No hace tanto, apenas una década, el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) llegaba a los propietarios españoles como una formalidad más. Es decir, un requisito extra para vender o alquilar que, salvo excepciones, los interesados en nuevos inmuebles lo dejaban de lado sin prestarle mayor atención. 

Era uno de esos trámites administrativos que, cuando llegaban, se archivaban, entre otros documentos, sin que nadie más volviera a pedirlo. Sin embargo, aquel papel con letras de la A a la G que se dejaba en el olvido ahora se ha convertido en un factor clave para quienes están interesados en vender o alquilar. 

¿El motivo de este nuevo requisito? Un parque inmobiliario envejecido que pretende renovarse. Porque, según un informe de Idealista, en España más de la mitad de las viviendas, en concreto el 51% de ellas, tienen más de 40 años. 

Esto quiere decir que muchos de los inmuebles se construyeron antes de que términos como aislamiento térmico o emisiones CO₂ estuvieran siquiera en el vocabulario. Sin embargo, ahora cumplir o no esta directriz puede ser determinante. 

¿Cuándo se debe cumplir el requisito?

De acuerdo con la Directiva Europea, a partir de 2030, las viviendas necesitarán, al menos, la calificación E para poder entrar en el mercado inmobiliario. Tres años más tarde, esa exigencia subirá al nivel D.

Y es que, por muy burocrático que pueda parecer, este cambio obliga a modernizar el actual parque inmobiliario. Porque, actualmente, gran número de hogares —de los que no son de nueva construcción— destacan por sus ventanas de hierro, calefacciones obsoletas y fachadas que, dicho mal y pronto, tiene la misma resistencia al calor que un papel de liar. 

En viviendas así, subir del nivel G —el mínimo en la escala actual— hasta la calefacción E requerirá una inversión media de entre 5.000 y 6.000 euros, tal como indican los datos de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece). Por tanto, cada salto en la escala energética puede costar unos 2.000 euros adicionales. 

Y es que estas reformas, entre las que se encuentran el cambio de ventanas, calderas más eficientes o nuevos sistemas de aislamiento, no son rápidas ni baratas. Además, el reto no se acaba en 2030, porque tres años después, el mínimo pasará a ser la letra D, una medida que supondrá otro salto económico para las viviendas más rezagadas. 

Las ayudas del Gobierno 

Ante tal cuestión, la Administración Pública ha lanzado un paquete de incentivos con el objetivo de convertir la rehabilitación en una oportunidad, más que en un problema para los propietarios. 

Las ayudas, lejos de ser una subvención directa, funcionan a través de deducciones fiscales para quienes acometan las reformas necesarias. Estos descuentos se organizarán de la siguiente manera: 

• 20% de deducción (hasta 5.000 euros) para viviendas que reduzcan la demanda de calefacción en, al menos, un 7%. 
• 40% de deducción (hasta 7.500 euros) para mejoras que minimicen el consumo energético total en un 30% o más.
• 60% de deducción (hasta 15.000 euros) dirigido a obras en comunidades de propietarios que mejoren de forma colectiva la eficiencia. 

Además, para aquellos propietarios en situaciones de vulnerabilidad económica, las ayudas pueden incluso cubrir hasta el 100% de los costes. Pero hay un pequeño matiz a tener en cuenta: solo se otorgarán estas subvenciones si existe un informe técnico que demuestre el CEE de antes y después de las reformas.