La hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, traspasa su cartera de Transformación Digital al hasta ahora el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá
España persigue su apuesta por la transformación digital del sector público con un ministerio a medida
El nuevo ministro, José Luis Escrivá, destacó las posibilidades que ofrece la tecnología para transformar el sector público.
3 enero, 2024 01:30Apenas unos días antes de que terminase 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó una rueda de prensa para comunicar la remodelación del Ejecutivo tras la salida de Nadia Calviño, elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En un primer momento, Sánchez optó por dividir el anterior Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ocupaba Calviño, en dos: por un lado, un Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y, por otro, un Ministerio de Transformación Digital, este último de nueva creación y bajo el mandato de José Luis Escrivá.
[Sánchez une Función Pública y Transformación Digital en un único ministerio, con Escrivá al frente]
Sin embargo, rozando el final de año, y con las quinielas sobre quién sustituiría a la exvicepresidenta primera sobre la mesa, el presidente del Gobierno decidió hacer un último movimiento, sumando la secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, al de Transformación Digital. A su vez, la que en ese momento era vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, pasaba a ocupar la vicepresidencia primera.
De esta forma, quedaba como resultado un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, con Escrivá al frente. Apenas un mes le duró a España el sueño de tener una cartera dedicada únicamente a la digitalización de la región, que se prometía como una de las grandes prioridades del Ejecutivo.
Sánchez justificó la unión de ambos negociados como una forma de reforzar la apuesta por una "Administración moderna, más ágil, eficiente", que aproveche todas las oportunidades de la tecnología y la inteligencia artificial "para mejorar la calidad de los servicios públicos".
Desde D+I - EL ESPAÑOL analizamos las acciones e iniciativas que ha llevado a cabo el Gobierno hasta la fecha en este campo para avanzar cuáles serán las líneas de trabajo del nuevo Ministerio en los próximos meses.
Una prioridad para el Ejecutivo
La transformación de las instituciones públicas se ha convertido en uno de los puntos prioritarios del Ejecutivo en los últimos años, algo que se refleja en su aparición en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como el Componente 11 (con una asignación de 4.239 millones de euros), así como su canalización mediante el Plan de Digitalización de las Administración Públicas 2021-2025 (con un presupuesto de 3.165 millones de euros).
El objetivo final, según el Ejecutivo, es construir un gobierno digital eficaz, inclusivo, responsable y resiliente "capaz de garantizar el bienestar presente y futuro de la ciudadanía, llegando a todos los niveles territoriales".
Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, el día en que se aprobó el plan de recuperación de España en junio de 2021
De esta forma, los 3.165 millones de euros con los que cuenta el Plan de Digitalización se han canalizo en tres ejes distintos: el primero dedicado a la Transformación Digital de la Administración General del Estado (con un presupuesto de 960 millones de euros), el segundo a la Transformación Digital de las principales áreas del Estado (1.205 millones) y el tercero a la Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales (1.000 millones).
Hasta ahora, con su puesta en marcha se han alcanzado diferentes hitos en cada uno de estos verticales enfocados en impulsar la accesibilidad de los servicios a ciudadanos y empresas, superar brechas digitales sociales y territoriales y consolidar la eficiencia de la AAPP a través de la tecnología.
Así, respecto al primer eje, cabe mencionar algunos como la modernización de las webs para mejorar la experiencia de usuario, el nuevo modelo de identidad digital, el Centro de operaciones de ciberseguridad, el servicio de infraestructuras cloud, el lanzamiento de App Factory o del laboratorio de innovación GoTechLab.
En el segundo aún están en marcha diferentes proyectos relativos a ámbitos como el sanitario, la justicia, la inclusión, defensa, interior, agricultura o el empleo. Este último sector es el que más iniciativas tiene en proceso, sumando 46, pero el de justicia se sitúa como el de mayor asignación presupuestaria, con 410 millones de euros.
Por último, en el tercer eje se han distribuido, por un lado, 30 millones de euros para abordar proyectos de modernización de los servicios centrales de la Administración General del Estado y, por otro, 970 millones para proyectos vinculados con la transformación digital, el gobierno abierto, la implementación del teletrabajo o la innovación en servicios y tecnología en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
De las aplicaciones a la ciberseguridad
De estos tres ejes, el primero es que contempla la gran mayoría de medidas "estrellas" que han visto, están viendo o verán la luz próximamente, por ejemplo, App Factory, que busca potenciar el desarrollo de aplicaciones móviles de calidad para los principales servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
De aquí han salido plataformas como Mi Carpeta Ciudadana, que congrega toda la información de diferentes Administraciones públicas, permitiendo a los ciudadanos acceder a notificaciones electrónicas o a datos como el historial clínico o el certificado de nacimiento. Esta app, que va por su sexta versión, ya supera los dos millones de descargas, prácticamente cuenta con tres millones de usuarios y acumula más de 18 millones de accesos.
También, cabe mencionar otras aplicaciones como Cita Previa (para flexibilizar la tramitación de citas), Qué Estudiar y Dónde en la Universidad (que ofrece información sobre titulaciones o universidades a futuros alumnos) o Dirección Electrónica Habilitada Única (para la recepción de notificaciones o comunicaciones).
