Es un informe de 314 páginas. El primero -según presumen sus promotores- elaborado por una comunidad autónoma en nuestro país sobre los retos regulatorios de la inteligencia artificial. Esta comunidad autónoma es Galicia, en una de cuyas ciudades, La Coruña, se ubicará la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la IA (AESIA).
Todo parece encajar, salvo por un pequeño detalle: este informe abre el melón de un debate que promete emociones fuertes. En torno a la inteligencia artificial, no todo es tan maravilloso, no todo es tan útil y, sobre todo, no todo es tan fácil de regular.
Esa es al menos la principal conclusión de un estudio encargado por la Xunta de Galicia a las tres universidades de la región, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo.
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El informe parte de un marco normativo que va a ser común para todos los ciudadanos europeos. Pero ¿qué margen tienen las comunidades autónomas mientras esta ley no entra en vigor?
Expertos de las tres universidades destacan en el informe que "hay margen para que los estados y las comunidades autónomas refuercen los objetivos de la legislación europea sobre inteligencia artificial, incluso desde antes de su entrada en vigor".
En este sentido, inciden en que "nada impide que la comunidad autónoma regule ya la utilización de las tecnologías basadas en IA por el propio sector público autonómico y, en su caso, por las entidades locales gallegas".
Tampoco hay impedimento -aseguran- en que "la comunidad autónoma pueda desarrollar una política propia de fomento del desarrollo de tecnologías basadas en la IA".
Sin embargo, hay un pero que debería subrayarse con rotulador fluorescente: los autores del informe advierten que "está surgiendo un mosaico de normas nacionales con posibles divergencias que entorpecerá la circulación fluida en la UE de productos y servicios asociados a sistemas de inteligencia artificial y no garantizará de manera efectiva la seguridad y la protección de los derechos fundamentales y los valores comunitarios".
Es un aviso a navegantes en toda regla, en un contexto en el que muchas comunidades autónomas españolas están inmersas en un proceso de estudio sobre cómo regular los aspectos éticos del uso de la IA.
Precisamente la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial que se ubicará en La Coruña persigue estos objetivos, como también lo hace la Estrategia Nacional o como lo hará -se prevé que a partir de 2024- la Ley que prepara la Comisión Europea.
Este estudio se ha elaborado en el marco del Convenio entre la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) y las tres universidades. El objetivo de la realización de este estudio es ofrecer a la sociedad gallega, al ecosistema económico y a los reguladores autonómicos los elementos necesarios para comprender los principios éticos y jurídicos que se están definiendo en esta materia en los ámbitos autonómico, nacional e internacional, con especial atención a la Unión Europea, y que será la base de la regulación regional y nacional que se desarrollará en un futuro próximo.
Fue presentado esta semana en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, Luis Miguez; la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña, Amparo Alonso; y el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero.
Entre otras de las conclusiones del trabajo, los autores destacan que "para estudiar posibles escenarios de regulación de la IA en Galicia resulta recomendable seguir activamente los acuerdos y avances de la AI Act (Ley europea de IA) de cara a situarse cómo pioneros en la aplicación que corresponda y lograr alinearse para impulsar el mercado único europeo y crear oportunidades claves en torno al desarrollo y uso de la IA en Galicia".
Señalan, asimismo, que "las empresas gallegas cuentan con ciertas ventajas, como las derivadas de la existencia de una clara apuesta de la Xunta por la IA, materializada en una estrategia formal, y la implantación de grados universitarios en este ámbito de formación".
El estudio se articula en torno a tres aspectos: el marco legislativo de la IA, la identificación de las claves del éxito en la adopción de la IA en el mundo y un sistema de indicadores para Galicia, y el análisis de la situación actual de la adopción de la IA en Galicia y recomendaciones para su impulso.
"Responsabilidad compartida"
En cuanto al sistema de indicadores propuesto, los expertos tomaron como referencia la Estrategia Gallega de Inteligencia artificial y los datos disponibles a través del Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA).
Entre los aspectos de análisis se encuentran las conexiones de la región con las principales redes de inteligencia artificial; la formación y adaptación del capital humano y de la población; el desarrollo de las condiciones necesarias para el desarrollo de la IA: administraciones públicas, empresas y sectores estratégicos; y el apoyo desde los agentes del ecosistema de innovación gallego y su aportación a la evolución social y económica de Galicia.
El trabajo también incide en que debe ser prioritario "la creación de espacios de datos empresariales compartidos, la transformación digital de las empresas, lo despliegue de infraestructuras y el fomento de la creación de empresas de prestación de servicios de IA especializados en pymes".
Por su parte, la Xunta ha anunciado que regulará el uso de la inteligencia artificial en el sector público autonómico, de acuerdo con los resultados de este informe.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, explica que "la inteligencia artificial es una responsabilidad compartida y que desde esta posición se pueden afrontar mejor los retos relacionados con la especialización de la sociedad gallega en tecnologías y la forma en la que se aplican, teniendo siempre en cuenta el bienestar de las personas y el desarrollo social y económico".
En su intervención, el consejero hizo hincapié en las preocupaciones de la administración relativas a la utilización de las tecnologías inteligentes de manera que cumplan los criterios éticos y normativos más exigentes.