Los dirigentes públicos suelen ir muy por detrás de la revolución tecnológica. ¿Todos? No, ya sabemos que en Hacienda siempre son los primeros en pillarlas al vuelo. Este año han incluido a las fintech y a las criptomonedas en el Plan Anual de Control Tibutario, que copia los párrafos de 2018 referidos al comercio electrónico. Evidentemente, la Inspección desempeña un servicio público principal, pero los políticos que la dirigen ya es otra cosa. Los que llevamos varias décadas en información económica sabemos que muchas veces el afán recaudatorio ha primado sobre otras consideraciones. Hoy, ya digo, se pone la lupa sobre las deducciones por gasto en I+D, cuentan los fiscalistas. Una buena excusa para revisar el laberíntico sistema en el que acaban atrapadas las pymes que quieren hacer innovación.
Las deducciones por I+D son muy atractivas porque existe la posibilidad de solicitar el abono del crédito fiscal que se genera. Esto gusta. La clave, y aquí es donde tenemos que ver si la regulación va al ritmo del cambio tecnológico, es el proceso de verificación. Para obtener la calificación, vale un Informe Motivado Vinculante (IMV) emitido por el Ministerio de Economía, el CDTI, la OEPM o cualquiera de los otros entes autorizados. También se puede hacer una Consulta Vinculante a la propia Administración Tributaria (AET). Pero ni por esa vía ni por la otra se obtiene el visto bueno al importe del gasto en I+D, ojo, sino que sólo se verifica que la actividad es I+D. Para justificar la cantidad de dinero se puede solicitar también a la AET un Acuerdo Previo de Valoración o se pueden aportar certificaciones de terceros, no vinculantes. Estamos, recordémoslo, en el paso previo a iniciar el proyecto innovador, llevamos meses intentando justificar la deducción y la última palabra la tiene Hacienda.
Existe la posibilidad de obtener un Informe Motivado Exprés si has recibido la certificación de Pyme Innovadora que expide el Ministerio de Economía. También aquí hay diversas vías de entrada: haber recibido ayudas públicas, haber patentado, haber obtenido IMV en los tres años anteriores o contar con alguno de los certificados específicos de AENOR. Pero es discutible, conociendo el proceso administrativo, tener la garantía de que alguien con pleno conocimiento de la revolución tecnológica y de las tendencias clave monitorice el asunto.
He aquí la prueba: apenas hay 2.973 Pymes Innovadoras inscritas (y muchas ni siquiera han pedido renovar su calificación desde que caducó en diciembre de 2018). La impresión es que todo el sistema está diseñado para autosostenerse. Dos ejemplos: la Xarxa Emprèn de Cataluña tiene 192 entidades adheridas; Emprenemjunts, en la Comunidad Valenciana... ¡428! El medio es el mensaje, la Administración y sus entes son el fin de las políticas de innovación, ya lo dijo McLuhan.
Eugenio Mallol es director de INNOVADORES