La transición energética tropieza con una ley de 2013 que mantiene el actual Gobierno

La transición hacia fuentes de energía renovable es un objetivo inequívoco de España y sus socios europeos, pero el camino no está exento de desafíos, algunos de ellos fruto de herencias de un pasado en el que la economía española priorizaba las restricciones presupuestarias encaminadas a cumplir con los desajustes del déficit que en el calentamiento global.

La modernización y extensión de las redes eléctricas es una de las grandes asignaturas pendientes de un país que lo tiene casi todo para aprovechar las bondades climáticas y su posición estratégica para liderar la revolución tecnológica y la generación renovable en Europa. Sin embargo, pese al reconocimiento de que nuestras redes no dan abasto para atender la acumulación de proyectos de electrificación que esperan permiso y espacio físico para conectarse a la red, una antigua legislación que sigue en vigor limita las inversiones en redes eléctricas.

Hagamos un poco de historia y retrocedamos a aquel 2013 —epicentro de una crisis económica global— en el que el gobierno del entonces Partido Popular presidido por Mariano Rajoy se vio obligado a tomar medidas drásticas para reducir el gasto público bajo la instancia de las normas comunitarias. Con la economía griega todavía intervenida en el marco del primer rescate de la historia de la Unión Europea y los 'hombres de negro' merodeando por la península, el Ejecutivo español encaró la quinta reforma eléctrica en un año, rebajando las primas a las energías renovables, en una medida cuya herencia todavía es incierta con 16 laudos y más de 2.000 millones de euros aún pendientes de resolución en los tribunales y cortes de arbitraje.

Aquel giro en la promoción de las energías limpias, que provocó una vorágine de críticas y espantó a muchos inversores, vino acompañado con un límite legal a las inversiones en infraestructura eléctrica para atender al previsible aumento de tecnologías de generación limpia.

Límite anual a las inversiones

El Gobierno estableció entonces un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB —unos 2.000 millones de euros—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero a día de hoy el Gobierno en funciones los mantiene vivos a pesar de que choca con la receta económica de expandir el gasto para estimular el crecimiento.

Estos límites pueden convertir en papel mojado los objetivos del borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas, que también han sido cuestionados por su falta de ambición. Esta nueva hoja de ruta energética ha elevado a 52.920 millones de euros las inversiones en redes, un montante que representa el 18% de las inversiones totales de la década. O, dicho de otro modo, proyecta inversiones de 0,45 euros en redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, muy lejos de los 0,67 euros por euro renovable que considera imprescindible la patronal europea Eurelectric y de la horquilla de entre 0,7-1 euro que estima la Agencia Internacional de la Energía.

La propia Comisaria Europea de Energía Europea, Kadri Simson, ha alertado sobre la necesidad apremiante de preparar las infraestructuras de redes para acomodar la transición hacia energías limpias. El Plan de Acción de la UE, publicado a finales de 2022, ya estimaba que sería preciso invertir unos 584.000 millones de euros en redes eléctricas para finales de 2030, de los cuales unos 400.000 millones se destinarían a la red de distribución.

El Gobierno actual, que busca culminar su presidencia europea con un acuerdo sobre la reforma energética del bloque, tiene en sus manos la oportunidad de liderar el proceso de descarbonización de la economía española y dar acceso a la industria y los consumidores a los beneficios de una energía más limpia y económica.

Viento y sol desaprovechados

Gracias a las favorables condiciones climáticas peninsulares, España se ha consolidado ya como uno de los líderes europeos en eólica y solar y el pasado mes de agosto consiguió que el 46,4% de la energía generada fuese de origen renovable, según datos oficiales de REE.

Pero una parte importante de la energía limpia se está echando a perder a causa de las limitaciones de capacidad de las infraestructuras, Según datos de Red Eléctrica, a finales de septiembre más de 150 GW de generación eólica y fotovoltaica estaban en espera de servicio eléctrico.

“El sistema de transporte de electricidad de España no ha seguido el ritmo de la rápida expansión de las energías renovables en el país en los últimos años, creando áreas donde los activos de transmisión locales no tienen la capacidad de entregar energía disponible a los consumidores, causando que la generación sea restringida; la restricción solar y eólica aumentó más de diez veces año tras año en 2022”, afirma en un informe Aurora Energy Research.

La consultora señala que la principal consecuencia de la falta de capacidad en las redes: “los vertidos de energía solar y eólica aumentaron más de diez veces en 2022 con respecto al 2021”. Para evitar el despilfarro, impulsar el modelo económico que buscamos y la racionalidad, es imprescindible tomar decisiones políticas que hagan viable la tan cacareada electrificación de las sociedades e industrias. Un desafío que va más allá de cables y líneas y que requiere una modernización que permita un almacenamiento flexible y mecanismos de respuesta de la demanda.