En ese laudo se estableció que el grupo tenía un valor de 615 millones de euros.

Mazacruz aglutina un patrimonio en sus sociedades filiales que ahora tendrá que liquidarse, como una finca de 10.000 hectáreas y una casa-palacio en Albacete, un centro comercial y edificios en las mejores zonas de Málaga, casas en la Granja de San Idelfonso, Madrid, recursos cinegéticos y obras de arte.

Decenas de procedimientos mercantiles, penales y sucesorios se han cruzado en los últimos años entre los cuatro socios de Mazacruz: la esposa del anterior marques de Paul, Bárbara Gutiérrez-Maturana-Kalachnikoff y sus dos hijas, Bárbara y Christina (con un 72,54% del capital social), por un lado, y Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna (con un 27,46%), por el otro.

En abril de 2003, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna demandó a su padre, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Príes, para hacer valer la donación que éste le había hecho de 135.252 acciones de Mazacruz (el 23% del capital social del grupo), así como el acuerdo adoptado en una junta general fechada en mayo de 2000 por el que se dio a Carlos hijo un privilegio de voto consistente en el derecho a que cada una de sus participaciones valiera cinco votos y no sólo uno.

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Ese privilegio de voto múltiple ha dado, de facto, a Altuna el control absoluto de Mazacruz hasta ahora. Aunque Bárbara y sus hijas denunciaron que tanto la donación como el acuerdo societario favorable a Carlos habían sido fraudulentos, los tribunales le respaldaron. Según ellas, la junta de mayo de 2000 nunca se celebró y la donación de las 135.252 acciones fue arrancada al marqués de Paul en la cama de la clínica en la que estaba postrado, a punto de volar a Houston en un avión-ambulancia para someterse a una operación quirúrgica.

Cuando el VIII marqués de Paul se recuperó y se enteró de la posición de dominio en la que se había situado su hijo, le revocó los poderes que tenía en Mazacruz y se negó a reconocerle el voto múltiple. El marqués también reaccionó a la demanda interpuesta por su primogénito en abril de 2003 con una querella contra él por falsedad documental y estafa.

La querella fue archivada y el marqués falleció en mayo de 2004, pero la pelea en los tribunales prosiguió. Aunque los jueces avalaron el voto múltiple de Altuna y la donación del 23% del capital social, Bárbara Kalachnikoff y sus hijas lograron que la Justicia reconociera la nulidad de la junta en la que Carlos las cesó como miembros del consejo de administración de Mazacruz y se nombró presidente.

Arbitraje

En mayo de 2014, Bárbara y sus hijas solicitaron un procedimiento de arbitraje al no prosperar su propuesta de disolución y liquidación del grupo. La situación era kafkiana: disponiendo tan solo del 27,46% del capital social, el IX marqués de Paul tenía el 61,85% de los derechos de voto, mientras que ellas, siendo titulares de la mayoría del accionariado, sólo ostentaban el 38,14% de los derechos de voto.

Aun siendo el socio minoritario, el voto privilegiado otorgaba a Altuna el control de Mazacruz y, por ende, de las sociedades filiales, en las que se encuentra realmente el patrimonio ya que Mazacruz es una sociedad holding que posee el 99,99% de las filiales.

En abril de 2017, el árbitro Rafael Jiménez de Parga dicta un laudo en el que acuerda disolver Mazacruz, abrir un proceso de liquidación y cesar a Altuna como administrador del grupo.

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El laudo no entró en el derecho de voto reforzado de Altuna (confirmado por los tribunales) sino que, con independencia su validez, declaró el abuso de la posición de dominio ejercida por él y ordenó la liquidación de Mazacruz, cuyos activos están valorados en 615 millones de euros, y su reparto en función del porcentaje de participación accionarial de cada socio, sin votos privilegiados.

Pero Altuna ha logrado retrasar hasta ahora la ejecución del laudo. Primero intentó la rectificación de lo decidido por el árbitro, lo que Jiménez de Parga rechazó. Luego recurrió el laudo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo anuló. 

No obstante, el Tribunal Constitucional estimó en una demanda de amparo de Bárbara y sus hijas y declaró "manifiestamente irrazonable y claramente arbitraria" la anulación del laudo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al TSJM no lo quedó otro remedio que dictar una nueva sentencia en la que desestimó en su totalidad la demanda de nulidad del laudo promovida por Altuna.

Entonces fue éste el que recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que la argumentación del TSJM había sido "arbitraria e irrazonable".

El TC rechazó en febrero de 2023 el recurso de amparo de Altuna, que ni siquiera fue admitido a trámite.

Ahora, bajo la dirección del abogado Bernardo Cremades, Bárbara Kalachnikoff y sus hijas han logrado que, por fin, se designe a una empresa liquidadora que lleve a cano la disolución del grupo empresarial familiar.