El año pasado viajaron en el mundo por turismo 1.043 millones de personas, pero no todas las que lo intentaron lo pudieron hacer. En China se prohibió comprar billetes de avión y tren en 23 millones de ocasiones a sus ciudadanos porque las puntuaciones de su ‘crédito social’ personal eran demasiado bajas, según el criterio del gobierno.
En 2017, el Gobierno chino puso en marcha un enorme proyecto piloto en el ámbito social, basado en una especie de gamificación, un fenómeno hasta entonces propio de la comunicación ubicua, de la industria de ciberjuegos o de los negocios. Con ello, cambió la magnitud y escala de lo que entendíamos por ‘gamificación’ (uso y aplicación de las dinámicas y la mecánicas propias de los juegos a entornos no lúdicos), de tal manera que conectó la actividad online de sus ciudadanos, con su estrategia social a gran escala, incorporándolos a un sistema de medición de conducta individual con ‘premios’ y ‘castigos’, a partir de un sistema de puntación llamada originalmente ‘crédito social’ que, en origen, tenía propósitos comerciales, relacionados con recompensas o incentivos.
La puntuación del ‘crédito social’ de una persona se convertiría en una valoración ‘política’ con consecuencias prácticas (buenas o malas). Todo ello combinado con la conducta comercial, profesional o social que cualquier ciudadano mostrara en su actividad online. Obviamente, esto no sería posible sin dos factores. Por un lado, la colaboración de grandes empresas chinas basadas en internet (como Alibaba, Baidu o Tencent), que obedecen de forma rutinaria a las demandas gubernamentales de datos. Y por otro, las nuevas leyes de ciberseguridad chinas, que dan cobertura legal al acceso completo a casi todos los datos personales. Algo imposible, por ejemplo, con las leyes de protección de datos de Europa.
Viajar es un premio e impedirlo, un castigo
La noticia ahora es que la evolución de aquel ambicioso ‘proyecto piloto’ está en marcha y, en estos momentos, causa ya efectos tangibles en la vida real de mucha gente en China. Según un informe del Centro Nacional de Información de Crédito Público de China de la semana pasada, al que ha tenido acceso la agencia Associated Press, el año pasado se impidió en 17,5 millones de ocasiones comprar billetes de avión a ciudadanos chinos y en 5,5 millones, billetes de tren de alta velocidad. La causa, según las autoridades, es que el nivel de su ‘crédito social’ no era el adecuado por ‘faltas’ en su conducta, no especificadas. Además, a 6,15 millones de ciudadanos chinos se les ha impedido hacer viajes en avión desde 2017, según el Tribunal Supremo de China.
Como parte del citado sistema, el gobierno chino también está confeccionando una ‘lista negra pública’ con las personas que han sido declaradas culpables de delitos en los tribunales. Uno de los 'castigos' es la limitación de su capacidad de comprar billetes de avión y tren.
Además, las autoridades chinas están desarrollando la integración de datos asociada a la identidad, usando los modos de interacción con los ciudadanos chinos, acumulando sus huellas dactilares y otra información biométrica, de forma que el gobierno disponga, para 2020, de un ‘archivo digital’ individual de cada ciudadano, conectado a todo el sistema anterior. Este documento incluirá todos los datos digitales recopilados sobre su conducta. Algo que parece escalofriante.
Según Joe McDonald, de Associated Press, la sociedad china está cambiando rápidamente después de tres décadas de reformas económicas y evolución tecnológica. El partido gobernante afirma que las sanciones y recompensas del 'crédito social' mejorarán el orden en esta sociedad que cambia rápidamente. Estas prácticas se presentan como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente, Xi Jinping, para dicha mejora; pero no se priva de usar tecnologías de integración de datos, secuenciación genética y reconocimiento facial para reforzar el control.
