La prórroga ha sido acordada el pasado 28 de marzo por el juez instructor, Manuel García-Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y prolongará las pesquisas cuatro meses más.

La pieza del caso Tándem referida a Iberdrola se abrió en octubre de 2019. Después de casi tres años y medio de investigación, sólo quedan tres implicados: Asenjo, Villarejo y el número dos de éste, Rafael Redondo. Todos los demás directivos de Iberdrola, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, llevan un año fuera del procedimiento al haberse acordado el sobreseimiento libre respecto a ellos.

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Para el abogado de Asenjo, Manuel Ollé, la ampliación de la investigación es puramente "prospectiva", una especie de "pesca de arrastre" de todo lo que figura en la causa "a ver si se encuentran elementos incriminatorios".

"El objetivo que se trasluce es evidente: la acusación pública carece de argumentos que permitan avanzar hacia una acusación seria que justifique la investigación. Ante esa ausencia, se agarra a hipotéticas pruebas que pudieran surgir para intentar prorrogar sine die el procedimiento".

Proyecto Aglow

La defensa critica que la Fiscalía, con el beneplácito del instructor, base la prórroga "en una documentación que conocía desde, al menos, junio de 2020". En esa fecha se puso a disposición de las partes un informe policial fechado el 20 de mayo anterior en el que se hablaba del 'proyecto Aglow', que ahora es objeto de interés.

El 'proyecto Aglow' habría sido planteado por Villarejo en septiembre de 2004 como "programa preventivo y de alerta" para obtener datos sobre los principales competidores de Iberdrola, en particular General Electric y Endesa.

"No estamos ante un posible hecho nuevo incriminatorio, sino ante un informe que se dejó marchitar y apolillar en la causa durante casi tres años bajo la atenta mirada de los actores judiciales", denuncia la defensa, que no tiene "la menor duda" de que el instructor, "de acuerdo con sus funciones y obligaciones jurisdiccionales instructoras, conocía el contenido del denominado 'proyecto Aglow'".

Y "el juez instructor, al no considerarlo como elemento incriminatorio, reconocía su irrelevancia penal", añade.

El recurso indica que "no se alcanza a comprender la tardía decisión judicial dictada cuando el cierre de la instrucción debió ser la única alternativa procesal".

"La conclusión es inequívoca: la finalidad es prospectiva. El objetivo no puede ser otro que tratar de alimentar una instrucción que no ha ofrecido para las acusaciones los resultados incriminatorios deseados, con la consiguiente quiebra del derecho tutelar judicial que ampara a Antonio Asenjo junto con el de la ventilación de la instrucción en un plazo razonable", señala.

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Para la defensa, además, el instructor, "conocedor de las reglas de la prescripción", debió aplicarla al 'proyecto Aglow', que data de hace 19 años.

También censura que el juez no haya dado "razón alguna" sobre por qué no ha practicado las diligencias acordadas hace dos meses, en referencia a nuevas declaraciones de los tres investigados.

Recuerda, finalmente, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga al juez instructor que prorrogue la investigación judicial a exponer razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo", cosa que García-Castellón no ha hecho.