Esta será, probablemente, la última entrevista que conceda Alicia Richart en calidad de directora general de la patronal DigitalES. Han pasado tres años y medio desde que creó esta asociación para dar mayor representatividad a las empresas del ecosistema de las telecomunicaciones en España. En los próximos días los miembros de DigitalES designarán a un sustituto y la asociación arrancará una nueva etapa. Richart, por su parte, recuperará algo del tiempo que va a necesitar como nueva country manager de Afiniti en nuestro país. 

De sus retos y ambiciones como nueva directiva de esta empresa de inteligencia artificial hablaremos en otro artículo, más adelante. Hoy toca hacer balance de estos últimos tres años y medio, de los logros que han alcanzado las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales en este tiempo y de las problemáticas que se han quedado pendientes. 

En cifras, el balance es el siguiente: DigitalES arrancó con 15 asociados y hoy representa a 60 compañías, entre telecos, empresas de infraestructuras digitales, consultoras y algunas firmas tecnológicas como VMWare, HP o IBM. En estos tres años y medio, la asociación ha participado en 70 consultas públicas, tanto en España como en Europa, y ha presentado 110 enmiendas al Congreso de los Diputados, de las que, a día de hoy, el 60% han sido aceptadas. 

Pero la historia de un “despacho de lobby”, parafraseando a la propia Richart, no se puede medir solamente en números. “Uno de nuestros mayores éxitos ha sido contribuir a introducir la digitalización y la conectividad en la agenda política, ya desde la presidencia de Mariano Rajoy y ahora como uno de los ejes fundamentales del programa de Gobierno de Pedro Sánchez”, afirma. 

En el plano regulatorio, además de las mencionadas enmiendas y consultas públicas, DigitalES ha trabajado activamente la relación con las diferentes administraciones. No en vano, estamos a las puertas de la aprobación de nuevos marcos jurídicos para las telecomunicaciones, el sector audiovisual, la ciberseguridad y hasta la fiscalidad digital. DigitalES ha sido también testigo de la primera subasta de espectro dirigida a asignar los tramos que ocuparían las primeras redes 5G -en verano de 2018-, del Segundo Dividendo Digital -concluido en septiembre- o de sucesivos planes estatales de subvenciones para la extensión de la banda ancha. 

A medida que vamos conversando sobre todos estos asuntos, la directora general de DigitalES da una de cal y una de arena al Gobierno. Arrancamos con la arena…

Fiscalidad, 5G y brecha digital: cada cosa en su sitio

Richart asegura que el balance de la actividad de DigitalES hasta el día de hoy es “muy positivo”. Para empezar, España cuenta con una de las redes de acceso a Internet con mayor calidad y capilaridad del mundo. Sin embargo, la ola de la digitalización avanza tan rápidamente que sería un error acomodarse y no mirar hacia delante. Y, de cara al despliegue de las futuras redes 5G, quedan varios importantes flancos abiertos. El primero, el de la fiscalidad de las empresas de telecomunicaciones. “Los operadores en España están sometidos a una de las fiscalidades más altas de Europa. La presión es casi un 7% mayor que en Francia, Italia o Alemania”, asegura. 

Los operadores en España están sometidos a una de las fiscalidades más altas de Europa. La presión es casi un 7% mayor que en Francia, Italia o Alemania

A esta presión fiscal se suma la cifra que el Estado espera recaudar con la segunda subasta de espectro para el 5G: 2.100 millones de euros, más que la ‘Tasa Google’ y la ‘Tasa Tobin’ juntas. Esta subasta iba a haberse celebrado esta primavera, pero ha sido pospuesta al primer trimestre de 2021 debido a la pandemia. 

