Aragón sucumbe al auge del teletrabajo y crea un 'puesto de trabajo digital' que favorece la movilidad de funcionarios

El teletrabajo, como se ha dicho hasta la saciedad, ha venido para quedarse. Pero no es tan fácil aplicarlo. Y menos en entornos de trabajo como una administración pública.

Sin embargo, existe una región especialmente comprometida con la transformación digital de la administración, Aragón, que está siguiendo de cerca esta tendencia tomando como referencia el trabajo de sus funcionarios.

Hasta tal punto lo está que ha decidido duplicar la inversión tecnológica en este 2023 para asegurar cierta flexibilidad a la plantilla en este sentido.

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Tras dos años y medio desde su regulación, según ha relatado Díaz, el teletrabajo se está afianzando en la administración autonómica. Más de medio millar de empleados los han solicitado ya en una tendencia claramente alcista.

El gobierno de Aragón va a invertir 57,8 millones de euros en los próximos cuatro años, a través de un acuerdo marco impulsado por Aragonesa de Servicios Telemáticos, que han presentado la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y la directora gerente de AST, Mayte Ortín.

El contrato duplicará la dotación actual –que pasará de 7,1 millones anuales a 14,45- "para avanzar en la prestación de más y mejores servicios electrónicos a los aragoneses, en la línea de modernización, agilización y digitalización llevada a cabo en los últimos cuatro años".

El proyecto pasa por contar con que cada funcionario tenga un 'puesto de trabajo digital' que proporcione a los empleados públicos las herramientas necesarias para realizar su trabajo de una forma eficiente y adecuada a las características de sus funciones.

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Este nuevo contrato, explica la consejera, "responderá a las nuevas necesidades" que han surgido en los últimos tiempos por los cambios introducidos desde dentro para modernizar la administración, con una apuesta clara por la atención electrónica y la agilización de procedimientos, como por los impuestos desde fuera por la propia evolución de los acontecimientos y del sector TIC.

"La irrupción del teletrabajo, la necesidad de una mayor movilidad, la evolución del software y del entorno tecnológico, así como la mayor exposición a posibles incidentes de ciberseguridad han alterado notablemente las necesidades de la administración, tanto en las herramientas concretas que necesitan los empleados para su trabajo diario, como en las de gestión y gobierno que se requieren para administrar todo el ecosistema del puesto de trabajo de una forma adecuada", admite la consejera.

El nuevo modelo responderá a esas nuevas necesidades, potenciando la movilidad del puesto de trabajo y la productividad con nuevas herramientas para trabajar de forma colaborativa, y dotándose de una mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución constante del mercado de las TIC.

En lo que se refiere al creciente auge del teletrabajo, cabe destacar que se requiere de un equipamiento portátil que, conectado de forma remota a la red corporativa, sirva al empleado para acceder a toda la información y aplicaciones necesarias en su día a día.

Más de medio millar de funcionaros de la administración autonómica aragonesa han solicitado teletrabajo desde la aprobación de la Ley.

También es necesario contar con herramientas colaborativas que permitan mejorar la productividad, como almacenamientos compartidos y en la nube, edición online de documentos, salas de videoconferencias y espacios de reunión, compartición de ficheros, etc.

Para responder a todo ello, se va a iniciar un nuevo ciclo de renovación de equipos, que afectará a más de 19.000 ordenadores de un parque total de 27.000.

En concreto, se van a renovar hasta 19.799 equipos, todos aquellos que, en mayo de 2027, a la conclusión del contrato, vayan a tener una antigüedad mayor de ocho años. Y la mitad de ellos serán sustituidos por portátiles, que permiten la movilidad de los empleados.

Además, y ateniendo a la evolución de las soluciones tecnológicas existentes y a la rápida aparición de nuevos servicios, el acuerdo establece una mayor flexibilidad a la hora de contratar, dividiendo el servicio en cuatro lotes para trabajar con las empresas especialistas en cada línea y adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución y a la demanda variable de los distintos departamentos y organismos autónomos.

'Cloud' y otras aplicaciones

Solo en los últimos tiempos, reconocen desde el gobierno de Aragón, conceptos como el cloud, las aplicaciones o servicios en la nube permiten que los escritorios virtuales se estén afianzando.

De los cuatro lotes, el primero corresponde al servicio de atención al usuario, para atender a los usuarios del puesto de trabajo digital, tanto de forma telefónica como de manera presencial. Este lote tiene un valor estimado de 15,66 millones. 

El segundo lote tiene que ver con el suministro de equipamiento para dotar a todos los usuarios del puesto de trabajo digital de los equipos necesarios acordes a su perfil, que permita poder contar con varios distribuidores y varias marcas y modelos de equipamiento que garanticen el suministro en tiempo y forma de las necesidades que surjan a lo largo de la vigencia de todo el contrato. Este lote tiene un valor de 26 millones.

El suministro de licencias necesarias para dotar a todos los usuarios del puesto de trabajo digital de las herramientas necesarias acordes a su perfil -cuentas de correo, suite completa de colaboración, ofimática y almacenamiento en la nube, etc. corresponde al tercer lote, valorado en 14,23 millones.

Por último, el cuarto lote se encargará entre otras tareas, de la gestión y evolución de los servicios, de la administración y evolución de plataformas, realizará la coordinación de la actividad incluida en el alcance de todos los lotes, preparará informes, participará en los proyectos de transformación y dispondrá de recursos especialistas que puedan necesitarse en proyectos de la entidad. Su valoración es de 1,95 millones. 

La duración del nuevo acuerdo marco será de cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga. El valor estimado del nuevo contrato durante los cuatro años inicialmente previstos asciende a 57.850.588 € IVA incluido, lo que supone un incremento anual respecto al contrato anterior del 103%.