Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad de Asturias, en su despacho.
El blindaje regional ante el 'boom' de la inteligencia artificial suma Asturias a la causa: también prepara una ley
- La región asturiana sigue a Galicia en el desarrollo de una normativa que pretende garantizar un uso ético y eficiente de esta tecnología. Incluirá un 'sandbox' para probar soluciones para la administración.
- Más información: Asturias y su "carta náutica" en innovación y tecnología: talento, transferencia de conocimiento y... ¿consenso?
Aunque muchas regiones lo han anunciado o, mejor dicho, han dejado caer por dónde pueden ir sus estrategias en el corto y medio plazo, sólo hay un territorio que lleva las de adjudicarse la etiqueta de 'pionero': Galicia.
Hablamos del sector de la inteligencia artificial y, más concretamente, del hecho de que las administraciones autonómicas están planteándose -o en el caso de Galicia a punto de aprobar- crear leyes regionales para regular el uso de esta tecnología.
El Parlamento de Galicia tiene previsto aprobar en este arranque de año la Ley de para el Desarrollo y Fomento de la Inteligencia Artificial, el último trámite para que esta normativa sea una realidad.
Por hacer un somero resumen de lo que supondrá esta legislación, desde la Xunta explican que va a ser una norma que protegerá tanto el impacto de la inteligencia artificial en la administración como en los sectores económicos.
La ley regula la creación de nuevos órganos, como la Oficina de Inteligencia Artificial de Galicia o el Consejo Gallego de Inteligencia Artificial.
Un espíritu similar se respira en otra de las regiones que tiene avanzado el proceso y que, por tanto, se suma a la causa: Asturias.
El gobierno asturiano ha sacado a información pública el decreto que regulará el uso de la inteligencia artificial en la gestión de los servicios públicos, una norma que, explican fuentes autonómicas, "consolida Asturias como una de las comunidades pioneras en España en establecer un marco normativo específico para esta tecnología disruptiva".
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En esencia, este decreto busca garantizar un uso seguro, ético y eficiente de la IA en la administración pública, alineándose con la normativa comunitaria.
La elaboración de la norma ha contado con las aportaciones de un grupo de trabajo multidisciplinar presidido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo. Este equipo incluye a representantes de la administración autonómica y estatal, expertos de la Universidad de Oviedo, sindicatos, el sector empresarial y especialistas en innovación y tecnología.
El decreto tiene como objetivos principales respetar la autonomía humana en el desarrollo de la actividad administrativa y asegurar que los desarrollos tecnológicos contribuyan a mejorar la calidad, personalización y proactividad de los servicios públicos, fomentando la innovación en sectores como el sanitario, el sociosanitario y otros ámbitos administrativos, informan desde el gobierno asturiano.
La norma establece un entorno de pruebas controlado (sandbox), donde se evaluará la idoneidad de los sistemas de IA antes de su despliegue. Este procedimiento garantiza la seguridad de los datos, la eficacia de las soluciones y su alineación con los principios éticos y legales.
"Un paso fundamental"
Se trata de un paso "fundamental" -explican las mismas fuentes- para identificar qué sistemas son útiles para la administración, asegurando que solo aquellos que mejoren la eficacia y eficiencia de los servicios públicos sean replicados.
El decreto también prevé la puesta en común de recursos del Principado con los concejos, promoviendo una gobernanza colaborativa en materia de IA. Además, responde a la creciente demanda del sector tecnológico y la necesidad de la administración de explorar nuevas soluciones para la prestación de servicios, abriendo un espacio de innovación compartido entre el sector público y privado.
Con este marco regulatorio, Asturias se sitúa "a la vanguardia en el uso responsable de la inteligencia artificial para asegurar que esta tecnología transforme los servicios públicos en beneficio de toda la ciudadanía".
La vicepresidenta Gimena Llamedo ha destacado que esta iniciativa es "un compromiso con la innovación, la ética y la excelencia en la gestión pública", reforzando el papel del Principado como referente nacional en la modernización administrativa.
El grupo de trabajo que ha asesorado en la redacción de la nueva norma ha estado integrado por todo tipo de perfiles. Por parte del Principado, han participado la vicepresidenta Gimena Llamedo; el director general de Estrategia Digital e IA, Javier Fernández; la secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, Cecilia Álvarez; el director general de Innovación, Investigación y Transformación, Iván Aitor Lucas del Amo; Carmen García Álvarez, jefa del Servicio de Estrategia en IA, Innovación Administrativa y Publicaciones Oficiales, y el jefe de servicio de Seguridad, Datos e Inteligencia Artificial, Gerardo Blanco.
En representación del Gobierno central, han participado el jefe de área de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Martínez Samalea, y el técnico de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ignacio de los Ríos.
En representación de la Universidad de Oviedo están incluidas la vicerrectora de Investigación, Susana Irene Díaz, y Eva María Menéndez, catedrática de Derecho Administrativo. El órgano se completa con el director de Transformación de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Jorge Enríquez; Lucía Montejo, en representación de CC.OO., y Javier Campa, por parte de UGT, Y el director general de I+D de la Fundación CTIC, Fidel Díez.
