Según afirman desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el principal organismo impulsor de dicha medida, que destacan como pionera, posiciona a este país "a la vanguardia de Europa" en cuanto a la creación y relocalización de empresas emergentes y a la atracción de capital internacional. 

[Carme Artigas: "España no quiere ser testigo, sino protagonista de los grandes cambios digitales"]

En concreto, la norma viene a poner solución, entre otras cosas, al llamado "miedo al fracaso", un ranking que España lidera y que se sitúa como el principal obstáculo que mencionan los emprendedores a la hora de llevar a cabo cualquier iniciativa. Esta región cuenta con un 64% frente al 47% de media mundial. 

Ante este contexto, la Ley de Startups aparece como un vector de cambio para revertir esta tendencia y situar a la región "como el hub de talento digital de la UE".  A continuación, D+I - EL ESPAÑOL resuelve las principales preguntas alrededor de esta legislación. 

¿Qué es la Ley de Startup?

La Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida popularmente como la Ley de Startups, es la normativa española que busca impulsar el ecosistema emprendedor y convertir al país en un polo de atracción de inversión y de talento. Así, este proyecto adapta el marco aplicable a esta tipología de firmas en el ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil.  

¿Dónde se enmarca?

La legislación se incluye dentro de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por el Ejecutivo Español. A su vez, también forma parte de las principales medidas articuladas en la Estrategia España Nación Emprendedora y se complementa con otras como la Ley Crea y Crece o la Ley de Reforma Concursal. 

Asimismo, responde a los estándares suscritos en la declaración EU Startups Nations Standard (una iniciativa de la que España es cofundadora, junto a Austria y Portugal), el conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para favorecer su escalabilidad.

[España se alinea con Europa en la Ley de Startups: menos burocracia y más facilidades a los nómadas digitales]

La Ley viene acompañada de distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre ellas el FondoICO Next Tech, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento y cuyo objetivo de inversión es alcanzar los 4.000 millones de euros. Además, la línea de financiación de ENISA, respaldada con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

¿Cuándo entró en vigor?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de promover medidas específicas para fomentar el espíritu emprendedor de España durante un viaje por Estados Unidos a finales de 2018. Semanas después, durante el South Summit, Sánchez dio a conocer las tres primeras medidas de dicha estrategia. 

Sin embargo, no fue hasta finales de 2022 cuando este proyecto de ley completó su paso por el Congreso, el Senado y, de nuevo, por el Congreso, donde recibió un apoyo mayoritario por parte de los diferentes partidos políticos (317 votos a favor y 17 abstenciones). 

[La Ley de Startup completa su paso por el Congreso en un día marcado por la lluvia, las chapas y el consenso]

Cabe mencionar que la primera votación en la Cámara Baja estuvo marcada por la polémica, ya que los representantes del Partido Popular votaron en contra, a pesar de haber afirmado que respaldarían la medida. Según las fuentes internas recogidas por algunos medios, se trató de un error cometido por la persona responsable de indicar el sentido del voto del grupo parlamentario popular.

Finalmente, la normativa entró en vigor a finales de diciembre de 2022, tras meses de debate entre los diferentes grupos y actores del sector que se materializaron en la incorporación de más de 80 enmiendas al texto inicial. 

"El resultado es una ley que no le pertenece a un Ministerio, ni siquiera a un partido, es una ley de país", afirmó tras su aprobación la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. 

¿A quién va dirigida? ¿Quién se puede beneficiar de ella?

La norma afecta a todas las empresas que se acojan bajo la definición de "startup", para lo que deben cumplir una serie de criterios. Entre ellos, la firma debe tener su sede o domicilio social permanentemente establecido en territorio nacional, así como más del 60% de su plantilla contratada en España. 

Además, la compañía no puede superar los cinco años de antigüedad (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos). Tampoco puede cotizar en bolsa ni distribuir dividendos y su facturación debía ser inferior a los diez millones de euros.

Por otro lado, la empresa debe acreditar su "carácter innovador", entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados, mediante el cumplimiento de los criterios expuestos por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). 

¿Qué requisitos debe cumplir una compañía para acreditar su "carácter innovador", según los criterios de Enisa?

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 21 de julio, se entenderá cumplido el requisito de carácter innovador si la empresa que lo solicite cumple tan solo una de las seis disposiciones que se recogen. Entre ellas, que los gastos en I+D+I tecnológica representen, al menos, un 15% respecto a los totales de la empresa durante los dos ejercicios anteriores o en el inmediatamente anterior cuando sean firmas de menos de dos años. 

También, que la compañía haya sido beneficiaria de inversión, financiación o ayuda pública para el desarrollo de proyectos de I+D+I en los últimos tres años; que disponga de un informe emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se acredite su carácter innovador; o que acredite disfrutar de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por tener contratado personal investigador. 

Por último, que la empresa disponga de un Sello Pyme Innovadora o de la Certificación de Joven Empresa Innovadora o de Pequeña o microempresa Innovadora, ambas emitidas por AENOR, entre otras.

¿Cómo puede acceder una empresa al proceso de certificación como "startup" emitido por Enisa?

Según explica el propio organismo en su web, el proceso de certificación se realizará mediante el registro en la página de Enisa, a través de la opción “Certificaciones”, donde los solicitantes deberán rellenar diferentes datos, entre ellos, el NIF, la actividad de la empresa, la dirección o la razón social. 

Para completar el registro se deberá aportar documentación como el certificado del pago al corriente con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, las cuentas anuales del último ejercicio cerrado presentadas en el Registro Mercantil o la escritura de constitución de la sociedad. A continuación, se solicitará información que garantice que la empresa cumple con tener un "carácter de emprendimiento innovador".

El organismo precisa que este procedimiento es totalmente gratuito y tiene un plazo de resolución estimado de tres meses a partir de que la empresa haya remitido toda la información. 

¿Cuáles son las principales novedades que introduce esta legislación?

La Ley de Startup incluye entre sus novedades la implantación de una ventanilla única y telemática para la certificación de startups españolas, la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente, los números de identificación fiscal (NIF); y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales. Todo ello en línea con su objetivo de fomentar la agilidad administrativa. 

En la misma línea, contempla facilidades para la obtención del visado y la residencia a trabajadores altamente cualificados de las startups, así como a trabajadores españoles no residentes durante al menos cinco años, con el objetivo de retener el talento, tanto nacional como internacional. 

La normativa también apuesta por el despliegue de 'sandboxes' y permitirá probar la innovación de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

[Qué es una empresa emergente: Enisa define qué firmas podrán adherirse a la Ley de Startups]

Respecto a la fiscalidad, la ley reduce el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. Además, eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre 'stock options' de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra.

Asimismo, también amplía la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de tres a cinco años, con carácter general, o a siete para empresas de ciertos sectores.