Imagen del Banco Popular.

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PwC pide a la Audiencia que obligue al juez del caso Popular a verificar la legitimación de los miles de acusadores

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PwC, encausada en el proceso sobre la ampliación de capital del Banco Popular llevada a cabo en 2016, ha recurrido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la negativa del juez, José Luis Calama, a verificar la legitimación para ejercer la acusación de miles de personas y entidades -"unos 26.000", según calcula, de forma imprecisa, el propio instructor- respecto a los que no se ha comprobado su relación con los hechos ni el perjuicio sufrido.

Calama ha aprovechado la resolución en la que abre juicio oral contra el expresidente del Popular Ángel Ron, varios exdirectivos, dos auditores de PwC y la propia firma para rechazar las cuestiones incidentales planteadas por la auditora, que ha denunciado que hay cientos de supuestos perjudicados que no han acreditado "un mínimo vínculo" con los hechos acotados por el propio instructor como objeto de enjuiciamiento.

PwC ha examinado los escritos de acusación y ha encontrado a supuestos perjudicados que compraron acciones del Popular 24 años antes de la ampliación de capital de 2016, otros que adquirieron acciones de otras entidades ajenas al Popular y otros que aparecen duplicados.

Ha detectado incluso operaciones imposibles de compra de acciones por parte de personas que dicen haber sido perjudicadas, ya que son de fecha posterior a la resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017.

Calama, sin embargo, sostiene que las alegaciones de PwC deben ser objeto de tratamiento como cuestiones previas del juicio oral, algo que la auditora considera "eludir el problema y 'mirar para otro lado'”.

"Se busca trasladar al órgano de enjuiciamiento una responsabilidad que recae en el instructor", afirma en su recurso, recordando que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, el control de la concurrencia de la legitimación activa ha de ser efectuado por el propio instructor antes de abrir el juicio oral.

"Es una cuestión de orden público, fiscalizable, incluso de oficio, por el órgano judicial, en tanto que nos hallamos ante un elemento vertebrador de la adecuada conformación de la relación jurídico-procesal en el procedimiento penal", argumenta.
Solo así se puede evitar la apertura del juicio oral "con base en acusaciones infundadas (y utilitaristas del proceso penal) por ser inconexas con los hechos objeto de enjuiciamiento, al ser formuladas por aquellos que carecen de las exigibles y necesarias condiciones de intervención en el proceso", explica.
A su juicio, "lo realmente extravagante ha sido acordar la apertura de juicio oral en atención a acusaciones que claramente carecen de legitimación para acusar. Máxime cuando dicho defecto ha sido denunciado".

Vulneración de derechos fundamentales

Para la auditora, la inacción de Calama vulnera el principio acusatorio y el derecho fundamental del acusado a un juicio justo, además de afectar al derecho de defensa.
De un lado, porque "obliga al acusado a defenderse y preparar un juicio frente a quienes le acusan indebidamente".
De otro, porque el instructor ha fijado un importe probable de responsabilidad civil derivada de delito "absolutamente ficticio, resultado de la suma de lo pedido por todas las acusaciones, sin haber operado la depuración demandada".
PwC "ha podido demostrar la existencia de múltiples acusadores total y absolutamente desconectados de los hechos objeto de enjuiciamiento, cuya presencia aquí evidencia un uso espurio del procedimiento penal, orientado a la mera obtención de un rédito económico sin razón justificativa", subraya.
El recurso señala que "si el juez de instrucción no cumple su cometido en relación con lo denunciado, el juicio se va a abrir sin la acusación del fiscal contra PwC y con la evidencia de la falta de legitimación de muchísimos -y pretendidos- acusadores particulares".
"El 'coladero' en que se han convertido las personaciones acusatorias durante la instrucción no puede mantenerse ni un minuto más", afirma. "El problema se ha vuelto colosal y existe la humana tentación de no afrontarlo y trasladarlo a otro órgano".
"Sin embargo", añade, es "ineludible responsabilidad del instructor entregar el asunto 'saneado' en este punto a los órganos superiores de la jurisdicción" que van a celebrar el juicio.
PwC critica "ardid procesal" del instructor consistente en introducir, en el auto de apertura de juicio oral (no recurrible), decisiones acreedoras de resoluciones independientes "con el solo propósito de dotarlas de una artificiosa inatacabilidad", dice en referencia a las cuestiones incidentales.
Además, pide que el recurso sea resuelto por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y no por una de sus secciones. Se basa en la "trascendencia jurídica de la problemática denunciada, con alcance obstativo a la válida prosecución del procedimiento" y en la "relevancia procesal del debate promovido", en referencia al empleo de una cuestión incidental de previo pronunciamiento para instar la expulsión del proceso de acusaciones "carentes manifiestamente" de legitimación, vista la "inactividad judicial de oficio".