El fin de las llamadas 'colas del hambre' va a tener que esperar. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció hace unos meses la puesta en marcha a partir del mes de mayo de la tarjeta monedero para personas vulnerables. El fin es que estas se gasten directamente en los supermercados, pero las comunidades aún no han podido ni seleccionar a los potenciales beneficiarios. 

De ahí que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, entregara hace unos días en mano una carta directamente al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar).

En ella le solicita la convocatoria con carácter urgente de una sesión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una petición a la que se han sumado otras comunidades.

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El objetivo es someter a examen la actual configuración del Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España, el cual regirá este sistema, y que se apliquen  criterios homogéneos para la determinación de los requisitos de acceso en todo el Estado. "Ahora mismo esto es un caos", aseguran desde la Consejería.

"Es responsabilidad de las CCAA"

Sin embargo, desde el Ministerio aseguran a este periódico que estos criterios "ya están homogeneizados", que son los mismos para todas y que "son competencia" de estas. Es más, insisten en que si las comunidades no han podido seleccionar a los beneficiarios, lo que está provocando en parte este retraso, "es por su responsabilidad". 

Reconocen que están contestando las cartas que han enviado y que a la comunidad andaluza, en concreto, lo harán en los próximos días. También remarcan que el cambio de sistema de ayuda se aprobó "por todas las comunidades en 2021".

Según el Gobierno andaluz, estos criterios se refieren a la definición del concepto de unidad familiar o del periodo temporal sobre el que se ha de llevar a cabo la comprobación del umbral de renta, indefinición que se extiende a la documentación exigible para respaldar la acreditación de estos aspectos.

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La Junta cree que se está induciendo a una situación de inequidad en el trato a la ciudadanía en función de la comunidad autónoma de residencia. De igual modo, la Consejería critica en la misiva "la precariedad de los medios previstos para las derivaciones, mediante rudimentarias fichas en formato hoja de cálculo".

Por tanto, desde la Junta creen que no existe intención por parte del Ministerio de habilitar "un sistema de información que ofrezca las mínimas garantías básicas" para el cumplimento de obligaciones de materia de protección de datos.

665 municipios excluidos

Con el modelo adoptado, de carácter transitorio hasta que las comunidades autónomas asuman la gestión íntegra del programa el próximo 1 de enero de 2025, Andalucía asegura que se quedan "665 municipios excluidos en la práctica del programa, un 85% de las entidades locales de la comunidad", recoge la misiva remitida.

Con estas tarjetas, se podrá atender al año, según los números de la Junta, a entre 15.000 y 20.000 familias con menores a cargo, una cantidad que en el mejor de los casos, apenas sumaría 50.000 personas.

Además, la queja pasa también por el sistema. Desde ahora, hay establecimientos designados donde se puede hacer uso. Y no hay en ocho de cada diez municipios. Estas cifras se traducen en que el 85% de las personas actualmente atendidas quedarían sin cobertura, destacando los colectivos de mayores, personas sin hogar y la mayoría de los migrantes.

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Desde el Ministerio señalan, en cambio, que los problemas de distribución de alimentos que pueda haber en cada territorio "no están causados por este nuevo modelo de tarjetas monedero", sino que es "un problema que ya existía de antes y que es responsabilidad de cada comunidad resolver". 

Una vía dual de concesión de ayudas

En la carta, la consejera recuerda que Andalucía ha reclamado la modificación del programa de tarjetas monedero, de manera que se habilitara una vía dual de concesión de ayudas.

El objetivo es que, junto a la modalidad indirecta de las tarjetas monedero, puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica directamente a las personas más desfavorecidas a través de las entidades de distribución.

Igualmente, se planteó el cambio de la definición de los principales grupos destinatarios para que no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo, posibilitando que las comunidades puedan adaptar el perfil de las familias destinatarias en función de sus propios singularidades.

Por último, el Gobierno de Juanma Moreno reclamó la misma flexibilidad que se están otorgando los ministerios para la primera etapa de implementación.

Ante estas peticiones, el pasado 8 de abril de 2024, el Gobierno aprobó una modificación del programa que "no contempla" ninguna de las formuladas por la Junta. Únicamente se limita a incorporar los cambios necesarios para dar cobertura a la puesta en marcha durante 2024 del programa transitorio mediante la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.