La COVID-19 ha trastocado nuestra cotidianidad por completo, en muchos casos de forma dramática. Pero, al mismo tiempo, puede suponer una oportunidad con la que nunca hubiéramos podido soñar. Es el caso de la tan manida transformación digital: el confinamiento ha demostrado nuestras fortalezas y carencias en materia tecnológica, así como nuestra excesiva dependencia de sectores como el turismo, débiles ante eventos extraordinarios como el que hemos vivido. Si a este diagnóstico, que no es nuevo pero sí más acusado que nunca, le unimos los 140.000 millones de euros prometidos por el fondo de rescate europeo a España, la oportunidad que tenemos para reconstruir nuestra dañada economía sobre los pilares de la digitalización parece como un regalo caído del cielo.

Pero antes de descorchar el cava y celebrar el paso a un país destacado en la industria digital, toca reflexionar sobre cómo haremos esa transición y, lo que es más importante, plasmar esa hoja de ruta en un documento que marque el camino no ahora, al calor de este extraño momento, sino en el medio y largo plazo. Ahí es donde entra en juego la imperiosa necesidad de una Agenda Digital, de la que España carecía desde 2013. Hablamos en pasado porque esta semana el Ejecutivo ha dado a conocer la suya: un marco muy general de proyectos e iniciativas que han de ser concretadas posteriormente, pero a las que se les pone una cifra económica nunca antes vista: 140.000 millones de euros movilizados entre capital público y privado en cinco años. La misma cantidad, casualmente, que el total de dinero que Europa nos va a entregar para nuestra reconstrucción tras la COVID-19.

Como en anteriores planes, dos son los cimientos que sostienen el resto de iniciativas, que nos permitirán forjar los hierros de un país verdaderamente digital. La primera de ellas es la conectividad. En ese terreno, en el que nuestro país es referente internacional, la nueva Agenda Digital promueve universalizar la banda ancha de 100 Mbps (actualmente con alcance al 89% de la población) y, especialmente, acelerar el despliegue de la 5G para convertir nuestro país en una potencia que aproveche antes que nadie estas capacidades.  En el horizonte, el Ejecutivo se ha marcado como objetivos la liberación del segundo dividendo digital, la asignación de las bandas de frecuencias prioritarias para 5G en 2021, seguir llevando a cabo proyectos piloto con esta tecnología y, al mismo tiempo, desarrollar tanto una normativa de ciberseguridad (específicamente pensada para el mundo del IoT) como los llamados corredores de transporte 5G.

Al respecto, Alicia Richart, directora general de DigitalES, recuerda que "somos el tercer país del mundo con mejores infraestructuras de conectividad, el mejor de la UE. Y todo realizado con el 100% de las inversiones de carácter privado, a diferencia de otras infraestructuras del país. En el caso de la 5G, todavía no conocemos sus casos de negocio, pero siempre suele ir primero la tecnología y luego llegan las oportunidades. Y parece que va a ser muy prometedora en temas como el coche autónomo o la salud". Por su parte, Ángel Niño -concejal de Ciudadanos en Madrid y responsable de emprendimiento e innovación en este consistorio- reconoce que "el avance en la digitalización siempre es una buena noticia para un país como España, sobre todo en estos tiempos en los que se ha demostrado la mejor forma de seguir trabajando. Es necesario que desde las Administraciones Públicas busquemos en la máxima eficiencia de nuestros recursos, y eso sin duda pasa por la transformación digital. Sin duda, si hay un factor determinante para el posicionamiento de España como un país innovador, es la implantación de la 5G, por eso es muy buena noticia que sea uno de los focos en los que la Agenda ha puesto el foco".

El segundo de los pilares maestros es la educación en competencias digitales, la sempiterna asignatura pendiente de nuestro país. En estos momentos, apenas el 57% de la población tiene "competencias digitales básicas", lo que imposibilita una verdadera transformación tecnológica que sea inclusiva. "Con las nuevas tecnologías nos jugamos el futuro de la economía, ser competitivos en Europa y en el mundo. Por tanto, es preciso que se aprendan desde la escuela, con planes educativos innovadores, que pueden venir de la mano por ejemplo de los videojuegos, una industria que es pionera en España", destaca Javier Puente, senador cántabro del PP y portavoz de Transformación Digital en esa cámara. "El reto formativo no se limita a la escuela: hay que fomentar la formación digital en pequeñas y medianas empresas, también en entornos rurales, impulsando foros de conocimiento e intercambio de buenas prácticas. Es una inversión que puede tener un retorno económico más rápido de lo que pensamos".  La respuesta en la Agenda Digital a esta demanda tan acuciante viene en forma de un Plan Nacional de Competencias Digitales e iniciativas para afianzar estas materias en escuelas y universidades.

