Generación de talento, ciberseguridad y gestión pública: así es la ley aragonesa de Tecnologías en la Nube

Pero de estas líneas, quizá la más llamativa, por su carácter pionero, es la que tiene que ver con el cloud. Y esta semana, se han producido novedades al respecto.

El Consejo de Gobierno aragonés ha aprobado ya el proyecto de ley de medidas para la implantación y el desarrollo de las tecnologías en la nube en Aragón. Su entrada en vigor se producirá una vez se haya aprobado por parte del parlamento regional.

"La futura ley será pionera en Europa y servirá de palanca para acelerar la transformación digital en la comunidad y promover un ecosistema empresarial innovador alrededor de estas tecnologías, de gran capacidad transformadora y más sostenibles", explican fuentes del ejecutivo aragonés.

Partiendo del potencial y las ventajas que ofrece el cloud –prestación de servicios tecnológicos a través de internet sin necesidad de infraestructura física, pago por uso y escalabilidad-, la norma persigue el impulso de estas tecnologías en el territorio aragonés, así como la generación y actualización del talento y las nuevas habilidades dentro del sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones de Aragón.

Con esta norma, desarrollada por la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, dependiente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Aragón quiere prepararse ante el reto tecnológico, creando un ecosistema de negocio digital alrededor de las tecnologías en la nube, de bajo impacto medioambiental y democratizador con la innovación.

La ley se estructura en seis capítulos y 39 artículos, encaminados a alcanzar la mayor implantación y desarrollo del cloud en Aragón, partiendo de la administración pública, pero facilitando también su adopción por otros agentes.

Principales medidas

Contiene, entre otras, medidas encaminadas a la aplicación en la administración autonómica y sus áreas públicas de influencia. Esta ley también contempla el desarrollo y aprobación de un plan de adaptación de las infraestructuras informáticas para acelerar la transformación digital de los servicios públicos.

La ley también incluye la capacitación para desarrollar medidas de apoyo y asesoramiento para el resto de las administraciones aragonesas -municipales, provinciales, mancomunales…- si consideran de su interés la utilización de las tecnologías en la nube.

El sector privado también tiene su hueco en este cuerpo normativo, que incluye la posibilidad de crear políticas para llevar la nube a las empresas con el fin de que "se sientan atraídos al empleo de las tecnologías cloud y lo hagan en un entorno dotado de un máximo nivel de seguridad".

Precisamente la seguridad es uno de los temas capitales en esta ley. Y es que ésta incluye un paquete de medidas dirigidas a fomentar la confianza digital por parte de la ciudadanía a través de garantías de la máxima protección de los datos que se alojen en la cloud pública.

Por último, la capacitación de los profesionales y la generación de talento en torno a este universo son otros de los objetivos de la ley.

La norma, con todo, se enmarca en la estrategia de digitalización de la administración pública. Actualmente, los servicios públicos digitales de la administración autonómica se prestan mayoritariamente desde centros de procesos de datos privados, pero, para ganar en competitividad y reducir también la huella de carbono, se persigue avanzar hacia un sistema de nube híbrida.

'Cloud' público, 'cloud' privado

De tal forma, que aquellos datos más sensibles y los servicios esenciales continuarán en el cloud privado y se decidirá, con todas las garantías, en qué casos el cloud público es más adecuado para la prestación de los servicios desde la perspectiva de eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad o la innovación.

La nueva normativa regula cómo se hará ese paso, en qué condiciones, con qué requisitos y reforzará la confianza digital con una carta de garantías para asegurar la privacidad de los datos en todo momento y que recogerá los compromisos de protección y tutela que el gobierno adquiere sobre ellos.

En este sentido, la ley prevé un plazo de seis meses para definir por parte de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) la política cloud del gobierno, que fijará la tipología de servicios para los que el uso de las tecnologías cloud esté indicado y las condiciones para su utilización.

Con ello se salvaguardan en todo momento las máximas garantías de seguridad y continuidad de los servicios y sistemas de información.

Toda la coordinación, seguimiento, evaluación, impulso y comunicación de las acciones referentes a las tecnologías en la nube en el sector público autonómico corresponderá a una nueva Comisión para las Tecnologías Cloud.

Además, para expandir el uso más allá de la administración pública, especialmente en el tejido empresarial y garantizar el máximo nivel de fiabilidad, AST implantará también un certificado de homologación, que funcionará como un distintivo de calidad y seguridad.

Aquellos proveedores que obtengan la llamada Solución Cloud Certificada de Aragón figurarán en un registro público, de tal forma que los potenciales usuarios de servicios cloud puedan disponer de una lista de máxima confianza de entidades prestadoras.