El gobierno de Asturias ha aprobado esta semana el proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo principal valor reside en los deberes que la administración se pone a sí misma, la mejor prueba de que el gobierno regional es consciente de que hay cosas que mejorar.

Una de ellas, las inversiones. En repetidas ocasiones, los agentes del ecosistema innovador asturiano han remarcado la necesidad de más implicación tanto por parte de lo público como de lo privado.

En el caso de la pública, esta nueva ley va a servir para suplir esta desventaja con otros territorios. Y es que el proyecto de ley establece que en los presupuestos autonómicos se incrementarán anualmente, de forma regular, los fondos destinados a la investigación, la tecnología y la innovación, con el propósito de converger con las estrategias nacionales y europeas.

Ese aumento responde a un porcentaje de inversión objetivo por años, que se concreta del siguiente modo: 2,4% para este año; 2,7% para 2025; 3,1% para 2026; 3,5% para 2027; 3,8% para 2028; 4,2% para 2029 y 4,6% para 2030.

El escenario final supone que la inversión en I+D+I llegue al 3% del PIB regional en 2030, lo que en cifras estimativas supone 1.075 millones en total, sumando tanto fondos públicos como privados.

De esta cuantía, algo más de 237 millones corresponderían a la administración regional, según la proyección anual que recoge la memoria económica del proyecto de ley.

No será la única autoimposición que se va a marcar el gobierno del Principado. Según explican fuentes del ejecutivo presidido por Adrián Barbón, se impulsará la participación activa del tejido empresarial en el desarrollo de la I+D+I, "clave para estimular la productividad y la competitividad de la economía".

Así, se estimulará la colaboración de las compañías con los organismos de investigación, se fomentará la creación de firmas de base tecnológica y se habilitarán espacios para que puedan desarrollar acciones de innovación.

Asimismo, la administración autonómica, así como los organismos y entidades del sector público, "promoverán la compra pública innovadora en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación".

La norma apuesta también, atendiendo a su formulación, por el fomento de las unidades de excelencia, una consideración que podrá ser acreditada en los términos fijados por la normativa estatal sobre ciencia, tecnología e innovación. Esta distinción supone el reconocimiento de los mejores equipos de investigación.

En cuanto al talento, es conveniente también resaltar todo el entramado que el gobierno de Asturias quiere diseñar en torno a la ciencia y a la investigación.

En este sentido, el Principado respaldará la protección y la transferencia de conocimiento, con el fin de que los resultados de la investigación científica e investigadora y de la innovación lleguen a la sociedad para que pueda beneficiarse de ellos.

Embrión del CSIC asturiano

Y, lo más importante a juicio del gobierno regional, la ley será clave para la creación de un cuerpo superior dedicado a la investigación, que será el embrión del CSIC asturiano. La norma persigue la ordenación, promoción y financiación del sistema de investigación e innovación en el Principado.

El Cuerpo Superior de Investigación previsto en la norma estará formado por tres escalas: docentes, investigadores y científicos titulares. Todas las personas integrantes de este grupo deberán tener título de doctorado y estarán encuadradas en el grupo A1 de la Administración pública.  

Volviendo a los deberes que se va a imponer Asturias a sí misma en relación con las actividades disruptivas, cabe mencionar el hecho de sumarse a la moda de los sandbox, es decir, los entornos de pruebas para testar nuevas tecnologías.

Estos bancos de pruebas deberán circunscribirse a espacios geográficos delimitados, vinculados a infraestructuras científico-técnicas de titularidad pública, explica la nueva ley.

El texto legislativo, en definitiva, tiene como fin primordial el fomento de las actividades de I+D+I y sus instrumentos de coordinación, así como la generación, difusión y transferencia de conocimiento para solucionar problemas de la sociedad asturiana.

"El primero de los objetivos consiste en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que haga un uso eficiente de los recursos y fomente la cohesión social y territorial", explican fuentes autonómicas.

Otro de los propósitos prioritarios es el incremento de la financiación autonómica destinada investigación. La norma persigue, además, fortalecer las relaciones en materia de I+D+I entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía.

También pretende consolidar y completar el ecosistema científico y tecnológico, potenciar la excelencia, favorecer la participación ciudadana y aplicar un enfoque de género como eje transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Observatorio de Innovación

La norma contempla, además, la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), un medio público que servirá como inventario y facilitará también la evaluación de todos los agentes. Por otro lado, esta base permitirá conocer la inversión real en I+D+I.

Y una de las novedades más destacadas será la creación del Observatorio Asturiano de la Innovación como una unidad adscrita a la Consejería de Ciencia y encargada de desarrollar un sistema para hacer accesible la información que manejan los agentes del SACI en formatos universales y reutilizables.

Esa documentación incluirá noticias científico-técnicas de actualidad, resúmenes de los proyectos de I+D+I financiados por el Principado, tendencias científico-tecnológicas, etcétera.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha indicado que el proyecto de ley, que ahora pasará al Parlamento para su tramitación, supone un "hito". "Persigue convertir la ciencia y la innovación en palancas de cambio hacia un sistema económico más diversificado, sostenible, digital e inclusivo, para que Asturias sea una región atractiva para invertir, investigar e innovar".

A su juicio, la nueva ley cubre una demanda histórica del ecosistema científico asturiano. "Marca un punto de inflexión definitivo, supone avanzar hacia el futuro, más allá de medidas cortoplacistas, con el fin de generar valor añadido y contribuir a una economía basada en el conocimiento, en la cooperación público-privada y en el emprendimiento", ha precisado.