Las necesidades sociales, presentes en el día a día de cada uno de los países en el mundo, son cada vez más complejas y difíciles de resolver. Destinar recursos e instrumentos para su gestión es imprescindible si queremos, por ejemplo, cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Las fundaciones llevan mucho tiempo haciéndolo. Tienen la capacidad, experiencia y legitimidad para ello con un impacto económico de más de 27.000 millones de euros anuales generados por sus actividades de interés general que alcanzan con sus actuaciones a más de 43 millones de personas.

Entre estas actividades se encuentran las relativas a cumplir objetivos sociales, culturales o medioambientales. En este sentido, podemos decir con orgullo que son actores principales, a veces únicos, en el impulso de proyectos sociales en fases muy incipientes, como capital filantrópico. Como ejemplo, el papel de las fundaciones en la investigación básica, sólo superada por la inversión pública.

Para dar respuestas a todas esas problemáticas sociales y a su complejidad, se necesita un abordaje y una visión amplia que aúne la cooperación entre el sector público, las entidades sociales y también el capital financiero. En este contexto, la inversión de impacto ha venido a sumarse, precisamente, como un instrumento financiero con gran potencial para abordar esos retos.

El sector social ha ido adoptando desde hace mucho tiempo fórmulas de financiación y gestión que hagan sostenible su misión acudiendo a fuentes complementarias de donaciones y subvenciones. Para prestar servicios accesibles a colectivos que, de otra manera, no serían atendidos por otros actores del mercado y a los que las instituciones públicas no llegan si no es con la colaboración de las propias organizaciones sociales.

Desde esta perspectiva la inversión de impacto representa un paso más en el proceso de innovación financiera de las fundaciones porque permite financiar proyectos sociales sin buscar lucro o retorno financiero, pero recolocando recursos en iniciativas que continúen generando un beneficio social. La inversión de impacto tiene además un gran potencial para paliar las dificultades que tradicionalmente ha tenido el sector no lucrativo en el acceso a las fuentes financieras.

Además, la inversión de impacto nos permite reformular, reforzar o repensar las fórmulas de colaboración público privada e ir más allá y contribuir al desarrollo de lo que últimamente se denomina, por sus siglas en inglés, PPPP  - Public Private Philanthropy Partnership (PPPP) for People and Planet – entendida como un partenariado a largo plazo en el que el sector público, privado y filantrópico alinean y combinan sus recursos singulares y sus palancas para llevar a cabo la transformación social.

Así, a los recursos filantrópicos y a los inversores sociales se suman instrumentos públicos como el recién creado Fondo de Impacto Social que, canalizando fondos procedentes del Plan de Recuperación, es un instrumento financiero público que tiene como objetivo apoyar la inversión de impacto en España y reforzar el ecosistema de emprendimiento social.

Volviendo a lo que nos atañe, entre los diferentes roles que pueden jugar las fundaciones en la inversión de impacto, se encuentra el de apostar por modelos de financiación innovadores y probar si son posibles y generan resultados. Por otro lado, es una oportunidad para alinear su misión y sus inversiones financieras, multiplicando así su impacto.

En este sentido, las fundaciones están muy por delante de otros actores en lo referido a inversión de impacto. Según estimaciones de SpainNAB, al cierre de 2022, los activos bajo gestión de la inversión de impacto alcanzaron los 1.208 millones de euros, con un crecimiento del 58% respecto al año anterior. De este total, las fundaciones gestionaron 236 millones de euros.

Además, me gustaría destacar la importancia de ese capital para financiar proyectos mundiales. Aunque el estudio se centra en la oferta de capital privado gestionada desde España, el destino del capital puede tener alcance internacional, principalmente en países del sur global. En este caso, el 10% de los activos reportados por las fundaciones se destinaron a África.

Muestra de este interés es la creación en los últimos años de varios fondos de fundaciones, participados por estas entidades y dirigidos, por ejemplo, al fomento del emprendimiento de colectivos infrarrepresentados y con muy difícil acceso a la financiación. También las numerosas iniciativas de formación en torno a la inversión de impacto.

Además de generar un impacto positivo medible, en la inversión de impacto el objetivo de preservación del capital invertido es innegociable. En este punto, las fundaciones tienen que trabajar en buscar un equilibro en el trinomio rentabilidad-riesgo-impacto. Aun así, de acuerdo con datos de citado informe, el retorno financiero promedio de la inversión para las fundaciones fue del 4% en 2022.

En definitiva, las fundaciones son patrimonios afectos a un fin de interés general y uno de los retos es preservar ese patrimonio y generar una rentabilidad que permita cumplir su misión. Pero si esa inversión busca intencionadamente y logra un impacto social, el impacto es doble.

Por tanto, es posible afirmar que la contribución a la mejora de la sociedad y la obtención de rentabilidad financiera son compatibles. Se puede conseguir un efecto social o medioambiental y también obtener un retorno financiero. Se puede y se está haciendo.  

***Isabel Peñalosa es directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica en la Asociación Española de Fundaciones.