En España, el Gobierno asigna licencias de 20 años de duración para el uso del espectro radioeléctrico. El modo de asignarlas viene dado por un proceso de subasta, en la que los operadores privados compiten entre sí. La industria de telecomunicaciones defiende que cuanto más se gasten en impuestos y en la reserva de espectro, menos dinero podrán destinar al propio despliegue de redes. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones Roberto Sánchez ha repetido siempre -desde que ostentaba el cargo de Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, durante la legislatura anterior- que esta nueva subasta no sería “particularmente onerosa”. Sin embargo, los 2.100 millones presupuestados en los PGE 2021 se sitúan en la parte más alta de las cábalas que había hecho el sector. 

Para compensar parcialmente a las telecos, el Gobierno “realizará una reducción temporal de las tasas por reserva de espectro radioeléctrico asociada a compromisos de despliegue 5G”. Así se recoge -sin entrar en mayor detalle- en la nueva Estrategia 5G del Gobierno, publicada la semana pasada. El anuncio no ha conseguido calmar las aguas. “Es algo contradictorio”, opina Richart. “Por un lado, la nueva agenda digital del Gobierno -España Digital 2025- se marca como objetivo acelerar el despliegue de redes 5G, porque las consideran indispensables para la transformación digital de la economía. Pero por otro, a la espera de conocer más detalles sobre cómo será la subasta, nos encontramos con esa previsión recaudatoria… Si la transformación digital es tan urgente y si el 5G es tan estratégico, ¿por qué se lo cobran tan caro a los operadores?”. Y propone: “Sería más lógico que el Estado ofreciera esas licencias a un precio simbólico. Sobre todo, teniendo en cuenta que la recaudación no es finalista. El despliegue del 5G sería sin lugar a dudas más rápido”.

Si el 5G es tan estratégico, ¿por qué se lo cobran tan caro a los operadores? Sería más lógico que el Estado ofreciera esas licencias a un precio simbólico

Pese a todo esto, hay también motivos para el optimismo. “España es el país con más cantidad de proyectos piloto sobre 5G de Europa”, destaca esta ejecutiva, que explica: “Las telecos en España tienen mucho interés por encontrar casos de uso y modelos de negocio interesantes alrededor de estas tecnologías. Sobre todo, en los ámbitos empresarial e industrial. La automoción, la industria química… Hay mucho todavía por probar y por demostrar”. 

Para Richart, en el debate político sobre la conectividad a menudo se mezclan conceptos. “Procurar usar el 5G para cerrar la brecha digital rural es un disparate. No tiene sentido hacer llegar la última generación de redes ultrarrápidas a todos y cada uno de los pequeños pueblos de España. Que les llegue la banda ancha, por supuesto, pero en muchos casos bastaría con velocidades de 30 o de 100 Mbps... Tengo total confianza en que el actual Secretario de Estado, que es un profesional de las telecomunicaciones, sabrá orientar adecuadamente las inversiones”. 

Además, “no toda la conectividad tiene por qué llegar a través de la fibra óptica. El satélite, por ejemplo, alumbra a toda España y puede ofrecer conexión a Internet a empresas y hogares del ámbito rural, a un precio competitivo”, comenta. 

Richart brinda también su apoyo al Gobierno en la “mesura” aplicada con respecto a Huawei y otros fabricantes chinos de tecnologías 5G. “Tenemos confianza en que España cumplirá las leyes europeas de libre competencia, que no permiten discriminar empresas por razón de su país de origen. En mi opinión, todo lo que tiene que ver con favorecer la elección de proveedores y con diversificar riesgos forma parte de la estrategia comercial de cada operador”. 

Canon digital en los tiempos de Netflix y otros desafíos

Cal y arena repartidas a partes iguales para el resto de grandes preocupaciones del sector. Por una parte, Richart considera “un éxito y una decisión justa” que las OTT (como por ejemplo Netflix) vayan a sumarse a las empresas que financian la producción de la obra audiovisual europea. Sin embargo, asegura no entender por qué no se aplica “la misma lógica” a la financiación de RTVE. “Para empezar, habría que entender por qué en España las operadoras de telecomunicaciones tienen que financiar la radiotelevisión pública. Sólo otro país en el mundo, Francia, tiene un modelo parecido. Si el argumento es que las empresas de contenidos audiovisuales tienen que compensar a RTVE porque ésta no recibe ingresos de publicidad, entonces habría que explicar por qué sólo algunas compañías, pero no todas, son las que están gravadas”, apunta. “Mea culpa, porque no he sido capaz de cambiar eso”. 

