Aprobado general y con nota para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada ayer por el presidente Pedro Sánchez. El esperado documento, que prevé una inversión de 600 millones de euros entre 2021 y 2023, contempla una serie de 30 medidas a ejecutar de aquí a 2025, como “uno de los elementos principales de la agenda España Digital 2025 y una de las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, según Sánchez.

Las 10 expertas y expertos consultados por D+I coinciden: se trata de un plan “ambicioso e integral” con medidas “razonables”. Lo respaldan Xavier Ferràs, profesor del departamento de Operaciones, Innovación y Ciencia de Datos de ESADE; Nuria Oliver, directora de uno de los centros del Laboratorio Europeo para los Sistemas de Inteligencia y Aprendizaje (ELLIS) y académica de la Real Academia de Ingeniería; Alicia Richart, directora general de Digitales y directora general de Afiniti para España y Portugal; Enrique Serrano, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de la patronal AMETIC y CEO de Tinamica; Ramón López de Mántaras, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fundador y exdirector del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC; la inversora Victoria Majadas, presidenta de Big Ban angels y cofundadora de Smart to People; el inversor Nico Goulet, socio director de Adara Ventures; Cristina Aranda, directora de Desarrollo de Negocio de la startup española de inteligencia artificial Taiger y cofundadora de MujeresTech; y los miembros del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) Lorena Jaume-Palasí, fundadora de Ethical Tech Society, y Ricardo Baeza-Yates, director de Ciencia de Datos en la Northeastern University (EE.UU) y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

La recepción del documento ha sido positiva, pero con matices. Ferràs destaca que “llega tarde” y “con un presupuesto limitado, con inconcreciones en su ejecución”. Critica que “los recursos se concentren en proyectos alejados del mercado, en lugar de en generar ventajas competitivas económicas y empleo de calidad en entornos empresariales”. En definitiva, dice, “un plan de corte académico que permitirá un avance pero no será el catalizador de la transformación del modelo productivo que tan necesaria es en estos momentos”.

López de Mántaras coincide en que el presupuesto es “muy insuficiente” y no cree que sea adecuado a la estimación de los costes de las 30 medidas. “El papel lo aguanta todo pero con 600 millones no se podrá hacer mucho”, afirma. Plantea igualmente dudas acerca de dónde saldrán los 3.300 millones de inversión privada que la estrategia planea movilizar a partir de un nuevo fondo de capital riesgo público-privado (Next-Tech). El experto cree que “hay un problema de coordinación y colaboración entre la SEDIA y el Ministerio de Ciencia” y que “la ENIA debería de haberse pilotado desde este último, posiblemente con un mejor resultado”.

Aranda, por su parte, plantea dudas sobre cómo se van a ejecutar y aterrizar dichos presupuestos. “La ENIA es un primer paso muy relevante para el desarrollo económico de nuestro país pero quedan muchas cuestiones en el aire”, afirma. Se refiere no solo al aspecto económico sino también al “gran reto” de integrar las competencias digitales en la formación universitaria o a cómo se va a captar talento global “si las empresas tecnológicas aquí no tienen salarios que puedan competir con los de fuera”. Reclama asimismo “una síntesis más clara de cómo se va a abordar la estrategia digital de género”.

Sobre el objetivo de desarrollar una inteligencia artificial (IA) “inclusiva y sostenible” contemplado en la estrategia, Aranda asegura que es un “paso muy relevante”. Echa en falta, no obstante, alguna medida encaminada a exigir el compromiso de empresas y administraciones a visibilizar el talento femenino en general, y en particular en el ámbito de los eventos.

Oliver también considera que “sería necesaria más concreción sobre programas y acciones específicas para conseguir más diversidad -incluida la de género- en la IA”. Ambas destacan como positivo la introducción en la ENIA del Pensamiento Computacional en la educación infantil, primaria y secundaria, “como ya se describía en la Estrategia de IA de la Comunidad Valenciana”, y la formación al profesorado.

Medidas innovadoras

Para Richart, la ENIA es un plan “muy bien armado y muy necesario para empujar la digitalización en nuestro país”. “Nos parece muy bien que la estrategia promueva la transparencia de los algoritmos y la visión de género, y que no tenga afán regulatorio porque ahogaría la innovación”, señala.

Serrano cita como única crítica a la estrategia que “falta concreción en cómo se ejecuta, con planes más concretos”. “Nuestra valoración es positiva, como lo fue en su momento la de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña”, afirma. “La ENIA recoge -comenta- todos los puntos que contempla el Posicionamiento en IA de AMETIC, los amplifica y multiplica”. El experto destaca el carácter innovador de medidas como el desarrollo del “Programa Nacional de Algoritmos Verdes” o el hecho de que el documento se vaya a abrir a consulta pública.

