García Manzana: "La inacción es destrucción; hay que conjugar los valores económicos, sociales y medioambientales"
- EL ESPAÑOL-INVERTIA reúne a expertos de Ingeniería y Derecho, junto a vecinos afectados por los deslindes, con el director general de Costas de la Generalitat Valenciana.
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"La inacción es destrucción". Esa es la premisa con la que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha impulsado durante su primer año de mandato, el Anteproyecto de Ley autonómica de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Una legislación que no ha estado exenta de crítica, por intentar defender los valores económicos, sociales y medioambientales de la Comunidad, ante una Ley de Costas estatal de 1988, que no ha resuelto ninguno de los problemas de regresión que afectan al litoral en la región.
Marc García Manzana, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, ha compartido esta semana mesa de debate con el catedrático de Derecho Administrativo de la UA, Santiago González-Varas; el profesor titular de Ingeniería e infraestructuras de los transportes de la UA, Luis Aragonés Pomares; el presidente de Somos Mediterránea y secretario de la Asociación de Vecinos Playas de Guardamar, Manuel López; y el presidente de la Asociación de Vecinos de Defensa de las Playas Norte de Dénia, Francisco Ros.
García Manzana, en el Museo de Aguas de Alicante donde Sergio Sánchez fue el anfitrión, se mostró muy favorable a cualquier aportación para la ley en un momento en que sigue tramitándose y a la que todavía se le pueden hacer enmiendas. Y justificó esta iniciativa legal en la falta de inversiones por parte del Gobierno central en la provincia desde hace décadas, pero sobre todo desde que en 2015 se consensuaron 69 obras imprescindibles en el litoral valenciano, de las que sólo se han llevado a cabo 10.
"No nos vale la respuesta de que no hay dinero porque hay unos fondos europeos de Next Generation de más de 140.000 millones de euros. Por eso queremos un cambio profundo en la Ley de Costas de 1988, y ante los sucesivos bloqueos parlamentarios en Madrid, tomamos la iniciativa que nos permite nuestro estatuto de autonomía", añadió el director general.
García Manzana también recordó que "tenemos que 500 kilómetros de costa; el 15% el PIB de la Comunitat Valenciana se sitúa en esos 500 primeros metros de la línea de costa; contamos con 10 parques naturales en el litoral, el 90% de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana; y el 70% de la población de la Comunitat Valenciana se sitúa precisamente a menos de 10 kilómetros de la franja litoral".
En 2015 se consensuaron 69 obras imprescindibles en el litoral valenciano, de las que sólo se han llevado a cabo 10.
En este sentido, la Generalitat Valenciana cree necesario compatibilizar la protección del medioambiente con los valores económicos y sociales de ese entorno litoral. Para ello se creará una Comisión Departamental de Ordenación del Litoral con reuniones periódicas fundamentada sobre tres pilares: un Plan de Ordenación Costera, un Plan Espacial de Playas y un Plan de Apoyo a Municipios con Valor Etnológico.
El catedrático González-Varas, en su turno de intervención, puso el acento en que ahora las leyes en España "no se hacen como antes" por lo que valoró positivamente que "la Generalitat Valenciana haya dado un paso adelante" ante el problema de su litoral. Sobre todo, por los "sufrimientos" que acarrea presentar cualquier contencioso administrativo frente al Estado.
En este sentido, el jurista criticó que "se premie la inactividad", que estando obligado por ley, el Estado no actúe, y que los funcionarios por miedo a una posible consecuencia de una aprobación de determinado requerimiento de los ciudadanos se instalen siempre en el "no", para evitarse problemas. Al tiempo, dejó en el aire el problema de las "legalizaciones" urbanísticas en periodos en los que se está tramitando una ley.
Por su parte, el profesor Aragonés, desde la perspectiva de la Ingeniería destacó que para hablar de la protección del litoral "es necesario establecer una línea que la ley estatal no contempla". Por eso manifestó con cierto pesimismo, que la futura ley autonómica "va a verse limitada por el hecho" de que las autoridades estatales mueven a su antojo la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y por tanto sus competencias sobre el terreno, ya sea en la berma de la costa, la ribera o las dunas.
El ingeniero propuso una solución para Comunitat Valenciana como la que ha establecido el gobierno holandés: establecer una línea de costa inamovible, en el caso de los Países Bajos, trazada en los años 90, que mide exactamente cuando el Estado está obligado a actuar y regenerar la línea costera.
Además, detalló como el problema de la regresión de la costa hay que buscarlo en el interior, en la acción antrópica en los ríos, que son los que transportan los sedimentos a las playas. En este punto el ingeniero propuso una solución para Comunitat Valenciana como la que ha establecido el gobierno holandés: marcar una línea de costa inamovible, en el caso de los Países Bajos, trazada en los años 90, que mide exactamente cuando el Estado está obligado a actuar y regenerar la línea costera.
