El viejo y popular eslogan en contra de las centrales nucleares parece recuperar actualidad ante la decisión de algunos países que, como España o Alemania, han reafirmado sus políticas de desmantelamiento de sus centrales de energía atómica en el marco de los compromisos de descarbonización y transición energética.

La respuesta a tan manida pregunta no debe de ser fácil de contestar, ya que otros países, como Francia o Reino Unido, han considerado la nuclear como imprescindible para reducir la huella de su consumo energético y conseguir el objetivo común de neutralidad en carbono.

Pero, al margen de criterios más o menos objetivos a favor o en contra de cerrar o mantener abierto el grifo nuclear, parece haber consenso en que su utilización continuará siendo relevante en los próximos años hasta que las redes y las tecnologías nos permitan disfrutar con total garantía de un energía 100 por cien renovable.

Ante esta circunstancia es imprescindible que el apagón nuclear sea planificado cuidadosamente, ya que un cierre precipitado o mal calculado puede generar consecuencias no deseadas en la lucha para frenar el cambio climático.

Y nada mejor para ilustrar la importancia de una correcta gestión de este proceso que un ejemplo cercano en el tiempo y particularmente elocuente. El cierre de la central nuclear de Indian Point el año 2021 en Nueva York se celebró inicialmente como una gran victoria medioambiental, pero un análisis básico con un margen temporal suficiente ha desvelado un incremento importante de emisiones de CO2 desde su clausura.

La energía de la central que había iluminado durante seis décadas la Gran Manzana sin emitir gases de efecto invernadero fue sustituida por el uso del gas natural, provocando un aumento de las emisiones de CO2 de un 47% entre 2019 y 2022, según datos oficiales.

Porque a pesar de que Nueva York tiene un compromiso de conseguir un mix libre de emisiones en 2027, no será hasta ese año cuando entren en funcionamiento dos grandes proyectos de energía hidroeléctrica canadiense y otros dos de solar y eólica. Hasta entonces, ha tenido que recurrir a los combustibles fósiles para compensar el déficit de producción.

La experiencia no solo pone en entredicho la efectividad de cerrar centrales nucleares de forma precipitada, sino que también plantea interrogantes importantes sobre la viabilidad de las estrategias de descarbonización que dependen exclusivamente de las energías renovables. 

Por eso parece cabal considerar la energía nuclear como una posible tecnología puente hacia la transición energética. Aunque pueda presentar desafíos y preocupaciones legítimas en términos de seguridad, su capacidad para generar grandes cantidades de energía sin emisiones de carbono es indiscutible. Además, puede proporcionar una fuente de energía confiable y estable mientras se desarrollan y se implementan infraestructuras modernizadas.

El gobierno belga, por ejemplo, ha optado recientemente por extender la vida útil de reactores nucleares, argumentando que esta extensión asegura el abastecimiento presente y consolida el camino hacia la independencia energética. Y lo ha hecho tras un acuerdo con la empresa titular de los reactores, que asume el coste de las inversiones necesarias, pero no el del futuro desmantelamiento.

El caso de España

En España, donde se proyecta el apagón entre 2027 y 2035, la energía nuclear ha producido más del 20% de la electricidad en España durante doce años consecutivos, con una operatividad cercana al 90%. Pese al notable aumento en la producción de energía limpia, las fuentes renovables aún no pueden suplantar de inmediato la producción nuclear en España. La intermitencia de las renovables y los desafíos en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento plantean obstáculos a medio plazo.

A pesar de este hecho, el Gobierno ha reafirmado el cierre nuclear con una propuesta que reduce de nuevo la competitividad de una industria fuertemente castigada, con un aumento impositivo para la gestión de residuos a cargo de las empresas operadoras de las centrales.

Ante el nuevo revés legislativo, la patronal del sector ya ha advertido de la “fiscalidad excesiva y en algunos casos redundante y discriminatoria” que, en su opinión, “penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas, por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica”.

“Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente. Esto se debe principalmente a que su capacidad no es flexible, y a que otras posibles tecnologías flexibles (baterías, almacenamiento, interconexión...) no se están desarrollando lo suficientemente rápido como para cubrir el calendario previsto de desmantelamiento de las centrales nucleares”, explican los analistas del think tank medioambiental Oikos en un informe sobre la transición verde. 

En un ejercicio puramente teórico, la producción equivalente de los siete reactores nucleares en activo supondría multiplicar por 1,4 el parque de paneles solares actual sobre una superficie de terrenos de más de 360.000 metros cuadrados. Este cálculo tiene en cuenta que el rendimiento actual de la nuclear es seis veces superior al de la solar fotovoltaica, que solo genera electricidad cuando hay sol.

Considerando el tiempo necesario para que las nuevas instalaciones renovables obtengan los permisos requeridos, este podría demorarse hasta cuatro años debido a la burocracia. En este tiempo, el cierre de las centrales nucleares resultaría en un aumento en la producción de ciclos combinados, lo que elevaría a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

“En términos de volumen de emisiones de CO2, la cantidad acumulada de CO2 adicional es de ~28 tm de CO2. Para poner esta cifra en contexto, se trata de casi 3 años de emisiones medias durante el mismo periodo”, explican los analistas de Oikos sobre el cierre de los reactores en España. “En términos de valor de mercado, el coste total de estas emisiones adicionales sería de 3.400 millones de euros teniendo en cuenta los precios previstos del CO2”.

Los expertos de la firma también advierten que el cierre resultará en un aumento significativo en los precios mayoristas de la electricidad. El estudio estima que el coste adicional proyectado por no prorrogar las centrales nucleares alcanzaría los 22.600 millones de euros entre 2027 y 2050. Un gasto, apunta este informe, que recaería en las empresas y consumidores.