Jaume-Palasí también considera positivo que el documento se lleve a consulta pública. “Cuanto más se integre la participación ciudadana, más legitimidad alcanzará”, asegura. El principal hito de la ENIA, a su juicio, es la creación del GobTech Lab, un laboratorio de innovación para desarrollar nuevos servicios y aplicaciones de IA en la Administración “que va a ser un registro de todos los sistemas algorítmicos de uso público, presentes y futuros”. Destaca que esto no solo creará “un mayor grado de transparencia” sino que “habrá una evaluación ética y legal de dichos algoritmos”. ¿Cómo se harán y quién realizará dichas evaluaciones? “Está por desarrollar y concretar por parte del Consejo Asesor y del Consejo Consultivo para la Transformación Digital”, dice.

En cuanto al aspecto regulatorio, la experta en filosofía del derecho señala que “no se va a regular por regular, sino que se va a evaluar qué legislación aplica ya a los algoritmos y a la IA y, en virtud de eso, qué más se necesita. “Es necesario entender qué es lo que ya se aplica y dónde necesitamos introducir reformas para evitar duplicaciones y colisiones legales”, afirma. “Es un trabajo previo del Ministerio de Justicia que puede llevar años pero es imprescindible. Es importante crear buenas infraestructuras legales en base a conocimientos y certidumbres”, añade.

La fundadora de Ethical Tech Society también destaca de la ENIA que en el Consejo Asesor del que forma parte haya al menos una persona que represente a la sociedad civil (ella misma) y que la estrategia contemple acciones de impacto social, frente a otras como la alemana. Por contra, Ferràs destaca tanto de la estrategia alemana como de la francesa (ambas de 2018) su mayor presupuesto. “Destinan unos 430 millones de euros por año la primera y 300 millones por año la segunda, frente a los 200 millones de euros por año de la española”. Asegura también que “los líderes europeos salían al paso del monstruoso plan de China: nada menos que 150.000 millones de dólares [algo menos de 124 millones de euros] hasta 2030”.

A los inversores Majadas y Goulet la creación del fondo público-privado Next-Tech les parece una “excelente noticia”. “En Adara, como firma de capital riesgo especializada en deep tech [tecnologías fundadas en descubrimientos científicos o innovaciones significativas en ingeniería] estamos viendo que los emprendedores españoles del ámbito de la IA están desarrollando proyectos con una visión potente y tienen la capacidad tecnológica y de desarrollo de negocio para competir a nivel global”, dice Goulet.

Majadas, cuya empresa Smart to People trabaja en el ámbito de la digitalización de servicios para la Administración, considera “especialmente relevante” que la ENIA contemple la inclusión de tecnologías de automatización o robótica como parte de la transformación digital de las Administraciones Públicas. “La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que todo tiene que poder ser telemático, como debería de haber sido desde hace tiempo”, afirma.

Priorización y valores guía

A las visiones positivas de la estrategia de IA se une la de Baeza-Yates, que cree, no obstante, que “no debería ser la versión final”. “Es aún necesario revisarla y mejorarla más”, afirma. “El consejo asesor -comenta- tuvo un tiempo acotado para leerla y sugerir mejoras”. Espera -dice- que en una segunda versión “podamos hacer una revisión más profunda y se puedan priorizar las medidas más importantes”.

En este sentido, Jaume-Palasí señala que “es importante perfilar mucho más la estrategia o redefinirla para que concuerde con otras líneas estratégicas del Gobierno”. Cita por ejemplo La Estrategia Española de Economía Circular, en la que lo económico no tiene una preponderancia tan destacada como en la ENIA y que puede ser incluso contradictoria con esta. “El crecimiento económico no es un valor político en sí sino un indicador y un medio. Es importante encuadrar lo económico dentro de un marco ético y político que aún no está lo suficientemente perfilado”, afirma.

Así, Jaume-Palasí considera fundamental trabajar en dos líneas. Una es un entendimiento más amplio de la IA. “La IA no es una disciplina sino la convergencia de esta técnica en todas las disciplinas imaginables. Al ser transversal, necesitamos conocimientos sectoriales para valorar su aplicación en cada caso”, sostiene. Asegura que hay disciplinas “que pueden aportar mucho a la IA y no tienen que ver con la informática; que explican por ejemplo qué no debería ser informatizable, y que se preguntan por qué y para qué se está aplicando la IA en cada caso”. Cuando se cambian procesos -dice- “se tiene que explicar para qué y qué necesidades se quiere cubrir con ello, lo que requiere también entender las limitaciones de la IA”.

Por otra parte considera clave decidir “el valor brújula para orientar la ENIA, como han hecho otros gobiernos”. Los finlandeses, dice, decidieron que ese valor sería el bien común; mientras en Nueva Zelanda se puso como meta el bienestar. En España -apunta la experta- “esos valores podrían ser la inclusión y la sostenibilidad”. “Es importante perfilar ese tipo de valores políticos para ser mucho más competitivos. No tiene sentido adoptar medidas similares o formatos que ya existen en otras potencias económicas con las que no podemos competir”, sostiene. “Uno destaca cuando cambia la estrategia discursiva. Que una gran cantidad de desarrolladores abandonen empresas como Facebook o Google es un claro indicador de que la gente en este campo no solo quiere ganar dinero sino crear valor social”, añade. “Necesitamos una alternativa, otras narrativas y otros valores”, concluye.