Ya Pitágoras nos recomendó edificar sobre el presente lo que ha de ser una realidad futura. España se ha fijado como objetivo que la inversión en I+D+i alcance el 3% del PIB en 2030. Más de 80 entidades lo respaldamos en el marco del Pacto por la Ciencia. Pero sabemos que no se conseguirá sólo con un esfuerzo del sector público.

La inversión empresarial es fundamental para impulsar la innovación y que su transferencia a la sociedad sea eficiente y sostenible. Ciertamente, necesitamos mecanismos y medidas para estimularla, pero tampoco se nos debe escapar que algunos ya los tenemos. Es cuestión de aprovecharlos y utilizarlos bien.

En efecto, los incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades son uno de los mejores instrumentos para fomentar la innovación. De hecho, suponen la mitad del apoyo público a la inversión en I+D+i en la OCDE. La Unión Europea los está impulsando como palanca dentro de las políticas de transformación y recuperación.

Así, Alemania, uno de los países del mundo que más invierte en I+D, decidió en 2020 incorporar esas deducciones para impulsar aún más las inversiones. Lo mismo hizo Finlandia en 2021, mientras que Italia canaliza a través de este instrumento la mayor parte de su Plan de Recuperación. Según estima la OCDE, por cada euro que Hacienda deja de recaudar por estos incentivos, la inversión crece en 1,4 euros. La autoridad española independiente en materia fiscal, AIReF, eleva ese retorno a 1,5 euros.

Sin embargo, el esquema español presenta restricciones que dificultan la aplicación efectiva de los incentivos fiscales a la I+D+i. Evidencia de ello es que anualmente se generan 1.100 millones de euros en deducciones fiscales, pero debido a las limitaciones determinadas por la ley, apenas se terminan aplicando 300 millones. Por dar algún ejemplo indicativo, en Italia se generaron en 2019 más de 2.800 millones de euros por deducciones por I+D+i; en Francia, 6.700 millones; en el Reino Unido, casi 7.000 millones de libras.

Hace unos años, España apostó por el mecanismo de la monetización para las deducciones no aplicadas por insuficiencia de cuota. Pero lo hizo con letra pequeña, imponiendo requisitos que las empresas que no saben si cumplirán hasta años después de solicitar la monetización. Ello se traduce en una merma de un 20% en el incentivo y en que la empresa deba esperar hasta un año y medio para recibir el dinero.

En este sentido, hay que recordar que competimos por atraer inversiones con países como Francia, que lo devuelve en seis semanas para empresas en dificultades, o con Reino Unido e Italia, donde la deducción de I+D no aplicada por exceso de cuota en el impuesto sobre sociedades puede utilizarse para reducir otros impuestos que pagan las empresas.

En general, se echa de menos en España una regulación eficaz para que las decisiones de inversión en innovación no dependan del criterio administrativo y sus posibles interpretaciones. Necesitamos reforzar el ecosistema de financiación de la I+D+i con la seguridad de que se hace conforme a unos parámetros comunes, claros y estandarizados, lejos de incertidumbres en la interpretación que impacten negativamente en la iniciativa inversora y emprendedora.

Para hacernos una idea, invertir el 3% del PIB en I+D cada año podría traducirse en un retorno a la economía y la sociedad de entre 60.000 y 110.000 millones de euros, tanto o más que los fondos Next Gen EU que ahora estamos recibiendo. Pero sólo sería posible si las empresas acometen dos tercios de esa inversión, es decir, el 2% del PIB frente al 0,7% actual.

Es ahora cuando tenemos la oportunidad de reforzar la posición de España como un país atractivo para la inversión en I+D, dotado de seguridad jurídica y mecanismos estables. Para ello, merecería la pena valorar medidas como: (1) excluir las deducciones por I+D+i de las limitaciones que ahora dificultan su aplicación (por ejemplo, el mantenimiento de la plantilla a la que afecta), incluyendo las impuestas en el régimen de tributación mínima, a fin de que las empresas puedan aplicar la mayor parte de esos 1.100 millones generados anualmente.

(2) Promover la monetización y suprimir o reducir la penalización del 20%, incluso utilizando los fondos europeos para permitir la monetización con carácter retroactivo; (3), igualar la deducción por innovación tecnológica a la de la I+D, como de hecho sucede en otros países de la OCDE; (4) regular normativamente la transferencia de los créditos fiscales a potenciales inversores y financiadores, a ser posible de manera directa; y (5) reducción de la carga administrativa de la acreditación, en línea con otros países de la OCDE

Más allá de las políticas ambiciosas que se acometan, que pasan por entender la innovación como una cuestión de Estado, haríamos bien en empezar por los cimientos que apuntalen nuestro proyecto. Los incentivos fiscales a la I+D son la primera y básica herramienta que tenemos para estimular la inversión empresarial. Todo lo que queramos construir por encima, debería sustentarse en esa base. La buena noticia es que la tenemos. Lo que necesitamos es cuidarla, mejorarla en lo posible y hacerla crecer. Para edificar sobre ella una realidad futura, próspera e ilusionante.

*** Soraya Gamonal es directora en Deloitte Legal y miembro del Grupo Fiscal de la Fundación I+E.