Un sociedad crecientemente distópica
Mediante el enorme poder actual que se consigue con la información sobre los individuos, se podría llegar a una sociedad en las que las autoridades tuviesen un control desmesurado sobre las personas basándose en medios digitales y comportamientos online que pueden ser completamente monitorizados. Obviamente, es un proceso creciente de control de las conductas que a mucha gente no le va a gustar. Por ello, se intentan presentar las razones por las que se aumenta o disminuye su ‘crédito social’ a personas en China como algo ‘justo’ y positivo’ que mejorará las conductas.
La puntación de su crédito social, podría disminuir si alguien evade impuestos, estafa a otras personas, hace anuncios falsos o realiza incluso pequeños fraudes como ocupar en el tren algún asiento que no es el de su billete. Se bajan ‘puntos’ por infringir la ley y, en algunas áreas del país, incluso por ‘delitos’ tan menores como pasear a un perro sin correa.
El control por medios digitales está acompañado por todo un sistema en el mundo físico, como los puntos de control de entrada y salida del país. The New York Times califica a la actual China como una sociedad que empieza a ser "distópica" y Mike Pence, vicepresidente de EEUU, se refieres a ella como “un sistema orwelliano basado en el control de prácticamente todas las facetas de la vida humana". El uso de crédito social, sus incentivos y castigos, no se aplican solo a la gente de a pie. También el año pasado, 290.000 personas fueron bloqueadas para que no pudieran ocupar puestos de alta dirección o actuar como representantes legales de una empresa en China.
Hay más ejemplos del uso gubernamental de tecnologías para ese sistema. Un grupo de activistas de derechos humanos ha informado que personas de zonas musulmanas y de otras minorías étnicas, se han visto obligadas a dar muestras de sangre para formar parte de una base de datos genética. Como esos sistemas dependen de tecnología extranjera, se han levantado críticas en EEUU contra proveedores estadounidenses y europeos que podrían estar, indirectamente, permitiendo abusos de los derechos humanos. Y eso ha empezado a tener efectos. Esta semana, le empresa tecnológica Thermo Fisher Scientific, con sede en Waltham (Massachusetts, EEUU), ha declarado que ya no venderá ni dará servicio de secuenciadores genéticos en la región de mayoría musulmana de Xinjiang, al noroeste de China, tras las quejas de que su tecnología estaba siendo utilizada para identificar a las personas de esa ciudad.
Preocupa a nivel internacional el uso conjunto de tecnologías avanzadas y del comportamiento online de los ciudadanos chinos como sistemas de control. En Europa somos muy dados a un ‘occidentalismo’ y eurocentrismo inerciales, pero no sé si las instituciones europeas (y las occidentales) son conscientes de que el centro de gravedad global resultante de la actividad económica se está trasladando del Atlántico Norte a Asia. Y China, en concreto, no sigue el patrón del eurocentrismo.
Damos por hecho que nuestro concepto ‘occidental’ de ciudadanía -que considera a una persona como miembro de un estado, titular de derechos civiles y políticos, y sometido a sus leyes- es universal. Incluso el patrón de la democracia occidental era el más exportable. Pero China, que dentro de poco será la primera potencia económica mundial, y tal vez científica, no sigue ese patrón de gobernanza. En la práctica, el patrón democrático occidental empieza a ser cuestionado, por ejemplo, por lo que allí está pasando.
Y a la ONU -nuestra única ‘autoridad’ verdaderamente global- y a su actual secretario general (que ahora es europeo), ni está ni se le espera. Es muy significativo que si entras en la web de la ONU en español y cliqueas sobre el epígrafe ‘Liderazgo’, saltas a una página que dice “Forbidden”, que significa ‘vetado’ o prohibido. Será momentáneo o casual, pero es muy ilustrativo.
En cuestión de derechos de derechos digitales (aún inexistentes), ciudadanía e intimidad habrá que volver a no dar nada por hecho en este mundo global hipertecnologizado. Al parecer, bien entrado el siglo XXI, no habrá que dar ninguna conquista ciudadana ni derecho humano conseguidos por definitivos. Y habrá que luchar por mantenerlos.