Además, introdujo nuevos elementos en el debate como los dragados de las desembocaduras, el tipo de arena que debe utilizarse en los procesos de regeneración o incluso en la potestad municipal para conservar sus playas y con qué medios lo está haciendo, sin darle la inclinación necesaria.
Para el representante vecinal de Guardamar, Manuel López, todo lo anterior pone de relieve que "el diagnóstico de porqué están retrocediendo las playas es claro, aunque aún haya voces dentro de la Administración del Estado que lo nieguen". "No somos negacionistas del Cambio Climático pero es sabido que esa no es la causa principal. Conociendo de dónde viene el problema, nosotros somos favorables a las soluciones individualizadas para cada lugar y solo pedimos que los vecinos, a los que estamos allí, se nos dé voz", añadió.
Cerró el primer turno de intervenciones en presidente de los vecinos de las playas de Dénia, Francisco Ros, quien aseguró en el mundo hay 52 ciudades por debajo del nivel del mar cuyas propiedades no se expropian. "La ley estatal del 88 fue el maná del marxismo, acabar con la propiedad privada de forma gratuita", añadió.
El problema, explicó, es qué hacemos con las construcciones posteriores a 1988 porque es relativamente fácil trazar esa línea comentada por el profesor de ingeniería a través de fotos antiguas y satélites. Ante esa posibilidad, unas veces se habla de DPMT hasta dónde llega una vez el mar, o determinados metros de donde está "ahora" (un trazado cambiante) la línea de playa.
El debate
"Si aplicamos esa misma máxima al Dominio Público Hidráulico (DPH) que en el DPMT, la mayor parte de la Huerta Sur de Valencia tendría que pasar, desde la DANA del 29 de octubre, a ser DPH porque un evento totalmente excepcional ha superado cualquier periodo de retorno estudiado, ha llenado de agua esa parte de la provincia", manifestó García Manzana en respuesta al resto de ponentes.
"Hay tres tipos de inundaciones, las pluviales, las fluviales y las marítimas y que hay que luchar contra todas esas inundaciones con infraestructuras", explicó el director general de la Generalitat.
"Hay que darle una vuelta a la ley porque no puede ser donde toque una vez una ola, trasladado al ámbito marítimo, pase a ser dominio del Estado. Y en esto tenemos que hacer ser activos porque hay tres tipos de inundaciones, las pluviales, las fluviales y las marítimas y que hay que luchar contra todas esas inundaciones con infraestructuras", explicó el director general de la Generalitat.
El resumen, por tanto, de lo que pretende la Generalitat Valenciana con la nueva ley quedaba claro: "Ante esa inactividad del Estado, algo tenemos que hacer. Por eso nos damos unas herramientas legales para protegernos mientras seguimos inistiendo en que hay que modificar la ley estatal".
Unas palabras que Aragonés Pomares, como ingeniero, avaló al asegurar que "técnicamente se sabe hasta dónde llega y llegará el oleaje. Si no se actúa es porque no se quiere, es todo una cuestión de voluntad política". A lo que González-Varas añadió: "queda demostrado entonces que allí donde los técnicos pueden ponerse de acuerdo no deberían entrar los políticos a ponerles en desacuerdo".
Por su parte, López insistió en que es imprescindible aportar seguridad jurídica y seguridad física a los vecinos afectados, y valoró positivamente la nueva ley valenciana ante el antecedente de Galicia, que ha ganado al Estado en los tribunales en cuanto a su competencia para legislar sobre sus playas. Palabras a las que García Manzana respondió: "estamos seguros de que van a recurrir también la nuestra, pero la defenderemos allí donde haga falta".
"No hay que negar, ni discutir el Cambio Climático para debatir y pedir soluciones, no hay que ser negacionista para que caiga una ley y avance el sentido común. Tenemos los estudios y el cambio climático es una parte pequeña de este problema. Incluso sin presencia humana, el problema no desaparece, va a seguir", reclamó el presidente de Somos Mediterránea.
"¿A qué ministerio pertenecía Costas? Al MOPU, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ¿A qué ministerio pertenece ahora? Al MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Yo creo que con eso queda claro todo".
Al término del encuentro, Francisco Ros, incidió en este punto: "Cuando el ser humano se queda sin referentes, la gente se necesita aferrarse a algo y ese algo se convierte en una especie de religión. Si no la sigues te quedas fuera, pero el problema no desaparece. Si se hubiesen hecho las obras en el barranco del Poyo hoy no estaríamos hablando de la misma tragedia".
Y Aragónés añadió una reflexión como broche del encuentro: "¿A qué ministerio pertenecía Costas? Al MOPU, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ¿A qué ministerio pertenece ahora? Al MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica. Yo creo que con eso queda claro todo".