Una economía digital

Una vez tendidas esas bases, lo importante llega a continuación: desarrollar un tejido económico que las use para ofrecer (e incorporar) tecnologías digitales en toda la cadena de valor y áreas productivas. El presidente de la patronal Ametic, Pedro Mier, viene reclamando este pilar de la reconstrucción en clave innovadora desde hace varios años:  "Hay que hablar de reindustrialización, sin duda, pero no en el sentido de reconstruirla sino de reinventarla, de rediseñarla con tecnologías del siglo XXI como la robotización, la gestión de datos, la IA o la microelectrónica".  Su entidad, de hecho, es la precursora de los llamados ‘proyectos tractores’, iniciativas de gran calado que ayuden a la transformación digital de sectores tradicionales, ahora incluidos como una de las medidas estrella de la nueva Agenda Digital. 

En concreto, el documento recoge la necesidad de impulsar la innovación digital en los sectores de salud, agroalimentario, movilidad, turismo y comercio mediante tecnologías que abarcan el Big Data, el blockchain o la digitalización de los procesos internos y operativos. Cada uno de estos proyectos tractores será desarrollado por un plan específico que detalle su impacto en términos de empleo, innovación en cadena y repercusión sobre otros verticales. Igualmente, y dado que el objetivo es abordar tecnologías de vanguardia en estas lides, el Gobierno especifica la necesidad de contar con ‘sandboxes’ en las que poder probar nuevos modelos de negocio sin temor a las limitaciones regulatorias habituales. Una vieja demanda esta, principalmente en el campo financiero, que ahora podría materializarse en la misma línea que otros países vecinos.

Tanto esos proyectos tractores, como en este ejercicio general de reimaginar nuestra economía del presente y futuro, estarán marcados por una tecnología concreta que promete cambiarlo todo: la inteligencia artificial. "Hemos puesto un especial foco en la reindustrialización digital, en modelos basados en datos que complementen a las industrias tradicionales, en incorporar la IA en la cadena de producción ya existente y en desarrollar nuevos sectores científico-técnicos en el país", explica al respecto Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y artífice de gran parte de esta nueva Agenda Digital. Un documento en el que se recoge, por ejemplo, en el que se recogen algunos ambiciosos objetivos como aumentar hasta el 25% el número de empresas patrias que usan esta técnica en sus negocios (actualmente el porcentaje ronda el 15%) o aumentar el número de profesionales expertos en IA, datos y ciberseguridad hasta los 20.000 para 2025. Para lograrlo, el Ejecutivo va a impulsar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (paralizada por el cambio de ministerios, de Ciencia a Economía, primero, y por la COVID, después), la creación de un CDO nacional o el recién anunciado Consejo Asesor de IA.

Otro de los aspectos no menores en el futuro tecnológico y que nos devuelve al aspecto inicial de las infraestructuras son los centros de datos, el epicentro de la magia digital de nuestros días. Estas grandes instalaciones suponen un importante catalizador de innovación e implican enormes inversiones de capital; oportunidades que no queremos (ni podemos) dejar pasar. Y si en los últimos tiempos han sido compañías como Google, Microsoft o Amazon Web Services las que han anunciado sus intenciones de desplegar CPDs en nuestro país, ahora el Gobierno sitúa este tema como una prioridad en sus planes de trabajo y no sólo para ser el suelo de los grandes de Norteamérica, sino también para liderar iniciativas de autoría propia. Literalmente, el documento señala que "España desempeñará un rol activo para formar parte de los espacios compartidos de la European Cloud Federation y para potenciar un espacio ibérico, junto a Portugal, que impulse el desarrollo de tecnologías avanzadas de computación de datos: HPC, computación cuántica o edge computing  (…) Es irrenunciable apostar por la disponibilidad de datos y la innovación digital a nivel europeo, y desde España se trabajará para desarrollar alianzas en este sentido, impulsando las inversiones privadas en data centers y situando al país como un hub de negocios alrededor del espacio cloud europeo".

