Esta legislación nace con la intención de mejorar la competencia y la innovación dentro del sector tecnológico de la región y promocionar un escenario en el que las pequeñas compañías puedan competir con las más grandes. 

Según explica Cédric O, secretario de estado encargado de Transición Digital de Francia, en la última década la Unión Europea "se ha visto obligada a imponer multas sin precedentes contra determinadas prácticas comerciales perjudiciales de los grandes actores del sector".

Sin embargo, estas penalizaciones, en su mayoría, son procesos que se alargan en el tiempo y terminan en sanciones que, aunque son costosas, no consiguen cambiar la forma de actuar de las 'big tech', que continúan repitiendo los mismos patrones. 

De esta forma, en diciembre de 2020, la DMA aparece dentro de un paquete de medidas sobre los servicios digitales presentado por la Comisión Europea con la intención de sistematizar todas las normas en una sola ley que agilice el proceso, incrementar las multas y obligar a las grandes compañías a acatar las normas si quieren seguir operando en Europa. Menos de un año después, en noviembre de 2021, los estados miembros llegaron a un acuerdo provisional.

"Estas normas son decisivas para estimular y desbloquear los mercados digitales, reforzar la libertad de elección de los consumidores, permitir un mejor reparto del valor en la economía digital e impulsar la innovación", precisa el secretario de estado encargado de Transición Digital de Francia.

Además, añade que la UE es la primera en actuar "de manera tan decisiva" en este sentido y espera "que otros lo hagan pronto también", ya que la UE es la mayor potencia regulatoria y suele ser modelo para legislaciones de referencia, tal y como pasó con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

Las multas pueden alcanzar hasta el 20% de la facturación total

Así, la DMA pretende limitar que cualquier gran plataforma online que se encuentre en una posición privilegiada (a las que se refieren como gatekeeper) frente a un gran número de usuarios abuse de su situación en detrimento de otras compañías que quieran acceder a su mismo público. 

En concreto, los organismos europeos consideran "guardián de acceso" a las aplicaciones que tengan un volumen de negocio anual de, al menos, 7.500 millones de euros en la Unión Europea en los últimos tres años o una valoración de mercado de 75.000 millones de euros. 

Además, deben contar con más de 45 millones de usuarios finales mensuales y, como mínimo, 10.000 usuarios profesionales establecidos en la mencionada región. 

También se encuentra entre las condiciones que la plataforma controle uno o varios servicios básicos en, al menos, tres estados miembros, entre los que se incluyen mercados electrónicos, tiendas de aplicaciones, motores de búsquedas redes sociales o asistentes de voz, entre otros. 

El Consejo Europeo apunta en su web que las pymes (pequeñas y medianas empresas) quedan exentas, "salvo casos excepcionales", de la calificación de gatekeeper, aunque precisa que se ha previsto una categoría de "guardián de acceso emergente" para imponer obligaciones a empresas cuya posición competitiva esté demostrada pero no sea duradera. 

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager CE

La DMA expone que las firmas que cumplan los criterios para ser gatekeeper deberán garantizar el derecho de los usuarios a darse de baja de los servicios básicos de plataforma en condiciones similares a las de suscripción, no podrán imponer un software (por ejemplo, el navegador web) por defecto en la instalación del sistema operativo y tendrán que garantizar la interoperabilidad de las funcionalidades básicas de sus servicios de mensajería instantánea. 

A la par, deberán permitir a los desarrolladores de las aplicaciones acceder en igualdad de condiciones a las funcionalidades auxiliares de los teléfonos inteligentes (por ejemplo, el chip NFC), dar a los vendedores acceso a sus datos de rendimiento de comercialización o de publicidad en la plataforma e informar a la Comisión Europea de las adquisiciones y fusiones que lleven a cabo.

Según lo dispuesto en las líneas generales de la DMA, las compañías afectadas no podrán clasificar sus propios productos o servicios de manera más favorable que los de otros participantes en el mercado o reutilizar los datos personales recabados durante la prestación de un servicio para llevar a cabo otro. 

Tampoco podrán establecer condiciones injustas a los usuarios profesionales, preinstalar determinados programas de aplicaciones o imponer a los desarrolladores de aplicaciones la utilización de determinados servicios (por ejemplo, sistemas de pago). 

Banderas de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas UE

El Consejo Europeo precisa que, si alguna firma no cumple con dicha legislación, corre el riesgo de contraer una multa que alcance hasta el 10% de su volumen de negocio total y, en caso de que reincida, esta cantidad se podrá incrementar hasta el 20%. 

Además, la norma señala que, si se incumple tres veces o más en ocho años, la Comisión Europea podrá iniciar una investigación e imponer medidas "correctoras estructurales o de comportamiento". 

Este organismo será el encargado de hacer cumplir el reglamento y al que deberán acudir aquellas compañías que no estén de acuerdo con su designación como gatekeeper.

Según los expertos, se trata del mayor movimiento regulatorio de la UE hasta el momento en su lucha contra el monopolio o los comportamientos anticompetitivos. 

"Creará vulnerabilidades innecesarias"

Este nuevo paradigma ha sido criticado intensamente por parte de las grandes tecnológicas, que serán las principales afectadas por los cambios que introduce en el terreno de juego digital. 

La mayoría de ellas señala que esta legislación, que se espera que cambie de forma radical la forma en la que llevan operando durante las últimas dos décadas, paralizará la innovación y la eficiencia. 

