El invierno pasado, la prórroga de las ayudas de trasporte público se confirmaba casi in extremis, apenas cuatro días antes de finalizar el año. Aquella renovación incluyó la gratuidad de los abonos de Cercanías, Media Distancia y Regionales para usuarios habituales y descuentos del 50% en los abonos y títulos multiviaje autonómicos, condición para la cual las comunidades debían asumir al menos un 20% del coste.
Este esquema supuso un alivio notable para la ciudadanía, pero, al mismo tiempo, suponía un elevado coste para las arcas públicas. Y es que el impacto económico de esta ayuda es de más de 2.000 millones de euros.
Ahora, a escasos días de que el 2024 llegue a término, el déjà vu es inevitable. Nos enfrentamos de nuevo a un panorama similar, donde las declaraciones oficiales dibujan un futuro de lo más incierto, aunque cada vez queda menos para resolver todas estas incógnitas.
Recientemente, el ministro de transportes, Óscar Puente, anunciaba que el Consejo de Ministros se reunirá el próximo 23 de diciembre para debatir el nuevo paquete de medidas de cara al 2025. Y aunque ya aseguró que habrá incentivos (serán "similares", según sus palabras), dejó entrever que los descuentos para el año que entra no serán una réplica exacta de los actuales.
Esta falta de definición ha dejado a los gobiernos autonómicos, responsables de completar parte de estas ayudas, en una posición incómoda. De hecho, algunas comunidades ya han advertido que no aplicarán rebajas si no reciben fondos del Estado.
Descuentos en el transporte público
Las ayudas nacieron en 2022 como una medida anticrisis frente al impacto de la guerra de Ucrania, en un intento de mitigar la subida de los precios. Desde entonces, la gratuidad de los abonos de Renfe y los descuentos en transporte público han transformado la rutina —y sobre todo la cuenta bancaria— para millones de personas.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un abono mensual joven se compra actualmente por 8 euros. Sin embargo, si el Gobierno no renueva estas ayudas, el salto será drástico porque los precios volverían a situarse en sus tarifas precrisis, duplicando en algunos casos las cantidades actuales.
Un caso claro es el del abono de la Zona A de Madrid, que volvería a costar 54,60 euros frente a los 21,80 actuales.
Lo mismo ocurriría con el abono T-Usual en Cataluña, que pasaría de 21,35 a 42,70 euros, castigando especialmente a aquellos con menos recursos económicos.
Por su parte, Renfe enfrenta también un futuro incierto. Los abonos gratuitos en Cercanías y Media Distancia, sujetos al cumplimiento de un mínimo de viajes, han beneficiado a más de dos millones de usuarios en toda España desde que se implantaron.
Además, en este caso, las dudas no solo provienen de si estos títulos se mantendrán o no gratuitos. Desde el sector ferroviario advierten que el modelo necesita ajustes urgentes. Y es que, pese a que el sistema es positivo, no es "viable" a largo plazo, tal como afirmaba días atrás Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
¿Descuentos para siempre?
La justificación detrás de un posible ajuste en las ayudas es el fuerte impacto que estas ayudas suponen para las cuentas públicas. La gratuidad y los descuentos actuales demandan una inversión estatal significativa y, además, el esfuerzo de las comunidades, que deben sumar aportaciones propias en un contexto de presión presupuestario.
Por ese motivo, en las últimas semanas se ha discutido la posibilidad de aplicar una estrategia más selectiva, manteniendo las ayudas solo para colectivos vulnerables como jóvenes y jubilados. Sin embargo, aún no hay nada confirmado.
Por el momento, todo parece indicar que las bonificaciones al transporte continuarán en alguna forma, pero no como las conocemos hoy. El diseño final depende del decreto que el Ejecutivo anuncie el próximo 23 de diciembre. Hasta entonces, tanto usuarios como administraciones solo pueden especular.