La reducción "al hueso" de la burocracia andaluza que ayer anunció en Madrid el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido aprobada este martes en Consejo de Gobierno.
En total, con este nuevo decreto ley -el cuarto en este sentido- el Ejecutivo autonómico modificará 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes, y reducirá en un 90% del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100.
El objetivo es simplificar al máximo "la maraña administrativa", acortar los tiempos de respuesta de la administración y convertirse en "motor económico" de España, por delante de Madrid y Cataluña.
[Andalucía reduce "al hueso" su burocracia para ganar a Madrid y Cataluña el liderazgo económico]
El nuevo decreto, que consta de 600 folios, afectará a prestaciones de todo tipo: creación de empresas, dependencia, declaraciones ambientales, apertura de residencias de mayores, licencias de obras, apertura de centros educativos, contrataciones públicas o tramitación de subvenciones como las ayudas de la PAC.
El objetivo es eliminar al máximo los obstáculos administrativos. Para ello, siempre que el proyecto lo permita, el Gobierno andaluz aplicará la declaración responsable, es decir, un documento personal que acredite el cumplimiento de la norma, y no el permiso previo.
Esa será una de las claves, junto al silencio administrativo positivo. Es decir, si no hay respuesta en un plazo temporal determinado, el solicitante estará autorizado automáticamente para ejecutar su proyecto, pero siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos.
De hecho, se establece un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones. Así, por ejemplo, se pasará de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses.
Plan Andalucía Simplifica
El mismo forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado 'Plan AS', "el más revolucionario y potente que jamás haya hecho una administración en España", ha informado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
El consejero ha puesto varios ejemplos. En el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Se recorta el plazo en un año. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía.
Se mejorará la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, se eliminarán obstáculos en la prestación de servicios sociales y se crearán mecanismos de coordinación y colaboración, así como sistemas de acompañamiento individualizado para la ciudadanía y entidades particulares para la tramitación y ejecución de los procedimientos.
Por otro lado, el decreto ley modifica la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto.
En materia de Justicia, se mejora el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia que requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas. Ahora se unifican ambas resoluciones en una sola.
En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas.
La principal medida en este sentido es la eliminación de las obligaciones de comunicaciones en papel, medida que adquiere una especial trascendencia teniendo en cuenta que el volumen de inspecciones anuales de estos organismos excede de las 100.000.
Otra modificación aprobada afecta al procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Por último, el decreto también simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC. A partir de ahora tendrán que aportar menos datos y se facilitarán las comunicaciones por medios electrónicos.
Este decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se espera que su convalidación por el Parlamento se produzca en el último pleno de este mes o el primero de marzo.