asumir el liderazgo del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023. Será la última presidencia rotatoria completa de la legislatura, ya que la siguiente -que le corresponde a Bélgica- coincidirá con las elecciones europeas.

Por eso, en este Consejo extraordinario -además de las derivadas de la guerra en Ucrania- se tratarán los posibles avances en el Pacto de Migración y Asilo y se cerrará el asunto de las ayudas de Estado para que más adelante se afronte el de las reglas fiscales.

Las fuentes del Gobierno español admiten que estos dos últimos temas están, de algún modo, ligados. Esencialmente, porque del músculo fiscal de cada Estado miembro acaba dependiendo la posición negociadora en el seno del Consejo. Y de ahí que Sánchez trate de jugar una baza facilitadora: porque a España le conviene más el planteamiento italiano que el alemán. 

Giorgia Meloni habló por teléfono con Sánchez el pasado martes, en una ronda preparatoria de la cumbre de este jueves. La primera ministra transalpina plantea la posibilidad de que nuestro país apoye su empeño en lograr un "megafondo" de estabilización europeo, como pata "necesaria" para perfeccionar el mercado único y avanzar en la unión del mercado de capitales.

España no le hace ascos a esta posibilidad, pero la ve lejana y prefiere centrarse en los aspectos más técnicos del cambio en la gobernanza económica. Sánchez sabe que de lo que salga sobre ayudas de Estado en este Consejo dependerá en gran parte lo que ocurra en los próximos años a propósito de la relajación del Pacto de Estabilidad.

Mercados de capitales

España no podría afrontar la vuelta a las restrictivas normas de no más de un 60% de deuda pública ni de un 3% de déficit.

Por eso, el Gobierno también planteará políticas innovadoras respecto a la financiación de los proyectos, para que no todo el peso se coloque en las cuentas públicas. Políticamente, es un movimiento audaz, según Moncloa, tratar de armonizar normas internas que faciliten, también, la movilización de recursos financieros privados.

Una de las diferencias principales en este aspecto entre España y Estados Unidos es que la principal vía de financiación de las grandes compañías en el viejo continente es la bancaria. Si Bruselas impulsa una regulación para facilitar la emisión de bonos corporativos a nivel comunitario, una empresa española podrá captar con mayor facilidad financiación en Bulgaria o Dinamarca (y viceversa) acudiendo a los mercados de capitales.

Según las fuentes, éste es un paso que se lleva años discutiendo, y que de momento ha ido quedando en el tintero. Pero es una de las bazas que quiere jugar España en la negociación como facilitador de acuerdos. Un mercado más integrado y más armonizado para financiar mejor proyectos de inversión en los sectores que deben recolocar a Europa en la competitividad global: las energías renovables y la digitalización.

Los líderes deberían pedir a la Comisión que se apruebe cuanto antes ese plan de acción, con acciones legislativas concretas. Según España, la UE está reaccionando a tiempo todavía frente a la amenaza de la Ley Biden, pero este Consejo debe dar el impulso definitivo para que la UE ni caiga en el "falso proteccionismo" ni "llegue tarde" a una reestructuración de la globalización en la que no debe perder pie. Para España es clave que las medidas estén implementadas antes del verano.