Tras la ilusión generada por el lanzamiento de los fondos ”NextGen” y el buen trabajo realizado para identificar las áreas prioritarias de inversión y los programas que deben recibir financiación, las Administraciones se encuentran ahora ante el desafío colosal de ejecutar estos fondos y de repartirlos entre las empresas. Pero si tenemos en cuenta la magnitud del programa y la histórica lentitud de la absorción de los fondos europeos -en torno al 40% en el séptimo año del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el caso de los FEDER-, ¿seremos capaces de materializar el nuevo maná europeo?

Y, de ser capaces, ¿llegará el dinero a las pymes?

Quienes tienen en sus manos esta gran responsabilidad son, por un lado, las “Entidades Decisoras” (departamentos ministeriales contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tienen como “Autoridad Responsable” al Ministerio de Hacienda y Función Pública) y, por otro, las “Entidades Ejecutoras” (organismos públicos que ejecutan los proyectos, como comunidades autónomas, entidades locales, departamentos ministeriales o empresas públicas o semipúblicas que tienen experiencia financiando la economía como el ICO, SEPI, COFIDES, SEPIDES, ENISA, CDTI o las Cámaras de Comercio).

Si escuchan las dificultades que están encontrando las pymes, estas entidades pueden adaptar sus procesos para servirlas mejor e impulsar de este modo la esperada recuperación económica. Veamos lo que dicen las pymes.

Según Cepyme, el 66% de las pymes no esperan contar con fondos europeos para acometer inversiones y, lo que es peor, el 29% piensa que el Fondo de Recuperación es un obstáculo, ya que serán menos competitivas si no acceden a ellos. Este sentimiento de frustración se debe, por una parte, a los interminables trámites exigidos, a la complejidad de los procesos de decisión en las Administraciones y a la opacidad de los modelos por los que se conceden la financiación, en los que, salvo excepciones, los criterios de evaluación financiera no se hacen públicos.

Así, el 72% de las pymes considera que la carga burocrática supone un obstáculo y el 44% no entiende los requisitos de elegibilidad o no crea cumplir con ellos. Por otra parte, la media de los plazos para presentar ofertas a licitaciones se sitúa en 24 días, lo deja fuera a muchas pymes que no acceden a tiempo a la información. Esto no solo genera un perjuicio a las empresas, sino que reduce los porcentajes de ejecución, ya que no llegan a presentarse suficientes proyectos.

Como organización, proponemos tres medidas de fácil implementación para mitigar la sensación de opacidad y la lentitud y aumentar el acceso de las pymes a los fondos "NextGen":

1. Que las reglas de elegibilidad estén claras, en particular los criterios financieros. Es necesario que las llamadas "Entidades Ejecutoras", que tienen modelo de evaluación propio, publiquen su metodología de evaluación y motiven por escrito las conclusiones a cada solicitante. Además -como ya hacen SEPIDES, COFIDES, el Instituto Valenciano de finanzas y otras entidades autonómicas y estatales- deben admitir la calificación crediticia emitida por una agencia de rating como criterio para evaluar la “viabilidad económica” de las empresas solicitantes.

2. Que se aceleren los procesos de evaluación dentro de las "Entidades Ejecutoras" a través de una mayor protección de los funcionarios que toman decisiones, tanto aumentando plantillas – como acaban de publicar SEPIDES e IDAE– como utilizando estándares de mercado para las evaluaciones, como la calificación crediticia.

3. Que se alarguen los plazos de las convocatorias siguiendo el ejemplo de IDAE, ENISA o CDTI, que cuentan con plazos para la presentación de convocatorias de dos meses de media. A su vez, las pymes tendrían que ser más proactivas e informarse a través de las consultoras especializadas en financiación pública, agrupadas en torno a asociaciones como AFIDI o AECEM, entre otras.

La calificación crediticia agiliza considerablemente la toma de decisiones y aporta la necesaria objetividad y transparencia a todo el proceso de decisión de las Entidades Ejecutoras. Para emitir una calificación sobre una empresa, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad empresarial cuyas conclusiones se describen en un informe y se sintetizan en una letra (AAA, AA, A, BBB, BB,.) que refleja su probabilidad de impago.

El hecho de que esta calificación sea emitida por una agencia sometida a una fuerte regulación y supervisión por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), asegura la calidad e independencia de esta calificación. Además, la reiteración en el tiempo de la calificación permite hacer un seguimiento y medición del impacto que los fondos tienen sobre las empresas y sus sectores productivos. Teniendo en cuenta estas ventajas, en 2022 ya hay programas por 2.385 millones de euros de financiación pública en los que se ha incluido una calificación como criterio de ayuda a la decisión en España. En Francia, son 12.700 millones de euros.

Hay margen de mejora, pero no hay tiempo. “Tú podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará”, decía Benjamin Franklin. Si queremos acelerar la recuperación económica es el momento de adoptar fórmulas de gestión inteligentes que permitan invertir al mayor número de empresas en el plazo más breve posible con las garantías adecuadas. Insto a "Entidades Ejecutoras" y "Entidades Decisoras" a incluir las buenas prácticas existentes en sus órdenes de bases y convocatorias y a innovar con otras, multiplicando así el efecto de una gestión pública adecuada a las necesidades del momento.

*** Alberto Sánchez Navalpotro es CEO de INBONIS Rating y experto del Comité Económico y Social europeo para “Recapitalizar las empresas”.