Un país emprendedor

Pero toda gran empresa fue, en algún momento, poco más que el sueño de un visionario que vio una oportunidad de hacer negocio con una idea innovadora. Y hoy en día, con los vientos de cambio acelerado y la velocidad de crucero de la tecnología, estos proyectos emprendedores son más importantes que nunca. Países como Israel o Suecia han conseguido rediseñar su economía a hombros de las startups, en un modelo conocido como 'startup nation' que muchos otros -como Francia o Noruega- han tratado de imitar por el camino. En el horizonte: robar algo de protagonismo al dominio de Silicon Valley y China en la arena digital.

España no es una excepción a esta tendencia: desde hace años viene consolidándose un pujante ecosistema innovador que, sin embargo, sigue por debajo de la media europea en tasa de creación de nuevas empresas. También adolecemos de un fallo estructural en la transferencia de conocimiento científico al plano empresarial y de una notoria falta de inversión del capital riesgo, especialmente en la fase de ‘scale-up’. "Las startups han vivido muy separadas de la Administración Pública y era necesario fomentar el conocimiento mutuo entre ambos mundos", reconoce Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora. Esta misión de país, que ha tomado como suya Pedro Sánchez, tiene como ambiciosa meta que seamos una referencia internacional en menos de diez años.

Para ello, y a la espera de que se concrete esa estrategia a lo largo de este año, la Agenda Digital ya materializa algunas de las iniciativas emprendidas por el propio Polo en su anterior etapa en la Secretaría de Estado de Avance Digital. Entre ellas, destaca la Ley de Startups, una aspiración tradicional del ecosistema emprendedor, que incluye una definición clara de lo que es una startup, acompañada a su vez de incentivos fiscales que fomenten la "atracción y retención del talento" (mediante ‘stock options’, por ejemplo) y buscar que nuestros emprendedores sean más atractivos a ojos de los grandes VC, locales y extranjeros. Pero no solo eso: en el documento anunciado esta semana vemos también otras iniciativas como ayudas en la Seguridad Social, la posible creación de un visado de startups y la digitalización de los tediosos procesos de identificación de las entidades inversoras extranjeras y la formalización de inversiones. Asimismo, también se ha anunciado la creación de una Oficina Nacional del Emprendedor, "una ventanilla única online de la Administración de cara a los emprendedores", explica Polo, cuyas funciones se irán ampliando con el tiempo hasta ser un apoyo realmente útil en el ciclo de vida de una startup.

En cuanto a la financiación pública de este ecosistema innovador, el Gobierno plantea "la creación de un fondo público-privado que, junto con fondos privados, invierta en pymes y en startups tecnológicas con alto potencial de crecimiento y creación de empleo", profundizando en la actual tarea encomendada al Fond-ICO.  Además, se intensificará la cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones para hacer frente a las necesidades de capital de los proyectos más maduros que están a las puertas de su consolidación e internacionalización.

Administración digital

Por último, pero no por ello menos importante, está la propia modernización de la Administración. La misma secretaria de Estado Carme Artigas reconoce abiertamente que "no se pueden impulsar las capacidades digitales de España sin antes modernizar el sector público". Y es que, pese a que el informe DESI sitúa nuestra Administración electrónica como una de las mejores del Viejo Continente, lo cierto es que los trámites del día a día se convierten en una odisea para muchos ciudadanos, con interfaces obsoletas, problemas de accesibilidad e incluso absurdos mayúsculos, como el uso de certificados digitales para acceder de forma segura a los servicios públicos pero que exigen el uso de navegadores que ya ni existen ni disponen de seguridad alguna.

Con este reto de ser útiles a los ciudadanos y servir de motor a la innovación en nuestro país, la Agenda Digital plantea varias iniciativas a seguir para la modernización de todo su entramado.  Entre ellas destaca la App Factory, un proyecto para el el desarrollo de servicios personalizados a la ciudadanía que se aprovechará del impulso en materia de centralización de datos y el uso de la inteligencia artificial para mejorar los canales de comunicación con los españoles. Canales que, además, serán más móviles que nunca: el Gobierno se ha planteado como meta pasar del 10% de servicios públicos actualmente disponibles en forma de app al 50% para 2025.

Igualmente, se modernizará todo el ‘backoffice’ de la AAPP con el fin de llevarlo hacia la nube híbrida y poder responder, de este modo, a picos de demanda sin que haya interrupciones ni problemas de ningún tipo. Del mismo modo, el documento plantea una mejora del marco regulatorio de la Administración Digital y la creación de un laboratorio de innovación, denominado GobTechLab, para probar nuevas tecnologías que hagan frente a demandas imprevistas por parte de la sociedad.