El dilema de las elecciones europeas: ¿acicate o freno en los planes de digitalización?

Pero, también, será una cita electoral con un gran impacto en la arena de la digitalización. Un tema antaño secundario en cualquier agenda pública, hoy se ha convertido en un caballo de batalla más de la partida que se disputará en España el 9 de junio. Los comicios no sólo serán un escenario de debate intenso sobre el futuro de la agenda digital europea, sino que además supondrá la aceleración y la paralización de algunos de los planes más ambiciosos en este terreno del bloque.

Una de las normas más ambiciosas que corren con el tiempo en contra es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). Aprobado su texto final en diciembre de 2023, tras un intenso trílogo de 38 horas, queda ahora que la norma pase por una votación del Parlamento Europeo a finales de marzo. De hecho, gran parte de la presión sobre esa negociación extrema estaba derivada de la cercanía de las elecciones comunitarias.

[Primera entrevista en D+I - EL ESPAÑOL a Carme Artigas, artífice de la AI Act, tras su aprobación]

Fuentes consultadas por este medio esperan que se trate tan sólo de un trámite y que la ley pueda entrar en vigor antes de las elecciones europeas, pero cada vez surgen más voces que sugieren posibles trabas en la Eurocámara que llevarían a una revisión extensa del texto que nos llevara fuera de calendario. Si este escenario -poco probable, pero plausible- se produjera, la norma podría verse retrasada sine die, alertan analistas como Coenraad Davidsdatter: "Tras las elecciones podría haber cambios en el Parlamento que retrasen la ley y requiera muchas más negociaciones".

Recordemos que una de las medidas clave de la AI Act es la prohibición de ciertas aplicaciones de IA que se consideran una amenaza para los derechos de los ciudadanos y la democracia. Estas incluyen sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles, como creencias políticas, religiosas, filosóficas, orientación sexual o raza. También se prohíbe la recopilación indiscriminada de imágenes faciales de internet o de cámaras CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial. Otras aplicaciones vetadas son el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas, la puntuación basada en comportamiento social o características personales, sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir su libre albedrío y aquellos utilizados para explotar vulnerabilidades de las personas debido a su edad, discapacidad o situación social o económica.

Eso sí, y este sigue siendo uno de los puntos de fricción, los negociadores también acordaron una serie de salvaguardias y excepciones limitadas para el uso de sistemas de identificación biométrica en espacios públicos con fines de aplicación de la ley. Esto estará sujeto a autorización judicial previa y se limitará a listas estrictamente definidas de delitos.

Ejecutar y custodiar en parón electoral

En los últimos años se ha aprobado un sinfín de normas en el ámbito digital desde Bruselas. La Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Gobernanza de Datos, la futura identidad digital europea, la Ley de Interoperabilidad o la Ley de Ciberresiliencia son solo algunas de las normas que definirán las reglas del juego del ecosistema tecnológico. Sin embargo, todas ellas están pendientes de una ejecución real que tendrá que custodiar la próxima Comisión Europea que se elija tras los resultados electorales de junio.

En otro orden de cosas encontramos a DORA, la directiva que establece requisitos uniformes para la seguridad de las redes y sistemas de información de las empresas de todo el Viejo Continente, especialmente del sector bancario. Aprobada en noviembre de 2022, esta norma está ahora pendiente de su transposición a los distintos estados miembro, que debería culminar antes de que acabe el presente año. Un reto que requiere de una importante supervisión europea, con lo que Bruselas tendrá que ponerse al día de los avances y retrasos en este ámbito tras el parón obligado por los comicios.

La estrategia digital europea, a debate

Durante la pasada legislatura europea, tanto el Parlamento como la Comisión pusieron un especial énfasis en la digitalización de la economía del Viejo Continente. Una misión que se reforzó tras la pandemia de la covid-19 y la demostración práctica de la dependencia que tenemos de las grandes cadenas de suministro global. En ese contexto, Bruselas impulsó un plan político para la Década Digital Europea 2030 que comprometía milmillonarias inversiones en inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores y ciberseguridad, entre otras áreas. Todo ello con un fin último: conseguir la autonomía estratégica de Europa en la era digital, preservando los valores que han hecho grande a esta región.

Conforme se acerca la fecha límite de ese plan, y en tanto que cambie la composición de la Eurocámara y la Comisión Europea, podrían producirse revisiones, actualizaciones o cambios en las prioridades de esta agenda política. De hecho, voces en la industria critican el enfoque proteccionista y excesivamente preocupado por los riesgos de la tecnología y piden ya un mayor énfasis en la promoción de la innovación para evitar quedarnos descolgados ante la diferencia creciente con los grandes polos mundiales: Estados Unidos y China.

"Las elecciones europeas de 2024 son una oportunidad muy necesaria para reorientar las prioridades de política digital de la Unión Europea. No sólo deben abordar los riesgos de nuevas avances tecnológicos, sino también promover su potencial para la sociedad y economía. Europa no sólo debe defender sus valores en la economía digital, sino también fomentar las capacidades tecnológicas e innovadoras", explican desde BitKom, patronal que representa alrededor de 2.200 empresas digitales europeas.

Desde esta asociación defienden, por ejemplo, que "Europa debería centrarse en la implementación, el cumplimiento y la eficacia" de las normas ya existentes, en lugar de seguir creando más y más regulación. También piden "un cambio de política hacia la competitividad y la innovación", que favorezca la transferencia de conocimiento y la creación de startups, así como "un cambio de marcha para la transformación digital de Europa".

Sobre este último punto, la patronal critica que, a pesar de llevar la mitad del camino recorrido de esa década digital, "la UE todavía está lejos de alcanzar sus objetivos para 2030 y se está quedando atrás a nivel internacional". Entre las medidas más concretas que reclaman se encuentra la creación de un Comisario Europeo para las Startups, un cargo cuyo nacimiento dependerá en exclusiva de las negociaciones que se produzcan tras las elecciones europeas del 9 de junio.