La entrada de STC Group en el capital de Telefónica amplía el horizonte de inversión del capital árabe en los sectores regulados en Europa, pero muy especialmente empieza a constituir una posición relevante en el mercado donde con más intensidad se libra la batalla por el futuro de las telecomunicaciones en medio del ‘fuego cruzado’ americano y chino.

Profundizar en esta tercera vía abierta por la principal operadora de Emiratos el año pasado cuando compró una participación significativa en Vodafone, es para Europa una alternativa no despreciable y más aún para las telecos privadas europeas. La situación de alto endeudamiento, atonía bursátil y presión inversora para los próximos años sobre las telecos europeas obliga a buscar inversores institucionales potentes y de largo plazo que entiendan y asuman lo que significa invertir en el actual marco de mercado.

Por cada 1% de incremento del tráfico de datos en Internet (medido en megabytes móviles), es necesario incrementar las inversiones en la red entre un 2,6% y un 3,1% en los próximos 5 años. Dicho de otra forma, un incremento estimado del 20% en promedio anual en el consumo de datos obliga a multiplicar en 5 años entre 2,6 y 3,1 veces la inversión para que las redes puedan soportar el crecimiento de la demanda, según las estimaciones de IDC y Seagate. Incluso si las hipótesis de crecimiento del consumo de datos se volvieran más conservadoras, el reto sigue siendo de envergadura.

Sin olvidar que el mundo árabe es muy amplio, complejo y heterogéneo (no se puede meter en el mismo saco a todos los fondos), lo que sí es un denominador común es su interés en la inversión en activos fijos, entre los cuales se encuentran infraestructuras energéticas, de transporte y telecomunicaciones. Generalmente su filosofía de inversión es largoplacista, buscando la generación de rentas estables (por ejemplo, dividendos) y con exigencias de rentabilidad por capital invertido menores que la banca de inversión americana o los inversores institucionales europeos.

Este punto es enormemente importante teniendo en cuenta la realidad del mundo de las telecomunicaciones. Mientras que los costes variables se han reducido drásticamente en los últimos años (el coste variable por megabyte), el coste fijo o de inversión sigue siendo elevado con plazos de amortización más dilatados y, por tanto, con tasas internas de retorno (TIR) más bajas. Los esquemas tarifarios (el precio final al cliente) están muy presionados a la baja tanto por los reguladores como por la competencia de operadores que no son propietarios de redes y, por tanto, no incurren en los costes de desarrollo. Esto lleva a que la rentabilidad por capital invertido de las operadoras que desarrollan red en Europa haya caído a la mitad en poco más de una década (4%), según los números de Arthur D. Little.

Al mismo tiempo, se convive con la gratuidad directa (que no indirecta por el uso que se hace de los datos personales) de los servicios prestados por las grandes compañías tecnológicas tanto americanas como chinas. La revolución tecnológica tiene la virtud de ofrecer servicios cada vez con más calidad y diversidad a precios muy reducidos o incluso nulos (costes variables), pero no se presta la adecuada atención al coste de inversión. Parece que Internet es gratis, pero no es así. Para poder tener servicios digitales, es necesario invertir en redes y poder recuperar la inversión vía tarifa aplicada a los clientes. Igual que sucede en el mundo de la energía, en el cual la energía renovable tiene costes variables muy bajos pero un coste de inversión importante que debe incorporarse al sistema de fijación de precios.

Por ello, el encargado de desarrollar red no tiene más remedio que rodearse de socios institucionales pacientes, no demasiado exigentes en términos de rentabilidad y con orientación de largo plazo para poder hacer todo el despliegue necesario tanto en términos de crecimiento orgánico (lo que la demanda va a exigir en los próximos años) como por los objetivos muy ambiciosos de la Comisión Europea en torno al despliegue del 5G, la Inteligencia Artificial (IA) y la cobertura universal de internet. De esta forma, el coste de capital se reduce, el ROIC se normaliza y, en consecuencia, el accionista que hasta la fecha sólo competía por un dividendo alto, empieza a generar valor y no sólo pone su mirada en dividendos que pueden dañan la estructura financiera de la compañía.

Obviamente, un factor que no puede dejarse de lado es la prudencia y cautela en materia de seguridad, defensa e interés nacional. Que una compañía de la importancia de Telefónica sea participada por un accionista relacionado o dependiente de un Estado extranjero merece un análisis de riesgos importante y la activación de salvaguardias que es lo que se ejecuta por parte del Gobierno en virtud del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, la cual entró en vigor el pasado viernes 1 de septiembre. Pero esta misma prudencia debe tenerse con cualquier compañía controlada de manera directa o indirecta por un Estado, incluido cualquier país europeo.

Más aún después de la práctica ruptura del mercado único europeo con la autorización o, más bien, no oposición a operaciones que son claramente ayudas de Estado como los programas alemán o francés de inyección masiva de dinero público en sus sectores estratégicos, emulando la IRA americana. Las telecos privadas tienen que eliminar la desventaja competitiva que esto le provoca y ante este escenario es como entra una operación como la de STC en Telefónica.

***Javier Santacruz es economista e investigador del Instituto Español de Analistas.