Pero, por debajo de los diferentes anuncios que se hicieron aquel día, ha habido un proceso de elaboración que ahora ha sido atacado desde diversos frentes autonómicos hasta el punto de hacer flotar en el aire dos preguntas, dos dudas.

A pesar de que desde el Gobierno y desde este Ministerio en particular siempre se apela al diálogo constante con los territorios e incluso muchas medidas llevan asociadas compromisos regionales, diversos gobiernos autonómicos han criticado que no se haya contado con ellos para la elaboración de la citada estrategia.

¿Tenía que haber consultado el ministro a los líderes regionales para que aportaran su visión en esta estrategia? ¿Hay riesgo de que este tipo de debates socaven el tradicional consenso que existe a nivel político en torno a la apuesta por la transformación digital del país?

Con respecto a la primera, hay muchos matices. Entre los que defienden que sí, el argumento principal es la necesidad de coordinación de políticas de todo tipo, aunque estas afecten al conjunto del país.

Lo cierto es que en la España de las 17 autonomías siempre ha existido este debate a la hora de afrontar ciertas discusiones. ¿Unilateralidad o búsqueda de consensos? Los partidos políticos, tanto los estatales como los regionales, han sido los encargados de echar más o menos leña al fuego en función de sus intereses.

Entre los que defienden que no era necesario recabar esas opiniones territoriales, el argumento que se esgrime es que algunas de ellas decidieron en su día diseñar sus propias estrategias de inteligencia artificial para su comunidad autónoma y que ésta era una estrategia de país.

Lo que está claro es que nadie da su brazo a torcer, lo cual nos lleva a intentar contestar la siguiente pregunta, la de si hay riesgo en que algo que, de puertas para afuera, todos los políticos consideran apolítico, como es la transformación digital y la innovación, deje de ser un punto de encuentro y se convierta en otro flanco más de la batalla política diaria.

Es difícil responder a esa pregunta, pero situaciones como la que se ha producido a cuenta de la estrategia nacional de inteligencia artificial, desde luego, acercan la contestación a lo que habrían respondido los más pesimistas.

Los más optimistas, como el secretario de Estado de Innovación, Juan Cruz Cigudosa, no tienen dudas: "Es difícil encontrarse con oposición ideológica en estos temas".

Sea como sea, volviendo a la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, no se puede esconder lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que al menos dos comunidades autónomas, Castilla y León y Comunidad Valenciana, han puesto el grito en el cielo, en nombre -dicen- de otras muchas.

La Junta de Castilla y León, a través de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha reiterado al Gobierno la necesidad de que cuente con la participación de las comunidades autónomas.

La consejera ha lamentado que, "al igual que sucedió con los Fondos NEXT Generation para conectividad, el Estado no haya permitido que los ejecutivos autonómicos aportaran sus ideas o propuestas durante el proceso de redacción del documento, máxime si se tiene en cuenta la implicación que la Junta de Castilla y León tiene con la IA, especialmente a través del programa RETECH-IA".

Además de esta denunciada falta de participación, González Corral ha incidido en que "el documento presentado repite muchas de las medidas que venían reflejadas en la estrategia que el presidente Sánchez presentó en el año 2020, sobre la cual no se ha realizado el correspondiente análisis, y no recoge otros aspectos como puede ser la simplificación administrativa basada en la IA".

Por su parte, en la Comunidad Valenciana han mostrado también su descontento. La consellera de Hacienda y portavoz de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha criticado también que el Gobierno central no haya consultado "ni implicado" a las comunidades autónomas en el diseño de la nueva estrategia.

Cambio de postura

Ha exigido, de hecho, "un cambio de postura al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para garantizar la cogobernanza en este ámbito".

Merino ha advertido que "a pesar de que muchas comunidades ya contamos con nuestros propios planes y estrategia de IA, una vez más el Gobierno ni nos ha consultado ni nos ha permitido participar en la definición de la nueva estrategia nacional".

Se exige al Gobierno central "que presente un balance de la estrategia anterior para conocer los fallos, cambios y las evaluaciones realizadas por el Gobierno para no repetirlos".

Desde Valencia remarcan que esta "falta de coordinación ha sido compartida por las once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas en las que gobierna el Partido Popular (PP) en España".

Y es ahí precisamente, en el color político, donde quizá resida la cuestión clave (o no). DIRUPTORES ha tratado de contactar con los tres gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE, el de Castilla-La Mancha, el de Asturias y el de Navarra para conocer su opinión con respecto a esta necesidad de coordinación con las comunidades autónomas con el Gobierno central para elaborar estrategias como esta.

En Castilla-La Mancha, a preguntas de este periódico, prefieren no pronunciarse. El ejecutivo de Emiliano García Page ha mostrado en esta nueva legislatura una especial sensibilidad con la transformación digital, con una viceconsejería específica e incluso una dirección general específica para la inteligencia artificial.

Teniendo en cuenta el gusto de la clase política por fijar posicionamientos (habitualmente favorables cuando son sobre la gestión de un cargo público del mismo partido), el silencio de la Junta con respecto a la gestión de Escrivá en la elaboración de la estrategia nacional alimenta -que no confirma- las dudas sobre si está o no conforme.

Asturias, por su parte, deja pendiente su opinión para más adelante, aduciendo cuestiones de agenda del consejero responsable de las políticas disruptivas de la región. Navarra, por último, no ha respondido a esta petición de información.