Otra de los retos pendientes para la nueva directiva de DigitalES es el canon digital. “Es un absoluto despropósito que se siga castigando a los ciudadanos con esta tasa, dada la evolución de los modelos comerciales y el despegue de la suscripción”. El canon digital -o canon por copia privada- grava la compra de aparatos electrónicos y digitales. Esta recaudación la gestionan las entidades de derechos de autor para compensar a los artistas por los elevados índices de piratería que, históricamente, ha habido en nuestro país. 

Y como telón de fondo de todos estos asuntos, dos luchas históricas del sector: la actualización del sistema educativo y la creación de un verdadero Mercado Único Digital en Europa. 

Con respecto al primer punto, la presidenta de DigitalES hace gala de algunos progresos alcanzados durante los últimos tres años y medio en España: “Hemos trabajado muy activamente para la actualización de la educación sobre digitalización, con la introducción de nuevos módulos dentro de la FP, la creación de un nuevo programa de FP Dual, la elaboración de un informe sobre la presencia de mujeres en el mundo digital o la publicación sobre otro informe sobre por qué los jóvenes no escogen carreras STEM (científico-técnicas)”, enumera Richart.

Pero Europa es otro cantar. “La unidad de mercado es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo pero que no se consigue. Y una de las grandes causas por las que en Europa nacen pocos gigantes tecnológicos es que operamos con unos criterios de Competencia propios de una economía industrial, no digital. En nuestro sector existe la regla no escrita de que tiene que haber cuatro players en cada país. En toda Europa hay unos 300 operadores. Es un sinsentido. Limitar las fusiones está evitando que se formen empresas de mayor dimensión; no olvidemos que no compiten entre sí sino con gigantes procedentes de América y de Asia”, expone Richart. “El tamaño es fundamental porque te da mejor acceso al mercado de capitales, a inversores, permite optimizar estructuras, desarrollar productos y servicios… Cada día que pasa sin que esto se resuelva, perdemos competitividad”.

En Europa operamos con unos criterios de Competencia propios de una economía industrial, no digital. Cada día que pasa sin que esto se resuelva, perdemos competitividad

La pregunta del millón: ¿ha merecido la pena?

Como decíamos al comienzo de esta entrevista, Alicia Richart comienza ahora una nueva etapa de su vida profesional, dentro de uno de los campos tecnológicos de mayor potencial: la inteligencia artificial. Su lucha ahora será otra, aunque confiesa que espera “lo mejor” para el futuro de DigitalES. 

Asegura que gestionó la asociación como si de una empresa privada se tratara: “Procuré aplicar un modelo de máxima transparencia sobre nuestra gestión, similar al que aplican internamente algunas grandes empresas. Nos sometimos voluntariamente a varias auditorías, enviábamos con 15 días de antelación las previsiones de los temas a tratar en las reuniones, desarrollábamos modelos de buenas prácticas sobre, por ejemplo, cuestiones de competencia… En definitiva, no teníamos agendas ocultas y los asociados confiaban en nosotros por ello. Y todos los años presentamos superávit”. 

“Los primeros momentos fueron intensos: hubo que echar muchas horas, pasar muchos desvelos y enfrentarnos a mucha resistencia, pero conseguimos superar los obstáculos y en solo seis meses ya estábamos plenamente operativos. Echo la vista atrás, miro todo lo que hemos conseguido y entonces, sí, me reafirmo en que ha merecido mucho la pena”, concluye.