Apple es una de las firmas que se verá influida por la entrada en vigor de la DMA, ya que sobrepasa -por mucho- la cifra de 75.000 millones de euros de valoración de mercados marcados por el Consejo Europeo para convertirse en un guardián de acceso.

Hace solo unos meses, a principios de 2022, la empresa logró uno de sus grandes hitos al superar los tres billones de dólares de capitalización bursátil (alrededor de 2,6 billones de euros al cambio de ese momento), siendo la primera empresa del mundo en alcanzar esta cota. 

Ante el nuevo horizonte legislativo que se plantea, portavoces de Apple señalan a D+I que su compañía "siempre se ha comprometido a crear los mejores y más innovadores productos" para sus clientes, así como a "garantizar que su privacidad y seguridad estén siempre protegidas".

Por ello, expresan su "preocupación" ante "algunas disposiciones" de la Digital Market Act, ya que, según creen, "creará vulnerabilidades innecesarias de privacidad y seguridad" para sus usuarios. 

A la vez, avanzan que también "prohibirá realizar cargos por la propiedad intelectual" en la que "invierten mucho". 

Aún así, precisan que creen "profundamente" en la competencia y en la creación de mercados competitivos prósperos en todo el mundo, por lo que continuarán trabajando "con las partes interesadas de toda Europa con la esperanza de mitigar estas vulnerabilidades". 

Tim Cook, CEO de Apple, sobre el logo de Peek Performance. Reuters | Omicrono

Alphabet, matriz de Google, es otra de las firmas a las que afectaría de lleno la nueva ley propuesta por el Consejo Europeo, con una capitalización de 2,2 billones de euros a principios de 2022, lo que la situaba en la tercera posición en el ranking de empresas con mayor valor en bolsa. 

Un portavoz de la compañía explica a este medio que el acuerdo político sobre la DMA "es un paso importante" en un proceso normativo europeo que ha durado 18 meses "y tendrá un impacto significativo". 

"Agradecemos haber tenido la oportunidad de colaborar con los responsables políticos a lo largo de este proceso y, ahora, nos tomaremos el tiempo necesario para estudiar el texto final y trabajar con los reguladores para aplicarlo", apuntan. 

Desde la firma señalan que apoyan "muchas de las ambiciones" recogidas en la ley en torno a la elección de los consumidores y la interoperabilidad, pero precisan que les "preocupa" que algunas de las normas "puedan reducir la innovación y la capacidad de elección de los europeos".

Aún así, afirman que su objetivo, "en todo momento", será "seguir ofreciendo las mejores experiencias de producto" a sus usuarios. 

Sundar Pichai, CEO de Google.

Amazon, por su parte, la quinta empresa por valor en Bolsa según los datos recopilados a principios de año con 1,5 billones de euros, aún sigue "en proceso de estudio y análisis" de la legislación debido a la complejidad que entraña y a su gran alcance, según cuentan fuentes cercanas a la compañía a D+I. 

Además, afirman que la tecnológica, está comprometida en apoyar a sus clientes "allá donde estén" y bajo el marco regulatorio que esté vigente en ese momento en la Unión Europea. 

La firma destaca su sólida presencia en la región, donde realizó su primera inversión hace más de 20 años y durante la última década ha desembolsado más de 100.000 millones de euros en su negocio en dicho territorio y Reino Unido. 

Microsoft, la segunda empresa a nivel mundial en el ranking mundial de valor en Bolsa según datos de principios de año con 2,2 billones de euros, y Meta, la séptima con 844.000 millones de euros, no han querido hacer ninguna declaración al respecto, a pesar de ser consultadas por este medio.

Mayor competencia, mayor innovación

Por su parte, fuentes de la Unión Europea explican a D+I que, con esta propuesta, pretenden crear condiciones equitativas en el sector digital que promuevan la innovación, productos y servicios de calidad, precios justos y ofrezcan capacidad de elección. 

La regulación, apuntan, se traduce en derechos y obligaciones para las grandes plataformas online que garantizarán igualdad de condiciones de forma que empresas y consumidores puedan beneficiarse de las oportunidades existentes.

Ante las preocupaciones de las 'big tech' sobre cómo puede afectar esta legislación a la creación, desde la Unión Europea señalan que, en general, una mayor competencia conduce a una mayor innovación.

Así, esperan que la DMA aumente la disrupción al posibilitar la visibilidad de los players más pequeños en el mercado online. A la par, esto derivará en un mayor número de ofertas para los consumidores. 

Por otro lado, explican que otras temáticas como la privacidad online se abordarán en la DSA (Digital Service Act), una ley que complementa a la relativa a los mercados abordando las "inquietudes sociales" del sector "en un sentido más extenso" y que aún sigue en negociaciones. 

Los expertos precisan que ambos documentos, cuando se aprueben, cambiarán internet tal y como se conoce. 

En el caso de la DMA, aún queda un recorrido legislativo que pasa por someter al acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo el pasado 24 de marzo a la aprobación por parte de ambos organismos.

Tras ello, el reglamento deberá implementarse en los seis meses siguientes a su entrada en vigor, por lo que se espera que esté operativo a finales de este año o principios del siguiente. 

Según apuntan desde la Unión Europea, estas leyes serán "los dos pilares de una regulación" del contexto digital "que respete los valores y el modelo europeos". Así, "definirán un marco adaptado a la huella económica y democrática" de las 'big tech'.