Apple acaba de sufrir un revés debido al iPhone y no tiene nada que ver con las filtraciones que están surgiendo en torno a su próximo modelo, el iPhone 16, que prepara un cambio importante para aumentar su pantalla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales estatales y de distrito han acusado hoy, jueves 21 de marzo, a la compañía liderada por Tim Cook de operar un monopolio ilegal en el mercado de teléfonos inteligentes en una nueva demanda antimonopolio.
El pasado mes de enero se dio a conocer que la justicia estadounidense preparaba un caso contra Apple por presunto monopolio. Dos meses después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los estados han demandado a la compañía de la manzana mordida, alegando que monopolizaba los mercados de teléfonos inteligentes con el iPhone. Una acusación que se convierte en el primer gran esfuerzo antimonopolio contra el gigante tecnológico por parte de la administración de Biden.
"Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio. Si no se le pone freno, Apple sólo seguirá fortaleciendo su monopolio de los teléfonos inteligentes", señala el fiscal general Merrick Garland en un comunicado oficial. Incluso la justicia estaodunidense argumenta que la compañía con sede en Cupertino (EEUU) impone "selectivamente" restricciones contractuales a los desarrolladores y retiene formas críticas de acceder al teléfono.
En ese sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Apple utiliza su poder de mercado para obtener más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes. La demanda civil acusa al gigante tecnológico de un monopolio ilegal sobre los teléfonos inteligentes mantenido mediante la imposición de restricciones contractuales y la retención de acceso crítico a los desarrolladores.
El gobierno señala varias formas diferentes en las que Apple supuestamente ha mantenido ilegalmente su monopolico. Una de ellas son las "súper aplicaciones" disruptivas que abarcan muchos programas diferentes y que podrían degradar la "fiabilidad de iOS" y facilitar que los usuarios de iPhone cambien a dispositivos de la competencia. También apuntan al bloqueo de apps de transmisión en la nube que reducirían la necesidad de tener un hardware superior.
Suprimir la calidad de la mensajería entre iPhone y los móviles Android o limitar la funcionalidad de los relojes de terceros con sus móviles y dificultar que los usuarios de un Apple Watch cambien de teléfono debido a problemas de compatibilidad son otros de los puntos señalados por la justicia estadounidense.
Tras esta acusación, Apple se une ahora a una lista de importantes empresas tecnológicas demandadas por reguladores estadounidenses, entre las que se incluyen Google de Alphabet, Meta y Amazon; durante las administraciones del expresidente Donald Trump y Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos.
Apple responde
Tras conocerse la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Apple ha salido al frente en unas declaraciones oficiales. En ellas, el gigante tecnológico asegura que la acusación es "incorrecta en cuanto a los hechos y la ley" y promete "defenderse vigorosamente" contra ella.
"En Apple innovamos cada día para crear tecnología que a la gente le encanta: diseñando productos que funcionan juntos a la perfección, protegiendo la privacidad y la seguridad de las personas y creando una experiencia mágica para nuestros usuarios", indica la compañía.
Apple también dice en su comunicado que "esta demanda amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. De prosperar, obstaculizaría nuestra capacidad para crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, en la que se entrecruzan hardware, software y servicios".
Incluso la compañía asegura que "también sentaría un peligroso precedente, al facultar al Gobierno para intervenir de forma contundente en el diseño de la tecnología de los ciudadanos. Creemos que esta demanda es errónea desde el punto de vista de los hechos y de la ley, y nos defenderemos enérgicamente contra ella".