El Consejo de Ministros de este viernes 10 de diciembre ha dado luz verde a la Ley de Startups. Una norma anhelada desde hace mucho tiempo por el ecosistema emprendedor español y que fue anunciada por primera vez hace ya tres años. Finalmente, y tras la publicación de un primer borrador el pasado julio, ahora pasará por la pertinente tramitación parlamentaria para su aprobación final.

En la rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño ha reconocido que las startups son "la base de la nueva economía digital", pero que hasta ahora eran tratadas de manera ineficaz por la legislación vigente.

"Se trata de un tipo de empresas que generan puestos de trabajo altamente cualificados y con capacidad de crecer y escalar de forma exponencial gracias a su naturaleza digital. Pero tienen características distintas y requieren de un enfoque regulatorio propio, ya que presentan mayores riesgos que otras actividades profesionales y adolecen de falta de financiación en sus fases iniciales", afirmó la ministra.

Con esta Ley de Startups, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a "impulsar el cambio de la estructura productiva del país mediante un ecosistema emprendedor exitoso que requiere de un entorno regulatorio atractivo, que favorezca el clima de negocio y la inversión hacia las prioridades estratégicas y que ayude, finalmente, a atraer y retener el talento", según ha detallado Nadia Calviño.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital presumió de que, con la aprobación de esta norma, "España se va a convertir en uno de los países más atractivos para la creación de startups con beneficios particularmente potentes en torno a las 'stock options' y la captación y repatriación de trabajadores de alto valor añadido".

Qué dice la nueva Ley de Startups

En la versión final de la Ley de Startups que se ha hecho pública en el día de hoy se corrigen algunos puntos muy criticados en el borrador presentado en julio. Por ejemplo, el que indicaba que un emprendedor sólo podía entenderse como aquel que nunca hubiera puesto en marcha una startup con anterioridad. Ahora, tal y como adelantábamos en D+I, se permitirá que un mismo emprendedor pueda beneficiarse de las ventajas de esta norma en hasta tres proyectos distintos, ya sean paralelos o consecutivos.

Asimismo, el primer documento dejaba muchas dudas sobre cómo se concretaría lo que consideramos por startup y cómo diferenciarlo de otra pyme al uso, las cuales no pueden acogerse a esta norma.

Nadia Calviño ha confirmado que será ENISA la que haga esa declaración a modo de ventanilla única. Y, para terminar de completar la definición, se especificará mediante una orden ministerial -acordada previamente con la CNMC- lo que se entiende por "carácter innovador", aspecto fundamental para acogerse a esta legislación.

Recordemos que, además de esa base innovadora, las startups que deseen acogerse a esta nueva ley deberán tener su sede social y más de la mitad del empleo en España. También deberán tener menos de cinco años de existencia (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos) y no deben ser firmas cotizadas ni haber repartido dividendos. Por último, la facturación de dichas startups debe ser inferior a los cinco millones de euros.

Beneficios fiscales

Una vez solventados los problemas respecto a la misma definición de las startups, falta conocer las modificaciones que este documento introduce en materia de beneficios fiscales para los emprendedores e inversores.

Asimismo, se mantiene la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años. Con esta iniciativa se pretende reducir la carga fiscal de estas empresas en sus primeros años de vida, cuando tienen una situación económica más compleja y en la que necesitan destinar sus recursos a crecer y captar mercado.

Desde el sector emprendedor se había criticado que el Impuesto de Sociedades no suele afectar a startups con escasos o nulos beneficios en sus primeros años de vida y demandaban ventajas también en materia de Seguridad Social. Pues bien, el Ejecutivo ha introducido algunas mejoras en lo que atañe a las duplicidades en la cotización a la Seguridad Social de aquellos que emprendan mientras mantienen su trabajo por cuenta ajena. 

En concreto, estos emprendedores a tiempo parcial estarán exentos de cotizar por cuenta propia durante los tres primeros años de vida de la startup.

