La pensión de viudedad es, para muchas personas en España, un salvavidas económico que ofrece apoyo tras la pérdida de un ser querido. Pero este derecho, que surge para proteger a quienes quedan en una situación vulnerable, tiene límites que no siempre son bien conocidos. 

Contratiempos administrativos, cambios en las circunstancias personales o situaciones inesperadas pueden provocar la extinción de esta prestación esencial. Por ese motivo, entender cuándo y por qué puede perderse la pensión de viudedad es fundamental para quienes dependen de ella, especialmente en momentos donde su continuidad se vuelve crucial. 

Pero ¿qué es exactamente esta ayuda? Se trata de una prestación contributiva que busca mitigar la pérdida económica sufrida tras la muerte de un cónyuge o pareja de hecho. Además de cumplir con requisitos previos vinculados al tiempo de convivencia o a las bases de cotización del fallecido, esta prestación contempla reglas estrictas sobre quién puede mantenerla, en qué condiciones y hasta cuándo.

Y es que, pese a que esta ayuda busca amparar a las personas en situación de necesidad, esta cobertura no es ilimitada. Existen causas expresas por las que la Seguridad Social puede extinguir la ayuda, ya sea un cambio en el estado civil del beneficiario, haber cometido un delito grave o encontrar ciertas irregularidades en la propia concesión de la ayuda.

¿En qué casos puede perderse la pensión de viudedad?

Existen cuatro situaciones principales en las que la Seguridad Social pone fin a esta prestación, y son las siguientes: 

Contraer matrimonio o establecer una pareja de hecho

El caso más común en el que se retira la pensión de viudedad es cuando el beneficiario vuelve a establecer una relación formal, ya sea a través del matrimonio o inscribiéndose como pareja de hecho. En este contexto, se considera que la necesidad económica inicial que justificaba la ayuda queda cubierta por el nuevo vínculo. 

Además de los matrimonios, la normativa también incluye:

• Las parejas de hecho registradas oficialmente en comunidades autónomas o ayuntamientos, siempre que hayan formalizado su unión con, al menos, dos años de antelación. 
• Aquellos casos de convivencia notoria, en los que se puede demostrar una relación estable durante al menos cinco años. 

Sin embargo, hay excepciones a esta regla, aplicables en casos de vulnerabilidad económica, discapacidad o edad avanzada, que pueden permitir que el beneficiario conserve el derecho a la pensión. 

Fallecimiento del beneficiario

La pensión de viudedad está vinculada estrictamente al titular que la recibe. Por ello, en el momento que esta persona fallece, la prestación se extingue de manera automática. Esta regla responde a su carácter personal e intransmisible, de modo que el fallecimiento del beneficiario pone fin a cualquier derecho asociado. 

Delitos contra el causante de la presión

Situaciones extremas como las agresiones o el homicidio intencionado del cónyuge o pareja fallecida pueden resultar en la pérdida de la pensión de viudedad. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier delito doloso cometido contra el fallecido —demostrado mediante una sentencia judicial firme— resulta en la retirada inmediata de la prestación. 

Existen casos donde esta medida puede ser reversible, pero solo en circunstancias específicas, como que se llegue a una reconciliación entre ambos. 

Fraude o error en la causa del fallecimiento

Otro supuesto relevante es el que incluye fraudes o irregularidades en el proceso de concesiones de la pensión. Por ejemplo, si se demuestra que el fallecido sigue vivo o que su muerte fue declarada de manera fraudulenta, la ayuda será retirada automáticamente. En este tipo de situaciones, el beneficiario podría además enfrentarse a procedimientos legales por cobros indebidos. 

Excepciones para mantener la pensión de viudedad

Como bien decíamos anteriormente, el matrimonio o la formalización de una nueva pareja de hecho suele extinguir la prestación, aunque existen casos en los que la pensión de viudedad puede mantenerse. Estas excepciones responden a situaciones específicas en las que el beneficiario todavía depende económicamente de la ayuda. 

Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos estrictos: 

• El beneficiario tiene 61 años o más. 
• Ha sido reconocido con una incapacidad permanente absoluta, presenta una gran invalidez o acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 
• La pensión constituye su fuente principal de ingresos. En este caso, será necesario demostrar que la ayuda representa al menos el 75% del total de los ingresos anuales del beneficiario o que los ingresos totales del beneficiario y su nueva pareja (si la hay) no superan el equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional (2.160 euros al mes en 2024). 

De este modo, se busca proteger a las personas que, a pesar de rehacer su vida sentimental, no tienen garantías económicas suficientes para prescindir de la pensión.