¿Alerta anticensura? Bruselas pide a los estados que se posicionen ya sobre la directiva del copyright

La Internet Frontier Foundation (IFF) ha entrado en estado de ebullición. La entidad fundada en 1990 por John Barlow, John Gilmore y Mitch Kapor para “garantizar los derechos civiles” y, en última instancia, asegurar el cumplimiento de la Constitución de Estados Unidos en internet, según afirma desde su creación, se ha distinguido recientemente por su frontal oposición a la directiva europea que pretende regular los derechos de autor (copyright). Y los pasos que ha empezado a dar Bruselas con el nuevo año la han puesto de muy mal humor.

Según afirma en un comunicado, el texto legal está avanzando “a un ritmo alarmante”. Estos días la Comisión Europea está pidiendo a los Estados miembro que “aprueben sus nuevas posturas negociadoras para la redacción final”. Una vez reúnan todas las versiones “planean celebrar una votación final antes de impulsar esta drástica y radical nueva ley en 28 países y 500 millones de personas”, añade con su característica grandilocuencia.

Para la IFF, que en esta batalla suscribe la posición de algunos conocidos gigantes tecnológicos, pero también de un amplio espectro del sector TIC, resultan especialmente irritantes dos artículos de la directiva sobre el copyright: el 11 y el 13. En el primero, Bruselas pretende que las plataformas digitales “paguen los enlaces a sitios de noticias mediante la creación de un derecho no renunciable” a la licencia correspondiente. El artículo 11, critica la fundación, no define conceptos como "sitios de noticias", "plataformas comerciales" y "enlaces" e invita, de ese modo, “a 28 naciones europeas a crear 28 regímenes de licencias contradictorias y mutuamente excluyentes”. Además, “el hecho de que no se pueda renunciar al ‘derecho de enlace’ significa que los sitios de noticias de acceso abierto, de interés público, sin fines de lucro y de Creative Commons no pueden optar por salir del sistema”.

En cuanto al artículo 13, la directiva pone fin “a la aparición de trabajos con licencia sin derechos de autor en grandes plataformas de contenido generadas por usuarios, incluso por un instante”, afirma la IFF. Inicialmente, “esto incluía un mandato explícito para desarrollar filtros que examinarían cada publicación en las redes sociales de todos los habitantes del mundo y verificarían si coincidían con las entradas en una base de datos abierta y de participación múltiple de materiales supuestamente con derechos de autor”, continúa. En su forma actual, “la regla dice que los filtros "deben evitarse", pero no explica cómo miles de millones de publicaciones en redes sociales, videos, archivos de audio y publicaciones de blogs deben ser monitoreados por infracciones sin sistemas de filtrado automatizados”.

En definitiva, se avecinan muy malos tiempos para Europa, según la fundación, que ha abierto en su web plataformas de acción destinadas a influir en los gobiernos de en Suecia, Alemania, Luxemburgo, Polonia, Bélgica y República Checa. “En conjunto, estas dos reglas someterán a grandes espacios de expresión online a la intercepción y la censura arbitraria, y le darán a las compañías de noticias más grandes de Europa el poder de decidir quién puede discutir y criticar sus informaciones, y socavar el interés público y el periodismo de acceso abierto”.