Otra de las medidas estrella de esta Ley de Startups es la que atañe a las 'stock options', maltratadas desde un punto de vista regulatorio en los últimos años. En la versión final del documento se ampliará de 12.000 a 50.000 euros (5.000 más que en el borrador) la exención para los trabajadores que reciban acciones como medio de retribución pero, además, se ha incluido un devengo de los rendimientos de estas opciones hasta que se opere con ellas. Esto es: las 'stock options' no cotizarán cuando se reciban, sino cuando se vendan.

Además, el documento mantiene y mejora los mecanismos para el fomento de la inversión privada en I+D+i. El borrador de julio elevaba del 30% al 40% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros. Ahora, la versión revisada amplía esa deducción al 50% e incorpora a los propios emprendedores a esta ventaja, de modo que sus aportaciones a la startup también estarán beneficiadas por esta norma. 

Nómadas digitales

La Ley de Startups también dedica un amplio apartado a la simplificación de la burocracia que enfrentan las startups a diario. Por ejemplo, se elimina la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes, además de la obligación de obtener el Número de Identificación de No Residente para inversores extranjeros. Además, se impulsarán más entornos de prueba -los conocidos como 'sandbox regulatorios'- para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajen perfectamente en la actual legislación.

Además, se eliminarán también algunos de los aranceles notariales necesarios para la constitución de una nueva empresa. Eso sí, será siempre que las empresas opten por seguir los estatutos y formularios estándar. Y, vinculado a otras de las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo, se pretende que pueda crearse una empresa de forma totalmente digital en menos de seis horas (siguiendo esos mismos procesos tipo) o en menos de cinco días para el resto de los casos.

Por otro lado, se mantiene la propuesta de que los inversores extranjeros puedan operar únicamente con un NIF, sin necesidad de sacarse un NIE a propósito de una inversión aislada. 

Igualmente, en la parte que atañe a los nómadas digitales y la captación de talento extranjero hacia nuestro país, la ley incorpora una suerte de "visado" especial que, ahora, se amplía también a emprendedores y trabajadores de empresas extranjeras (también españoles retornados a nuestro país) que deseen instalarse en nuestro país. Dicho visado incluye esa fiscalidad favorable de la que hablábamos anteriormente, durante un plazo de cinco años, tal y como ha detallado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Dos nuevos entes

Bajo el paraguas de la Ley de Startups también se crearán dos nuevos entes públicos: una ventanilla única para el emprendedor -materializada en la próxima Oficina Nacional del Emprendimiento- que "será la puerta de entrada para acceder a ayudas e información" y un Foro Nacional de Empresas Emergentes, para fomentar un "diálogo constante con el sector".

Asimismo, España firmará estos próximos días el acta fundacional de la Alianza Europea de Naciones Emprendedoras. Se trata de una iniciativa de siete países europeos, bajo presidencia portuguesa, para compartir mejores prácticas en este camino común hacia la digitalización del tejido productivo.

Desde 2018 hasta hoy

El germen de esta Ley de Startups hay que buscarlo allá por 2018, cuando Pedro Sánchez hizo una aparición estelar en el South Summit de ese año. En este evento, el presidente ya adelantó la creación de un "marco legal que reconozca las peculiaridades y la naturaleza jurídica especial de las startups".

Dicho marco serviría -entre otras cosas- para "potenciar incentivos fiscales a la I+D+i en el Impuesto de Sociedades de forma que más cantidad de big corporates perciban a las startups como vehículos de innovación desde fuera hacia dentro" o promover "la transferibilidad de créditos fiscales generados en el Impuesto de Sociedades por actividades de I+D+i  a empresas que participen en la financiación, en los proyectos y en el desarrollo de las tecnologías de las startups".

Desde entonces hasta hoy, muchas cosas han ocurrido entre bambalinas: el impulsor de esta ley, el entonces secretario de Estado de Avance Digital -Francisco Polo-, dejaba su puesto para recalar en Moncloa como Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora. La cartera vacante la asumía, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos, Carme Artigas, ahora ya como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con el encargo de Nadia Calviño y la participación de diez ministerios, finalmente, ha visto la luz la ley.

Son estos cambios de nombres y responsabilidades, unidos a la inestabilidad política y las repeticiones electorales de los últimos años, son las razones que desde el gobierno han venido esgrimiendo para justificar el retraso en la llegada de la Ley de Startups.