En este mismo eje también se ha apostado por mejorar los canales de atención al ciudadano mediante el refuerzo del Servicio 060, incorporando asistentes virtuales, o la estandarización de los portales de la Administración (con servicios de traducciones automáticas, diseños que facilitan la comprensión o la recomendación de contenidos personalizados).
La vicepresidenta Nadia Calviño, durante una rueda de prensa en Bruselas
Asimismo, se está trabajando en nuevos modelos de identificación digital con dos objetivos, por un lado, ofrecer a los usuarios la posibilidad de acreditarse de forma totalmente telemática y, por otro, adaptarse a reglamentos europeos como el recién aprobado eIDAS 2.
También, se han impulsado servicios de automatización inteligente en los procesos para la Administración General del Estado, algo que se ha traducido, por ejemplo, en la verificación de requisitos en la convocatoria del Kit Digital de Red.es, en la matriculación en el Instituto Cervantes o en la categorización de notificaciones telemáticas de los Tribunales de Justicia con FOGASA.
En la misma línea, el Ejecutivo ha trabajado para mejorar la transparencia en la gestión de información mediante la integración en un único Espacio de Datos de la Administración General del Estado de la información de las distintas administraciones. Aquí caben iniciativas como Registro 360, el desarrollo de un recomendador de ofertas de empleo inteligente o de modelos de analítica avanzada para prevenir el blanqueo de capitales.
Además, se incluyen en esta vertiente una plataforma de intermediación de datos que permite a cualquier organismo público integrado consultar la información de otras entidades, evitando que tenga que hacerlo el ciudadano, y la Iniciativa Aporta, que persigue fomentar la apertura de la información pública y el desarrollo de servicios avanzados basados en datos.
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en una presentación del programa Kit Digital en abril de 2022. Red.es / EP
Por otro lado, también se ha avanzando en la construcción de un puesto de trabajo inteligente mediante la dotación de equipos (que superan los 120.000 hasta la fecha), licencias y servicios que lo habiliten.
En materia de seguridad online se ha implantado el Centro de Operaciones de Ciberseguridad con el que se espera reforzar las capacidades de prevención y reacción ante incidentes, así como la capacidad de vigilancia y detección de ciberamenazas de manera centralizada.
Se suma el despliegue de una nueva versión de la nube híbrida Nube-SARA de la Administración General del Estado en la que se añaden los servicios de telecomunicaciones, seguridad y consolidación de infraestructuras incluidos en la Declaración de Servicios Compartidos.
Capacidad transformadora "imbatible"
Este es, pues, el escenario que se encuentra y que deberá abordar José Luis Escrivá desde el recién constituido Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
En el discurso donde asumió su nueva competencia, Escrivá señaló que el objetivo es transformar la Administración apoyándose en "distintas palancas", entre las que destacó la tecnología.
"Las posibilidades que nos da la inteligencia artificial o la digitalización están ahí", apuntó. "Debería ser más fácil en este Ministerio por las sinergias que se construyen".
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el acto de traspaso de la cartera de Función Pública. Europa Press
El ministro avanzó que la combinación entre "el extraordinario" capital humano de los funcionarios y "las palancas" que se van a otorgar conformarán "una capacidad transformadora" que será "imbatible".
"Cuanto mejor funcione la Administración Pública, mejores son las bases para la prosperidad y el crecimiento económico", concluyó.
La Administración española, vista desde Europa
Hasta ahora, el documento que marcaba el devenir digital de los miembros de la Unión Europea era el DESI (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales), que analizaba el rendimiento y el progreso de los mismos en diferentes áreas relacionadas con la digitalización. Sin embargo, en 2023 este estudio pasó a integrarse en el informe sobre el estado de la Década Digital, aunque mantiene gran parte de las variables examinadas.
Así, en el apartado dedicado a la modernización de los servicios públicos, la Comisión Europa estudia el grado de cada país miembro en aspectos como los servicios ofertados, el porcentaje de ciudadanos que interactúan con ellos o la transparencia de los procesos.
Por ejemplo, en el índice que evalúa las gestiones administrativas que se pueden realizar online, España ocupa el puesto número 7, de acuerdo con los datos de 2022, muy por encima de la media europea.
Mientras, en lo relativo a los usuarios virtuales en tareas gubernamentales (que mide aquellos ciudadanos que, en los últimos 12 meses, han interactuado con las autoridades públicas por medio de una web o una aplicación móvil), el país se sitúa en la posición número 12, también por encima de la Unión Europea, pero con peor media que países como Dinamarca o Finlandia.
También, este índice analiza el porcentaje de los servicios públicos necesarios para empezar un negocio o realizar diferentes operativas relacionadas que están disponibles online, donde España ocupa la séptima posición, por detrás de países como Finlandia o Irlanda, que obtuvieron la máxima puntuación.
El país obtiene buena puntuación, además, en el indicador que mide la transparencia de los procesos, servicios, el diseño y el manejo de los datos personales. Una vez más, ocupa el puesto número 7, superado por regiones como Malta, que lidera en este indicador, pero muy por encima de la media europea.
Europa también mide el grado de digitalización de las Administraciones públicas de los diferentes países en función de la facilidad para acceder y gestionar los datos relacionados con la salud. En este ámbito, España ocupa la novena posición en el ranking, lejos de Dinamarca o Lituania, que lo encabezan.
