La Comisión Europea presentó en mayo de 2021 su propuesta para un Reglamento de Inteligencia Artificial: una norma de aplicación directa que vendría a regular, sentar límites éticos y, también, generar confianza en esta tecnología y fomentar la inversión.
Tras las pertinentes vicisitudes de la burocracia comunitaria, se espera que el cierre del expediente legislativo se produzca a lo largo del segundo semestre de 2023 (durante la presidencia española de la UE) y que pueda entrar en vigor, potencialmente, en enero de 2024.
Ello implica que apenas queda un año y medio para atar todos los cabos sueltos de una norma tan ambiciosa como compleja. Un tiempo que no sólo ha de ser aprovechado para pulir los últimos detalles legales, sino también para probar la eficacia y propia viabilidad de la norma en el mundo real, ese que existe más allá de los muros y cristaleras de Bruselas.
En esas, España ha encontrado una fórmula para testar el futuro reglamento a la vez que sitúa a las empresas y startups españolas en una posición privilegiada en la adopción de la norma: la creación de un sandbox para la inteligencia artificial. Similar al desarrollado para el ámbito de las fintech, campo al que nuestro país llegó tarde respecto a nuestros vecinos, servirá para que compañías de toda índole puedan trabajar ya con los futuros estándares, aprovechándose de las oportunidades que abren y descubriendo las fricciones que ocasione.
En esta ocasión, España será pionera en lanzar este sandbox, en un movimiento perfectamente orquestado desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el propio Ministerio de Economía y las instituciones europeas al más alto nivel. De hecho, en la presentación oficial de esta iniciativa, han participado ni más ni menos que el comisario europeo de Mercado Interior -Thierry Breton-, la vicepresidenta Nadia Calviño, la propia secretaria Carme Artigas o el director general de DG Connect, Roberto Viola.
Fuentes de la SEDIA aseguran que el propósito de este sandbox de inteligencia artificial no es otro que acercar a los legisladores a la industria, "haciendo que el reglamento sea accionable y puesto en práctica". Reconocen un cierto temor en Europa a que la falta de constataciones sobre esta norma en el entorno empresarial pueda implicar una moratoria de dos años más en su entrada en vigor, "algo que nadie quiere" porque implica "dos años de desarrollos de la inteligencia artificial sin ninguna cortapisa y cuyos efectos negativos costará mucho más revertir".
Por ello, este sandbox viene a acelerar el proceso de prueba-error y facilitar impresiones de las propias empresas afectadas para que el reglamento mantenga sus plazos y pueda estar totalmente operativo al comenzar el año 2024.
Con una perspectiva basada en el "humanismo tecnológico" y alentando las "propuestas proactivas", la iniciativa impulsada por el gobierno español tendrá como gran reto "traducir el reglamento en metodologías concretas y manuales de uso de fácil implementación y que sean aceptados por las empresas", indican desde la Secretaría de Estado.
Para ello, se clarificarán los requisitos y obligaciones de esta norma, definiendo buenas prácticas sin interferir en las negociaciones todavía en curso del reglamento en Bruselas. Punto en el que inciden bastante desde el gobierno español, en tanto que quieren evitar cualquier influencia de lobbies en el devenir de una norma fundamental para sentar las bases éticas de la revolución digital.
A partir de octubre
Octubre es el mes marcado a fuego en el calendario de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, encargada de poner en marcha este sandbox. Es entonces cuando se espera que ya haya consenso entre el Consejo y el Parlamento Europeo en torno al texto (casi) definitivo del Reglamento de IA. Y también será cuando se pongan en marcha todos los instrumentos legales a escala nacional para posibilitar este particular campo de pruebas.
Por lo pronto, hará falta la aprobación de un Real Decreto Ley para crear esta figura. También se creará un grupo de trabajo en el que estará presente la SEDIA junto a miembros de la Comisión Europea, con el asesoramiento y supervisión del Joint Research Center, con sede en Sevilla, y de la Agencia Española de Supervisión de los Algoritmos, cuyo nacimiento está previsto para antes de que acabe el año.
Las fuentes del Ejecutivo no confirman cuántas empresas -principalmente pymes y startups- participarán de este sandbox, pero sí que se espera de ellas que puedan dar lugar a "resultados tangibles" en forma de guías, metodologías o acciones de sensibilización.
Hasta llegar ahí, se trabajará en dos grupos paralelos. El primero de ellos será el responsable de toda la experiencia técnica, de definir a los participantes y asegurar el correcto funcionamiento del sandbox. El segundo estará a cargo de la metodología y la carga más teórica, traduciendo esa experiencia en documentos y estándares.
Con una aspiración última casi futurista, incluso en un campo como el que nos ocupa: "Nos gustaría poder desarrollar herramientas de implementación automática del reglamento de inteligencia artificial", aseguran. La metainteligencia artificial elevada al cubo para garantizar su comportamiento ético...
El camino europeo hacia la IA ética.
Allá por 2018, la Unión Europea daba a conocer sus Directrices éticas para una IA confiable. En febrero de 2020, la Comisión Europea presentaba su Libro Blanco en Inteligencia Artificial, en el que se establecía la prioridad de esta tecnología en el planteamiento digital del Viejo Continente. Ya en ese documento se establecían, junto a otras medidas de fomento económico y adopción entre las pymes, algunos de los principios éticos que debían regular esta innovación.
Un año más tarde, en mayo de 2021, la misma institución daba a conocer su propuesta de reglamento para la inteligencia artificial, con la máxima de generar confianza en su adopción y la responsabilidad como bandera. Se prohibían, de hecho, soluciones como la puntuación social o la vigilancia biométrica masiva.
En la misma línea se posiciona la Estrategia Española de Inteligencia Artificial, introducida por Pedro Sánchez a finales de 2020 y que comprometía nada menos que 600 millones de euros para el devenir de esta revolución técnica.
Es obvio que Europa, España y gran parte del mundo tienen un gran interés en regular la inteligencia artificial, está implementando un marco legal competitivo sobre el acceso, el intercambio, el almacenamiento, el gobierno de datos, el desarrollo y, en definitiva, el uso de esta tecnología.