Todos los grandes nombres españoles de la digitalización se dejaron ver la semana pasada por Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Allí se celebró la última Conferencia Ministerial de la OCDE sobre economía digital, a la que asistieron mandatarios para la transformación digital de unos 60 países.

Siendo la primera vez que se celebraba en España esta cumbre, la presión por dar una buena impresión era máxima. Una vez más, lo hemos conseguido. Además del atractivo del destino en sí, los organizadores -incluidos el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Cabildo de Gran Canaria- quisieron redondear el programa de debates y “workshops” con líderes políticos que suele convocar, completándolo con un “stakeholders day” previo, una gran cena institucional con presencia del Rey, un espacio de stands y una variedad de sesiones en las que el sector privado tuvo la ocasión de expresar su opinión sobre los grandes retos humanísticos que plantea la digitalización.

Hubo tiempo para reuniones bilaterales y multilaterales, de nuevo, no sólo entre gobernantes sino también entre éstos y el sector privado. El hecho de que la vicepresidenta Calviño dedicara un tiempo a reunirse y a escuchar a las tres grandes asociaciones empresariales del sector digital en España, Adigital, Ametic y DigitalES, denota nuevamente voluntad por avanzar en una colaboración público-privada que se antoja imprescindible para ejecutar con éxito el Plan de Recuperación.

También hubo espacio para acuerdos de calado internacional. A destacar, y aquí me quiero detener, la Declaración por un Futuro Digital Confiable, Inclusivo y Sostenible. Es justo señalar que España lleva siendo punta de lanza en el ámbito de los derechos digitales durante quince años. Ya en 2007, entró en vigor la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Por primera vez en España, pero también en toda Europa, esta Ley reconocía vez el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Más recientemente, el Gobierno aprobó la Carta de Derechos Digitales, antesala de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, firmada el pasado enero.

El siguiente paso, que llevará más tiempo, será trasladar todas esas buenas intenciones para la protección de los llamados “derechos digitales” a los ordenamientos legislativos de los diferentes países. La Unión Europea pretende mantener su voz diferencial como salvaguarda de los derechos de los usuarios, a la vez que lidia con la lentitud a la que aboca un sistema tan garantista.

En cierto modo, estas Declaraciones -la española, la europea y finalmente la adoptada el jueves pasado por la OCDE- chocan con la rigidez de los esquemas de gobernanza imperantes porque aspiran a derrocarlos. El “dilema de Collingridge” nos ha estallado en las narices. Ya en el año 1980, David Collingridge escribió sobre la gran paradoja de regular la tecnología: los impactos de una innovación tecnológica no pueden predecirse hasta que ésta se desarrolla y utiliza ampliamente, y llegados a ese punto controlarla se convierte en algo mucho más difícil y costoso.

La buena noticia es que la paradoja que detectó Collingridge es común para todos, y que Europa -y España, fortalecida tras la Conferencia Ministerial de la OCDE- lleva la delantera. Con la celebración exitosa de cumbres como ésta, constatamos que los debates de alto nivel sobre el impacto de la digitalización pueden tener cabida en las agendas públicas de muchos países. Confirmamos, también, que la colaboración público-privada tiene un encaje perfecto con estas agendas.

Como decía al inicio de estas líneas, la localidad de Maspalomas se convirtió, durante unos días, en el epicentro del mundo digital. Aprovechemos la propulsión de los acuerdos y de la buena imagen proyectada al exterior para alzar a España como el referente en la gobernanza de la digitalización que puede llegar a ser.

***Elena de Arrieta Palacio es directora de Comunicación de DigitalES