El Observatorio Económico de Andalucía rechaza el cupo catalán: "Se subirán los impuestos o la deuda"

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha puesto los números sobre la mesa para advertir sobre el pacto firmado entre el PSC y ERC, mediante el cual se concede a Cataluña la recaudación del 100% de los ingresos fiscales. 

Hace unos meses la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifró el agujero que supondría este cupo fiscal para las demás comunidades en unos 25.000 euros. Un montante que se cubriría a costa de la subida de impuestos a las demás o de aumentar la deuda pública. 

Durante la presentación de un informe realizado por el Observatorio Económico de Andalucía que se posiciona en contra del acuerdo, el catedrático de Economía Aplicada e investigador de Fedea, Diego Martínez, ha advertido que estas serían las dos formas de compensarlo.

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Martínez ha estado acompañado por el presidente del organismo y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Francisco Ferraro, y por el profesor del departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y consultor en Estrategia Empresarial, Rafael Salgueiro. Todos han ocupado cargos de carácter económico en gobiernos socialistas de la Junta y en el Gobierno central.

Se trata de la primera institución de la sociedad civil andaluza que se pronuncia sobre los efectos del pacto firmado para hacer posible la investidura de Salvador Illa. Lo hace además 48 horas antes de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantenga una reunión en Moncloa para abordar el asunto. 

Desde la entidad subrayan que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica "debe realizarse desde un plano multilateral y como proyecto integrador de país". Además, dejan claro que este pacto exigiría no sólo una reforma de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónoma (Lofca) sino también de la Constitución española.

Política fiscal "errática" 

También a Moreno le han pegado un tirón de orejas por su política fiscal, a su juicio, "errática" tras las seis bajadas de impuestos impulsadas durante estos últimos seis años. 

Creen que resulta "incongruente" alegar problemas de financiación de los servicios
públicos autonómicos al tiempo que se adoptan rebajas fiscales que afectan negativamente a la recaudación.

Por ello, creen que gobiernos como el andaluz deben exhibir una política fiscal sostenible y mejoras de gestión pública, sin perjuicio de su legítima reclamación de reforma del sistema de financiación.

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A modo de aportación, han insistido en que el nuevo sistema de financiación autonómica precisa mostrar coherencia con las necesidades de consolidación fiscal que se necesitan tras la reciente reforma de la gobernanza económica europea. Es decir, la reforma de la financiación autonómica no debe traducirse en incrementos desproporcionados del gasto público autonómico.

Más bien al contrario, al requerirse un refuerzo de la disciplina fiscal de todas y cada una de las CCAA para avanzar de manera sostenida y eficaz en la reducción de los importantes volúmenes de deuda pública de estas administraciones.

En ese contexto, sostiene que ayudaría el diseño y puesta en marcha de un programa serio de reestructuración, o incluso condonación, de la deuda pública autonómica en manos del Estado. Todo ello con el objetivo de facilitar la salida de buena parte de las CCAA a los mercados para buscar allí el grueso de sus necesidades de financiación.

"No va contra nadie"

En una intervención posterior en el pleno del Consejo Andaluz de Cámara de Comercio celebrado en San Telmo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha manifestado al respecto. 

Moreno ha subrayado que la exigencia de una financiación justa para Andalucía "no va contra nadie" porque "no hay tierra que ame más a Cataluña" que Andalucía. Por ello, el viernes exigirá al Gobierno "una respuesta acorde con lo que necesita Andalucía, con lo justo. No pedimos nada más, ni vamos contra nadie".

Moreno alega que el actual modelo va "limitando mes a mes y año a año las capacidades de futuro de Andalucía".

A su juicio, no puede ser que haya un reparto injusto en fondos universitarios, ni tampoco que en los fondos de Recuperación y Resiliencia o en el reparto de los Next Generation que se hace, Andalucía quede marginada, o que el Estado pague en algunos sitios el 50% de los servicios de la Depedencia y en Andalucía sólo el 30.