El European Data Protection Board (EDPB) ha hecho balance de los primeros nueve meses de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Once países han impuesto multas por valor de 55,95 millones de euros, aunque lo más importante según el EDPB es que ha funcionado el sistema de cooperación One-Stop-Shop para los casos transfronterizos, en los que convergen varias autoridades estatales.

“Las autoridades nacionales de supervisión se esfuerzan diariamente por facilitar esta cooperación, lo que implica numerosos intercambios (escritos y orales) entre ellos”, destacan en este informe de la EDPB.

Y ello a pesar de que estas tareas de cooperación “conllevan una carga de trabajo adicional y tiempo adicional” para tratar estos casos transfronterizos, lo que a su vez supone “un impacto” en el presupuesto de los reguladores.

“La tramitación de los casos transfronterizos lleva su tiempo, ya que la cooperación implica la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas” que las autoridades nacionales deben afrontar para poder lograr la “la armonización y la aplicación” de las normas de protección del GDPR.

No obstante, desde este organismo europeo matizan que en estos nueve meses no se ha dado “ninguna controversia” ni ha sido necesaria ninguna resolución del nuevo órgano creado por la Unión Europea para estos casos.