Las criptomonedas: el cebo que ha hecho ganar a los ciberdelincuentes casi 12.400 millones de euros en 2021

Esta adopción no solo supone un cambio en la forma en la que personas y empresas interactúan con el dinero, también se convierte en una vía más entre las que emplean los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus acciones. En 2021, ganaron 14 billones de dólares (unos 12.400 millones de euros) frente a los 7,8 billones de 2020. 

En el documento advierten de que el uso criminal de las criptomonedas no solo supone un daño para las víctimas, también crea "enormes impedimentos" para la adopción de estas nuevas monedas y aumenta la probabilidad de que los gobiernos impongan restricciones sobre su empleo.

7,8 billones de dólares en estafas

Los delitos basados en criptomonedas que más aumentaron en 2021 por volumen de transacciones han sido las estafas y el robo de fondos.

La primera categoría sumó 7,8 billones de dólares, de los que 2,8 billones se deben a los que se conoce como rug pulls. Se trata de un tipo de estafa en el que los desarrolladores construyen lo que parece un nuevo proyecto de criptomoneda legítimo. Reciben inversiones hasta que, de pronto, se detiene todo tipo de actividad y desaparecen con el dinero.

Una única plataforma, Thodex, concentró el 90% del dinero perdido en este tipo de estafa durante 2021. Su director ejecutivo, Fatih Faruk Ozer, desapareció el pasado mes de abril poco después de dejar inactiva la cartera que creó en 2017 y sus usuarios no pudieron recuperar las inversiones.

El resto de rug pulls involucraron a proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés), aplicaciones basadas en tecnología blockhain que no dependen de intermediarios (como los bancos) para operar. En casi todos los casos, los desarrollares han engañado a los inversores para que compren tokens y luego han llevado su valor a cero.

En el informe señalan dos motivos principales por los que este tipo de estafas son comunes en los DeFi. Por un lado, el volumen de transacciones en estas plataformas ha crecido un 912% en 2021 y rendimientos como el registrado por Shiba Inu las hacen muy atractivas. 

Al mismo tiempo, es muy fácil para aquellos con las habilidades técnicas adecuadas crear nuevos tokens DeFi y hacer que se incluyan en los intercambios, incluso sin una auditoría de código (proceso por el que una empresa de terceros analiza el código del contrato inteligente detrás de un nuevo token u otro proyecto DeFi y confirma que es de confianza).  

“Es probable que muchos inversores hubieran evitado perder fondos en estafas de rug pulls si hubieran comprobado si los proyectos DeFi se habían sometido a una auditoría de código”, señala el informe de Chainalysis.

Robo de fondos

El segundo de los delitos en volumen de transacciones durante 2021 fueron los robos de criptomonedas por un valor de aproximadamente 3,2 billones de dólares, un aumento del 516% en comparación con 2020. Aproximadamente 2,2 billones de esos fondos (72% del total de 2021) fueron robados de protocolos DeFi.  

En 2020, se robaron algo menos de 162 millones de dólares en criptomonedas de las DeFi, el 31% del total del año. Una cifra que representó un aumento del 335% sobre la registrada en 2019. En 2021, aumentó otro 1.330%. 

Esto significa que a medida que las plataformas DeFi crecen, también lo hace el interés de los ciberdelincuentes por utilizarlas como cebo. 

“DeFi es una de las áreas que presenta más oportunidades en el ecosistema de las criptomonedas, tanto para los emprendedores como para los usuarios. Pero es poco probable que se pueda explotar todo su potencial si la misma descentralización que la hace tan dinámica también permite la estafa y el robo generalizados”, se advierte en el informe.

“Una forma de combatir los fraudes es una mejor comunicación”, aconsejan desde Chainalysis. Tanto el sector público como el privado tienen un papel importante que desempeñar para enseñar a los inversores cómo evitar proyectos dudosos. A más largo plazo, es posible que la industria también deba tomar medidas más drásticas para impedir que los tokens asociados con proyectos potencialmente fraudulentos o inseguros se incluyan en las principales bolsas de valores.