Los ‘smart’ pueblos (por fin) tienen su oportunidad

Llegó el momento de los pueblos inteligentes. Hasta ahora, las smart cities han sido las claras protagonistas, pero el pasado 27 de diciembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital lanzó un nuevo plan, esta vez enfocado a los "territorios inteligentes", con el año 2020 en el horizonte y con una dotación de 170 millones de euros.

"Es un paso importante, ya que este nuevo programa dedica una parte específica a las zonas rurales y a las ciudades con menos de 20.000 habitantes", dice Laura Delgado, socio director en Ayming, quien recientemente participó en Greencities 2018.

El concepto de municipio se queda pequeño y ahora se pasa a hablar de territorios. "Tiene todo el sentido que los avances se lleven a cabo por sinergias porque los retos de los ciudadanos son los mismos", señala Delgado. ¿Por ejemplo? La gestión de residuos.

Una de las ventajas claras de actuar como territorio inteligente es que "cuanto mayor sea el volumen del proyecto, más fácil es el acceso a los fondos públicos". Delgado apunta directamente a la "desconocida" Compra Pública Innovadora (CPI), que fomenta la innovación desde la demanda, es decir, desde las administraciones públicas. "Es una clara oportunidad para crear valor, empleo estable y de calidad", añade.

"Hasta ahora se fomentaba la innovación desde la oferta, es decir, las empresas contaban sus proyectos y algunas recibían para ello financiación del Estado. Con la CPI se fomenta que las Administraciones Públicas realicen una compra inteligente, mejorando sus necesidades o servicios a través de la I+D+i, al tiempo que fomentan la innovación empresarial", puntualiza Delgado.

Las diputaciones podrán adquirir productos y servicios bajo tres modalidades diferentes. La primera es la llamada Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable.

La segunda modalidad, más alejada del mercado, es la Compra Pública Precomercial (CPP), una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas sus riesgos y beneficios, mecanismo necesario para fomentar desde la demanda el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que finalmente reviertan en la sociedad.

El tercero es una combinación de los anteriores, en el que se establece un acuerdo de asociación con varios participantes y mediante fases y prototipos incrementales se va refinando la solución hasta obtener un producto comerciable del cual también se compartirán los beneficios una vez éste llegue al mercado.